Cómo Puerto Rico no logró influir sobre sus principales aliados en Washington

Las necesidades de Puerto Rico en la capital de Estados Unidos son urgentes.

Los fondos del Medicaid federal en la isla se acaban este mes. El Congreso no ha aprobado una ley de asistencia por desastre desde octubre. Y en momentos en que el huracán María pierde presencia en las noticias diarias, el cabildeo a los legisladores en Washington es algo con lo que el gobierno de Puerto Rico puede ejercer influencia.

Pero los cabilderos del gobierno puertorriqueño en Washington no consiguieron cambiar el estatus fiscal empresarial de la isla; el gobernador exhortó al Congreso en noviembre a que autorizara $94,300 millones en asistencia por desastre —una suma enorme que la Cámara y el Senado, controlados por los republicanos, probablemente no aprueben— y líderes puertorriqueños lanzaron recientemente en el Capitolio una ofensiva a favor de la estadidad que incluso partidarios de esa causa en Washington dicen que no tiene esperanza de éxito.

Los largos meses que duraron en el Congreso las negociaciones sobre la ley tributaria federal son una ventana a la incapacidad del gobierno puertorriqueño de usar las palancas de influencia en Washington, y el huracán María, junto con la falta de representación electoral de la isla en el Congreso, no son los únicos culpables.

Después de no conseguir ninguna victoria legislativa, el gobernador Ricardo Rosselló criticó duramente a los republicanos que concuerdan con él en el asunto de la estadidad de la isla, entre ellos el senador federal floridano Marco Rubio. Rosselló prometió usar la presencia de un número cada vez mayor de puertorriqueños en la estados como la Florida a manera de palanca política en las elecciones del 2018.

Pero aunque Rosselló ha comenzado a pasar tiempo en la Florida, su despacho en Washington no ha logrado influir sobre ninguna ley importante.

La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFFA), un grupo de funcionarios puertorriqueños en Washington encargados de representar los intereses de Roselló en el Congreso y la Casa Blanca, cambiaron constantemente sus prioridades legislativas durante las negociaciones de la nueva ley fiscal, lo que dificultó a los legisladores federales entender las necesidades de la isla, según varias oficinas congresuales.

Carlos Mercader, nombrado por Roselló director ejecutivo de la PRFFA, dijo que la postura del grupo sobre los impuestos “se presentó durante todo el proceso y nunca ha variado”.

“La PRFAA nunca cambió los objetivos”, dijo Mercader en un correo electrónico. “Por el contrario, abordó diferentes cláusulas a medida que eran presentadas en el Congreso”.

Varias semanas antes que se aprobara la ley tributaria, los cabilderos de Rosselló comenzaron a alegar que la iniciativa consideraba a las compañías en Puerto Rico como entidades extranjeras, lo que las colocaba en una desventaja competitiva en comparación con las del territorio continental. Pero ese esfuerzo ocurrió demasiado tarde y no era una solicitud factible, dijeron los despachos de legisladores tanto republicanos como demócratas que trabajaron mucho en los temas puertorriqueños.

Cuando el esfuerzo por influir sobre la ley tributaria fracasó, Rosselló lanzó una ofensiva en que criticó en público a republicanos como Rubio por darle la espalda a Puerto Rico en su momento de mayor necesidad, tres meses después que el huracán María destrozó la red eléctrica de la la isla.

Rubio dijo que el despacho de Rosselló objetó los impuestos empresariales en Puerto Rico menos de una semana antes que la iniciativa se aprobara en el Senado federal, y agregó que “la mayor parte del trabajo de los cabilderos puertorriqueños fue sobre la asistencia por desastre, que era lo correcto”.

Pero Rubio agregó que “queda por ver” si los cambios en la ley tributaria empresarial tendrán sobre Puerto Rico los efectos negativos que alega Rosselló.

Rosselló no está feliz de que la ley imponga un impuesto de 12.5 por ciento sobre los “activos intangibles” de compañías norteamericanas en el extranjero y un impuesto mínimo de 10 por ciento a las ganancias de esas empresas. Esta medida en la ley tributaria tiene por fin evitar que las empresas estadounidenses no paguen impuestos enviando sus ganancias a otros países. Pero también se aplica a Puerto Rico porque el código fiscal federal considera a Puerto Rico una entidad igualmente nacional y extranjera.

“Vamos a estudiar a los que dieron la espalda a Puerto Rico, los que aprobaron una iniciativa que va contra el espíritu de la ley”, dijo Rosselló en diciembre.

Una lista de recomendaciones tributarias acordadas a finales del 2016 por un grupo de legisladores, que incluía a Rubio y a figuras clave en el debate tributario, como el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, el senador Orrin Hatch, republicano por Utah, y la representante de origen puertorriqueño Nydia Velázquez, demócrata por Nueva York, fue engavetado cuando se redactaba la nueva ley.

La recomendaciones incluían una ampliación del crédito por hijos menores a todos los niños en Puerto Rico, que reduce parte de la carga fiscal de algunas familias por cada hijo menor de 17 años. En este momento, la ley de crédito por hijos menores no se aplica a las familias puertorriqueñas a menos que tengan un mínimo de tres hijos.

Juan Hernández Mayoral, quien dirigió la PRFAA durante el gobierno del ahora ex gobernador Alejandro García Padilla, dijo que el gobierno de Rosselló “engavetó” la propuesta cuando el gobernador asumió el cargo en enero del 2017 porque eliminar resquicios tributarios en el estatus político actual de Puerto Rico no va con la postura proestadidad de Rosselló.

El gobierno de Rosselló “engavetó la propuesta porque el nuevo gobierno no quiere hacer nada que ayude a Puerto Rico bajo el estatus de Estado Libre Asociado”, dijo Mayoral, y agregó que se reunió varias veces con el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto, Paul Ryan, a partir del 2014, sobre el estatus tributario de Puerto Rico en preparación para la ley nueva ley fiscal.

“Todo el que sepa lo básico de la política tenía que saber que sería el momento perfecto para que Paul Ryan lograra la aprobación de la reforma fiscal en la que ha trabajado 10 años, no es nada nuevo”, dijo Mayoral. “Es un ejemplo de que para los puertorriqueños la ideología va primero. Este gobierno no defendió eso después que llevaba dos años discutiéndose en el Congreso”.

Un asistente legislativo demócrata que trabajó mucho en temas puertorriqueños dijo que “se puede culpar a muchos” legisladores republicanos y al gobierno puertorriqueño por el hecho de que las recomendaciones no llegaron a la ley, pero el gobierno de Puerto Rico se concentró exclusivamente en los impuestos empresariales y no en los impuestos personales, como el de los hijos menores, a la hora de hablar con los legisladores.

“La presión política del gobierno de Puerto Rico se centró totalmente en la parte empresarial”, dijo el asistente legislativo.

Desde la aprobación de la ley tributaria se han presentado proyectos de ley para ampliar el crédito por hijos menores y otras cláusulas acordadas por el grupo de trabajo, pero la ley tributaria era un vehículo clave para conseguir algo, porque el estatus tributario de Puerto Rico no es una prioridad para los legisladores en este momento, en medio de un fuerte debate sobre la política de inmigración.

“El gobierno también trabaja de cerca y colabora con senadores de los dos partidos que apoyan que se apruebe el crédito por hijos menores y la financiación del Medicaid en Puerto Rico”, dijo Mercader. “Las razones que esas cláusulas no fueron incluidas en la ley que finalmente se aprobó es que el Congreso decidió no incluir ninguna cláusula relacionada con Puerto Rico en la ley final. La postura uniforme del gobierno ha sido, y sigue siendo, que el Congreso no debió haber dado la espalda a cláusulas tributarias tradicionales que han ayudado desde hace mucho tiempo a la economía puertorriqueña”.

Rubio dijo que su despacho está trabajando para incluir “reformas sistémicas más amplias que incluyan cláusulas tributarias” a la ley de gastos a largo plazo este año, pero el Congreso está tratando en este momento de mantener el gobierno en funciones con leyes de gastos a corto plazo.

“El asunto es qué vehículo se debe usar”, dijo Rubio. “Conseguir que la ley se estudie en la comisión y llegue al pleno va a ser difícil, dado todo lo que está sucediendo”.

Durante las negociaciones sobre la reforma tributaria, Rosselló ignoró a la comisionada residente, Jenniffer González —la delegada puertorriqueña ante el Congreso, quien no tiene derecho al voto— durante las deliberaciones sobre la ley tributaria porque los dos estaban en desacuerdo sobre el asunto. Rosselló, quien es demócrata, y González, quien es republicana, no se reunieron en persona para discutir la ley tributaria durante el 2017, según una fuente con conocimiento directo de la situación.

“Jenniffer González y el gobernador tenían posturas opuestas en lo de la reforma tributaria. Hicieron un buen esfuerzo para tratar de reconocer sus diferencias, pero resultaron ser enormes y significativas”, dijo Roberto Prats, ex senador puertorriqueño y presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, además de pertenecer al Partido Popular Democrático, que defiende el Estado Libre Asociado. “Si usted es un miembro del Congreso y escucha al gobernador decir una cosa y al comisionado residente otra, le da una buena excusa para no escuchar”.

El padre de Rosselló, el ex gobernador Pedro Rosselló, dijo en una entrevista que Ricardo Rosselló y González comenzaron a reunirse semanalmente en enero, después que se aprobó la ley tributaria.

“El gobernador y la comisionada residente se reunieron con mucha franqueza y uno de los resultados es que hablan todas las semanas”, dijo Pedro Rosselló. “Creo que eso hará mucho bien. No veo diferencias fundamentales, sólo que cada uno tiene una esfera donde trabaja en ciertas cosas y entonces el asunto es reconocer cuáles son esas esferas”.

La influencia de González dentro del Partido Republicano pudiera haber sido positiva en el debate sobre la ley tributaria. González tiene relaciones cercanas con legisladores como Rubio y el representante Carlos Curbelo, republicano por Miami, dos republicano partidarios de la estadidad para Puerto Rico, quienes podían comunicarse con los líderes de la Cámara y el Senado sobre las necesidades de Puerto Rico, y ella ha hecho campaña para políticos como el representante Ron DeSantis, republicano por Palm Coast, quien recientemente anunció su candidatura a la gobernación de la Florida.

La desconexión entre Rosselló y González el año pasado significó que los despachos de los legisladores no tenían claras las prioridades de Puerto Rico en la ley tributaria, y el equipo de cabildeo del gobernador no presentó detalles específicos sobre cómo los cambios en el código fiscal afectarían el complicado estatus tributario de la isla ni le hizo seguimiento al asunto después de las reuniones, según los despachos de varios legisladores republicanos.

La PRFAA gastó $560,000 en el 2017 en dos firmas de cabildeo con fuertes conexiones con el gobierno de Trump, según registros de cabildeo, pero sus esfuerzos se concentraron en la Casa Blanca y agencias federales, según varias fuentes. La mayor parte de las discusiones sobre la ley tributaria en el Congreso las realizó personal de la PRFAA, según despachos de legisladores, aunque Mercader dijo que se instruyó a cabilderos independientes a trabajar “con todos”, lo que incluía cabildeo en el Congreso.

“El gobierno de Puerto Rico continuará trabajando con el Congreso y la rama ejecutiva para encontrar soluciones a los retos de la isla”, dijo Mercader. “Seguiremos trabajando, junto con nuestros partidarios, para asegurar el trato igualitario a todos los ciudadanos estadounidenses que viven en la isla. Al evaluar a los legisladores, seguiremos trabajando con los que valoran las acciones por encima de las palabras”.

Aunque el tema de la estadidad une a demócratas como Rosselló y a republicanos como González en el Partido Nuevo Progresista, las oportunidades de que Puerto Rico se convierta en el estado 51 del país son casi nulas.

“Hemos abordado todos los asuntos políticos desde el tema de la estadidad. Durante 35 años hemos tenido plebiscitos, y el resultado es el colapso del gobierno en Puerto Rico”, dijo Prats. “Si queremos que las cosas mejoren en Puerto Rico, tenemos que hacer las cosas de otra forma”.

Esta historia fue publicada originalmente el 6 de febrero de 2018, 7:00 a. m. with the headline "Cómo Puerto Rico no logró influir sobre sus principales aliados en Washington."