Estados Unidos

Tribunales juzgarán a curas pederastas

El Tribunal de San Juan cuenta ya con material facilitado por la Diócesis de Arecibo, al norte de Puerto Rico, sobre las investigaciones internas que ésta llevó a raíz de acusaciones de pederastia contra sacerdotes de esa circunscripción, que derivaron en la expulsión de seis de ellos.

Así lo confirmó el propio obispo de Arecibo, Daniel Fernández, en un comunicado de prensa, en el que explicó que el juez se ha comprometido a analizar los expedientes en absoluta confidencialidad y mostró su satisfacción por la colaboración establecida entre la Iglesia y el Estado para manejar este asunto.

De esta forma, el juez Angel Pagán Ocasio dispone de los documentos completos sobre las investigaciones internas que se realizaron contra sacerdotes señalados por abuso sexual.

La idea es que el juez pueda estudiarlos de forma confidencial y corroborar que las víctimas eran mayores de 18 años al presentar las querellas contra los sacerdotes, por lo que la diócesis no estaba obligada a referir los casos a las autoridades policiales ni judiciales.

Si alguna de las supuestas víctimas era menor, el expediente se tendría que remitir a la Fiscalía, tal y como ya se hizo con el caso de un joven, que derivó en la apertura de una causa y la posterior detención de Edwin Mercado, cuya causa sigue abierta.

En mayo pasado, otro sacerdote de esa diócesis, Israel Berríos, fue también detenido, en ese caso por las autoridades federales.

La Diócesis de Arecibo insiste en reclamar la confidencialidad de las investigaciones eclesiásticas realizadas, alegando principalmente que es deseo de las supuestas víctimas, que no desean que la información se haga pública.

“Al poder compartir información en estricta confidencialidad con el juez, tal como lo habíamos solicitado, podemos garantizar y respetar la confidencialidad de las víctimas adultas y el derecho de los fieles a ejercer su fe católica con todo lo que ello implica, incluyendo el respeto al sacramento de la confesión y a las conversaciones entre los religiosos y los creyentes como parte de su dirección espiritual”, dijo el obispo.

El abogado de la Diócesis, Frank Torres Viada, explicó que el juez también deberá solicitar a la Diócesis de Arecibo que notifique a las víctimas adultas si hay interés del Estado en obtener su información, y las víctimas tendrán un tiempo razonable para decidir si acceden o no a la petición.

“Este caso siempre ha tratado de personas que llegan a la Iglesia siendo adultas, años después de que ocurrieron los hechos y bajo la expectativa de que la información brindada a la Iglesia no sería revelada a otras personas”, explicó el abogado.

Añadió que “hay incluso víctimas de más de 50 años con hijos y nietos que no desean que su vida íntima sea ventilada públicamente y eso merece respeto”.

La Diócesis insiste en que “la confidencialidad de los procesos de la Iglesia es vital para que otras víctimas presenten sus denuncias de actos impropios y poder conducir las investigaciones eclesiásticas de manera efectiva”.

“Sin esta garantía, ni la Iglesia, ni el Estado, ni los medios de comunicación se hubiesen enterado de estas situaciones y los seis sacerdotes expulsados estarían ejerciendo su ministerio y posiblemente amenazando a otras víctimas”, agregó el abogado.

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