Washington D.C. intensifica en año de elecciones legislativas su lucha histórica por convertirse en el estado 51 de la Unión y acabar con la anomalía de que sus 645,000 residentes no tengan representación en el Congreso.
El debate sobre el “statehood”del Distrito de Columbia obtuvo esta semana por primera vez en dos décadas una audiencia en el Senado, después de que la Cámara de Representantes rechazara la idea en 1993 con una votación de 277 en contra frente a 153 a favor.
El Distrito de Columbia, asentado en territorio cedido por Maryland y Virginia, nació el 16 de julio de 1790 como distrito federal de la nueva nación para diferenciar la capital del resto de estados y en virtud del deseo de los Padres Fundadores (especialmente James Madison) de que ningún estado individual tuviera una influencia excesiva sobre el Congreso.
Sus 645,000 residentes, una de las poblaciones con el crecimiento más rápido de la nación y superior a la de Wyoming o Vermont, pagan al año más de 20,000 millones de dólares en impuestos federales a pesar de no tener voz sobre el presupuesto nacional: es el único territorio de EEUU que contribuye a las arcas públicas sin tener representantes en el Congreso (los puertorriqueños no pagan impuestos federales).
La perpetuación de esta anomalía en D.C., que las Naciones Unidas consideran una violación de los derechos humanos, se explica en buena medida por una cuestión partidista: el 76 por ciento de los votantes de la capital son demócratas.
Por tanto, la históricamente “azul” (color demócrata) Washington daría holgadamente dos representantes seguros en el Senado y uno en la Cámara de Representantes al Partido Demócrata, de ahí la crónica oposición republicana a que la capital obtenga el estatus de estado.
Hasta 1961, los washingtonianos tampoco tenían derecho a participar en los comicios presidenciales. Entonces se aprobó la enmienda número 23 de la Constitución, que concede a D.C. tres votos electorales y en virtud de la cual sus residentes acuden a las urnas desde 1964.
Los residentes de la capital, liderados por el gobierno municipal (demócrata), mantienen una campaña constante para denunciar que décadas después siguen sin tener voto en el Congreso, lo que consideran una gran injusticia.
En las matrículas de los vehículos de la ciudad puede leerse uno de los lemas de la revolución estadounidense: “No hay tributación sin representación”. La falta de representación en el Parlamento británico fue una de las principales razones que llevaron a las Trece Colonias a la independencia del Reino Unido.
El senador demócrata por Delaware Thomas Carper quiere concienciar ahora a toda la nación de que la privación del derecho al voto de los residentes de la capital en el Congreso es inaceptable y va contra los valores de la democracia estadounidense.
Por eso, el lunes llevó por primera vez en dos décadas el debate de la condición de estado de Washington DC al Senado con una audiencia en la comisión que preside, la de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, sobre una ley que introdujo en 2013, cuando asumió el cargo.
Esta norma, que con toda seguridad no se someterá a voto cuando queda poco más de un mes para las legislativas del 8 de noviembre, establece que el distrito federal se reduzca a la porción de terreno que ocupan la Casa Blanca, el Capitolio y el National Mall y el resto de lo que hoy es Washington DC se convierta en el estado 51 de la Unión bajo el nombre de Nueva Columbia.
La condición de estado de la capital no sólo le daría representación en el Congreso, donde ahora sólo tiene un delegado sin voto en la Cámara de Representantes, sino que también le otorgaría pleno control sobre los asuntos municipales, ahora sujetos a la supervisión y burocracia del Capitolio.
En julio, Barack Obama se convirtió en el primer presidente en el cargo en respaldar la condición de estado del Distrito de Columbia. “Yo vivo en D.C., así que estoy a favor”, dijo en un acto municipal.
“Los residentes de D.C. pagan impuestos como todos los demás, contribuyen al bienestar del país como todos los demás, por lo que deben ser tratados como todos los demás”, defendió.
Sin embargo, Obama no se pronunció el lunes en apoyo de la norma debatida en el Senado. Carper es realista: “Mi objetivo con esta audiencia es educar a una nueva generación sobre esta injusticia y reiniciar el debate para encontrar una solución”.
“Hasta que los residentes de D.C. no tengan voto en el Congreso, no estarán mucho mejor de lo que lo estaban los afroamericanos en el sur antes de que el presidente (Lyndon B.) Johnson aprobara la Ley del voto de 1965 (que prohibía la discriminación racial en el ejercicio del derecho al voto)”, señaló en la audiencia del Senado el presidente de la Conferencia de Líderes en Derechos Humanos y Civiles, Wade Henderson.
“Hasta entonces, los esfuerzos del movimiento de los derechos civiles permanecerán incompletos”, concluyó.
Sin visos de prosperar como ley ni a corto ni a medio plazo, el debate aspira a concienciar a toda la nación de la necesidad de poner fin “a una farsa que no puede ser consentida”, en palabras de un rotundo editorial publicado esta semana por el Washington Post.
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