Estados Unidos

Control de precios de alquileres reduciría personas sin hogar en Los Ángeles, indica reporte

Un desamparado duerme el 6 de junio del 2019 en Hollywood Boulevard, en Los Ángeles. El censo de personas sin hogar en el condado de Los Ángeles del 2019 reveló que casi 59,000 personas viven actualmente en la calle.
Un desamparado duerme el 6 de junio del 2019 en Hollywood Boulevard, en Los Ángeles. El censo de personas sin hogar en el condado de Los Ángeles del 2019 reveló que casi 59,000 personas viven actualmente en la calle. Getty Images

El control del precio de los alquileres y leyes que protejan a los inquilinos reducirían el creciente número de personas sin hogar en el condado californiano de Los Ángeles, según un estudio dado a conocer el lunes.

El informe “Price Out, Pushed Out, Locked Out”, de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la organización legal sin ánimo de lucro Public Counsel, asegura que la implementación de una ordenanza para controlar los alquileres en el condado protegería a más de 403,000 personas.

El informe se conoce en un momento en el que las autoridades angelinas buscan medidas para frenar el aumento de personas que viven a la intemperie.

El censo de personas sin hogar en el condado de Los Ángeles del 2019 reveló que casi 59,000 personas viven actualmente en la calle, un aumento del 12 % con respecto al año pasado, cuando fueron 52,765.

El informe resalta que solo entre 2010 y 2018, los propietarios de viviendas en alquiler presentaron 505,924 procesos de desalojo ante los tribunales del condado, un número que no incluye las expulsiones que no son reportadas.


Public Councel y la Facultad de Derecho de UCLA definen la cifra como “impactante” y “asombrosa”.

El informe alerta que los desalojos pueden causar pérdidas de trabajo y de otros bienes de los inquilinos, además de consecuencias para la salud física y mental, incluyendo ansiedad, depresión, abuso de sustancias e incluso el suicidio.

También recalca que el 53 % de las personas que se vieron obligadas a vivir en la calle por primera vez dijeron que las “dificultades económicas” les empujaron a esas condiciones.

La principal conclusión de los autores del informe es que la protección legal de los inquilinos prevendría que más personas pierdan la vivienda en la que habitan.

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