Estados Unidos

Nuevas reglas complican la residencia permanente a los inmigrantes que reciben asistencia pública

Ken Cuccinelli, director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de Estados Unidos, habla durante una sesión de información en la Casa Blanca, el lunes 12 de agosto de 2019.
Ken Cuccinelli, director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de Estados Unidos, habla durante una sesión de información en la Casa Blanca, el lunes 12 de agosto de 2019. AP

El gobierno del presidente Donald Trump anunció el lunes que seguirá adelante con una de sus medidas más agresivas para restringir la inmigración legal al negar la residencia permanente a muchos inmigrantes que usan Medicaid, cupones de alimentos, asistencia de vivienda y otras formas de asistencia pública.

Las leyes federales en vigor exigen que los que soliciten la residencia permanente o un estatus legal prueben que no son una carga para el gobierno federal —“carga pública”—pero las nuevas reglas detallan un abanico más amplio de beneficios que los puede descalificar para recibir la residencia permanente.

Buena parte del esfuerzo del presidente Trump por controlar la inmigración ilegal es lo que ha estado en el candelero, pero este cambio afecta a personas que han entrado al país legalmente y solicitan un estatus permanente. Es parte de un esfuerzo por establecer un sistema de inmigración centrado en las habilidades de los inmigrantes, en vez de enfatizar la reunificación familiar.

Ahora las autoridades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) podrán sopesar la asistencia pública junto con otros factores, como nivel escolar, ingresos, estado de salud para determinar si otorga un estatus legal.

Las normas deben entrar en vigor a mediados de octubre y no se aplican a los ciudadanos estadounidenses, incluso si un ciudadano en cuestión es familiar de un inmigrante sujeto a las nuevas normas.

Ken Cuccinelli, director interino del USCIS, dijo que el cambio encaja con el mensaje del presidente Trump.

“Queremos que las personas que vengan a vivir a este país puedan mantenerse a sí mismas. Ese es un principio fundamental del sueño americano, qué profundamente enraizado en nuestra historia, particularmente nuestra historia de inmigrantes legales”.

Los inmigrantes son un pequeño porcentaje de las personas que reciben prestaciones públicas. De hecho, muchos no pueden recibir asistencia debido a su estatus inmigratorio.

Pero a los defensores de los inmigrantes les preocupa que las nuevas reglas hagan que los inmigrantes no soliciten asistencia, sobre todo reglas que dan una autoridad amplia para decidir si alguien pudiera necesitar asistencia pública en algún momento, lo que da a los funcionarios de inmigración la capacidad de negar estatus legal a más personas.

Un promedio de 544,000 solicitan la residencia permanente todos los años, de las cuales unas 382,000 caen en categorías que quedarían sujetas a esta revisión, según el gobierno.

Las guías que se usan en este momento, en vigor desde 1999, consideran carga pública a una persona que dependa en lo fundamental de la asistencia en efectivo, mantenimiento de ingresos o apoyo del gobierno para el ingreso de esta persona a que reciba atención médica a largo plazo.

Según las nuevas reglas, el Departamento de Seguridad Nacional define carga pública como una persona que tenga “más probabilidades” de recibir beneficios públicos durante más de 12 meses dentro de un período de 36 meses. Si alguien recibe dos tipos de asistencia, eso cuenta como dos meses. Y la definición se ha ampliado para incluir el Medicaid, asistencia para vivienda y alimentos bajo el Programa de Nutrición Suplementaria (SNAP).

Después de la publicación de las normas propuestas el otoño pasado, Seguridad Nacional recibió 266,000 comentarios públicos, más de tres veces la cantidad promedio de cualquier cambio de normas en la agencia, lo que llevó a que la entidad hiciera varias enmiendas a las propuestas.

Por ejemplo, las mujeres embarazadas que tienen Medicaid o que necesitan asistencia pública no estarán sujetas a las nuevas reglas durante el embarazo y durante 60 días después de dar a luz.

El subsidio por bajos ingresos de la Parte D del Medicare no se tomará en cuenta como beneficio público. Y los beneficios públicos que reciban los menores hasta 21 tampoco se tendrán en cuenta. Lo mismo sucederá con la asistencia por emergencias médicas, programas de almuerzo escolar, hogares de acogida o adopción, préstamos estudiantiles e hipotecas, albergues para desamparados o asistencia por desastres.

Cuccinelli dijo que los comentarios resultaron en cambios que “pensamos que dan fortaleza y mejoran las nuevas reglas”.

Los que soliciten la residencia permanente tendrán que presentar las declaraciones de impuesto federales de los últimos tres años, además de su historial de empleo. Y si los inmigrantes tienen seguro de salud privado, esto pesará positivamente en su favor.

Los miembros activos de las fuerzas armadas de Estados Unidos están exentos de las nuevas reglas, al igual que los refugiados y los solicitantes de asilo, y las reglas no se aplicarán retroactivamente, dijeron funcionarios. Pero el gobierno de Trump también planea reducir drásticamente el asilo en Estados Unidos.

La administración trató recientemente de eliminar las protecciones en la frontera con México, pero el esfuerzo fue bloqueado por un juez. Ese esfuerzo ha devuelto a México a más de 30,000 solicitantes de asilo, en su mayoría centroamericanos, a esperar una decisión sobre sus casos.

Según un análisis de The Associated Press de información del Censo, los inmigrantes de bajo ingresos que todavía no son ciudadanos usan servicios del Medicaid, asistencia para alimentos, asistencia en efectivo e Ingreso Suplementario (SSI) a un nivel menor que adultos nacidos en Estados Unidos de un nivel de ingresos bajo similar.

En general, los inmigrantes son una parte menor del total de personas que reciben beneficios públicos. Por ejemplo, los inmigrantes que todavía no son ciudadanos constituyen solamente 6.5% de todos los beneficiarios del Medicaid. Más de 87% de todos los beneficiarios del Medicaid nacieron en Estados Unidos. Lo mismo sucede con la asistencia alimentaria: los inmigrantes constituyen solamente 8.8% de los beneficiarios, y más de 85% de los que reciben ayuda alimentaria nacieron en Estados Unidos.

El nuevo umbral de asistencia pública, junto con exigencias más elevadas en materia de escolaridad, destrezas laborales y estado de salud, dificultarán a los inmigrantes cumplir los requisitos de la residencia permanente, dicen defensores de los inmigrantes.

“Sin un solo cambio en la ley por parte del Congreso, las nuevas reglas sobre carga pública de Trump significan que a muchos ciudadanos estadounidenses se les negará la oportunidad de vivir en Estados Unidos junto con sus cónyuges, hijos y padres”, dijo Ur Jaddou, ex asesor jurídico de la USCIS que ahora es director de DHS Watch, dirigido por un grupo de defensa de los inmigrantes. “Estos no son cambios pequeños y van a tener consecuencias muy serias para ciudadanos estadounidenses”.

Las nuevas reglas llegan en momentos de mayor crítica a las políticas y retórica de línea dura de Trump.

El 3 de agosto, 22 personas perdieron la vida y decenas quedaron heridas en un tiroteo en El Paso, Texas, una ciudad fronteriza que se ha convertido en el rostro de la crisis inmigratoria. El sospechoso dijo a las autoridades que planeó matar mexicanos en el ataque.

Los críticos argumentan que las palabras de Trump han contribuido a crear un ambiente volátil que ha generado violencia y hasta muertes, pero Trump y su equipo de asesores niegan estas aseveraciones.

Aquí tiene un resumen de las leyes de inmigración aprobadas por el gobierno de Estados Unidos que afectarán a inmigrantes legales en 2019.

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