Estados Unidos

Casas sin techo, escombros por doquier. ¿Por qué la recuperación en Puerto Rico ha sido tan lenta?

Cuando el huracán María devastó la pequeña localidad de Cuba Libre en la región central de Puerto Rico, se llevó el techo de la vivienda de Iris Ortiz. Dos años después, de pie en el portal de un vecino, se asomó a la pequeña casa de mampostería donde creció, ahora abandonada. Los platos todavía estaban organizados en la cocina y en la sala había una imagen descolorida de la virgen María.

“Voy a arreglar la casa y entonces me vuelvo a mudar”, dijo sin mucho entusiasmo. “Algún día”.

Una buena parte de este territorio estadounidense se ha recuperado de la devastación desde que el huracán de categoría 4 pasó por la isla el 20 de septiembre de 2017, con un saldo de más de 3,000 muertos y más de $102,000 millones en daños.

Mientras los turistas se divierten en las calles del Viejo San Juan y las áreas populares de Condado, es fácil olvidarse de lo que la isla sufrió hace 24 meses.

Pero si se mira más allá de las playas y los atardeceres perfectos de Puerto Rico, la recuperación sigue trastabillando. El gobierno estima que entre 25,000 y 30,000 personas todavía viven en viviendas que tienen una lona azul por techo, como Ortiz, y otros sencillamente no tienen techo. Todavía hay puentes y carreteras dañados. Y casi 10,000 personas están esperando que el seguro les pague.

“La recuperación ha sido dolorosamente lenta”, dijo Deepak Lamba-Nieves, director de Investigaciones del Center for a New Economy, un grupo de estudios de Puerto Rico.

Una recesión que ya dura decenios, años de programas de austeridad, programas federales que no están preparados para funcionar en la idiosincrasia de la isla, temores a la corrupción y un exceso de supervisión están creando obstáculos, dijo Lamba-Nieves.

“Si se suma todo eso, tenemos una receta para la lentitud que termina afectando especialmente a los que no tienen ahorros para arreglar sus viviendas”, dijo

Después que los huracanes Irma y María afectaron Puerto Rico, el gobierno federal asignó más de $43,000 millones a la recuperación. De esa cifra, solamente $21,000 millones se ha asignado a tareas específicas y solo $14,000 millones se han desembolsados, menos de 33%.

En comparación, de los $10,800 millones asignados a la Florida después de Irma y María, $8,500 millones se han asignado a planes específicos y $5,600 millones se han desembolsado, más de la mitad.

Líderes locales dicen que la lentitud en la llegada de los fondos está limitando su capacidad para remediar los estragos de tormentas en el futuro.

El Departamento de Transporte y Obras Públicas de Puerto Rico dice que no ha podido hacer una sola reparación permanente desde María porque la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA) no ha aprobado los fondos. Como resultado, la entidad no ha podido reemplazar 18,000 señales viales, reparar puentes dañados o 747 áreas afectadas por deslaves.

“No hemos podido tocar esas áreas, más allá de cercarlas para fines de seguridad”, indicó el director de la agencia, Emilio Garay, al diario El Nuevo Día, “porque la FEMA no ha aprobado los proyectos”.

¿Corrupción?

Hay múltiples razones por las que el gobierno federal se demora tanto en actuar en Puerto Rico, pero la fundamental es el temor a la corrupción.

No pasa una semana en la isla sin un reporte de despilfarro del gobierno o de acuerdos dudosos. El ex gobernador Ricardo Rosselló fue sacado del cargo en agosto de este año después que sus secretarios de Salud y Educación fueron arrestados bajo cargos de fraude en medio de la filtración de un chat de contenido profano en el que el mandatario participaba.

El presidente Donald Trump ha dicho repetidamente que la isla es una cueva de ladrones.

“Puerto Rico es uno de los lugares más corruptos del mundo”, escribió en Twitter el 28 de agosto, cuando el huracán Dorian se dirigía a la isla, que a final de cuentas no afectó. “Su sistema político es un desastre y sus políticos son incompetentes o corruptos. El Congreso aprobó miles de millones de dólares [para la recuperación por el huracán María], más que para cualquier otro lugar, y lo envió a los políticos corruptos”.

Pero resulta que Trump tiene parte de razón. Entre 2008 y 2017 la fiscalía federal en Puerto Rico registró 375 casos condenados por corrupción federal, más que cualquier otra oficina, con la excepción de Maryland. Pero la mayoría de los estados tienen varios distritos, y según esa medida Puerto Rico está mucho más atrás que lugares como Florida, California, Nueva York, Georgia y Virginia en materia de condenas por corrupción.

Incluso así, el gobierno federal ha impuesto fuertes restricciones a la asistencia a Puerto Rico. Tanto la FEMA como el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) —dos de las mayores fuentes de fondos para la reconstrucción— han implementado niveles de supervisión en la isla que no se aplican a otros estados. Además, la Junta de Supervisión y Administración Financiera de la isla, un grupo de funcionarios nombrados por el gobierno federal, debe revisar todos los contratos de más de $10 millones.

A pesar de esas salvaguardas, los mayores casos de corrupción relacionados con el huracán María hasta no momento no tienen nada que ver con las autoridades locales, sino con el propio Washington.

Anteriormente este mes, el Departamento de Justicia arrestó y encausó a Ahsha Nateef Tribble, subadministradora regional de la FEMA, su ex jefa de personal, Jovanda Patterson, y al ex presidente de Cobra Acquisitions, Donald Keith Ellison, bajo cargos de confabulación para sobornar a funcionarios públicos.

Según el gobierno, Ellison entregó a la administradora de la FEMA numerosos regalos a cambio de preferencias en los contratos. Al final, Cobra ganó dos contratos por valor de $1,800 millones para ayudar a la agencia de generación eléctrica de Puerto Rico (PREPA), a reconstruir la red eléctrica. Esos contratos se pagaron a través de la PREPA con fondos de la FEMA.

“Lo que me sorprende es que todo el ángulo de la corrupción se ha exagerado en Washington”, dijo Lamba-Nieves. “Es injusto que el gobierno federal nos señale y diga que no puede confiar en nosotros, cuando sus propios investigadores e inspector general han identificado hechos indebidos vinculados con funcionarios federales y empresas estadounidenses”.

Las lonas azules

Muchos de los problemas que han afectado los esfuerzos de recuperación en Puerto Rico no tienen una explicación general.

La localidad de Cuba Libre está unas 22 millas al suroeste de San Juan, en la municipalidad de Corozal. Y es una de las numerosas áreas donde los recuerdos de María todavía están frescos.

Aproximadamente la mitad de la docena de viviendas del lugar siguen cubiertas con lonas azules, que debían ser una solución temporal inmediatamente después del paso de la tormenta. Y los escombros que dejó María todavía cubren las calles, un testamento a un gobierno municipal que dice que ni siquiera le alcanza el dinero para recoger todos los desechos.

Pero las razones por las que siguen viviendo debajo de las lonas son complicadas. A Matilde Jiménez, de 55 años, le reemplazaron el techo dañado de su vivienda a través de un programa local llamado Tu Hogar Renace. Pero el techo de zinc fue instalado indebidamente y se le inundó su habitación la próxima vez que llovió. Así que hace unas semanas sus vecinos la ayudaron a volver a poner la lona azul.

En la casa de al lado, Aida Rosado, de 74 años, tenía otra lona azul protegiendo su humilde vivienda. Rosado no tenía derecho a recibir fondos adicionales para reparar el techo porque —como muchos puertorriqueños— no tiene el título del terreno ni la casa, a pesar de que ha vivido en el lugar casi toda su vida.

Otros vecinos pusieron las lonas, pero entonces se marcharon, uniéndose a unos 129,000 puertorriqueños que se han ido de la isla desde la tormenta.

Ortiz quedó contenta inicialmente cuando recibió unos $5,000 de la FEMA para un techo nuevo. Pero entonces se dio cuenta que el dinero no sería suficiente para comenzar a cubrir el costo de nuevas columnas y una viga central necesarias para colocar el nuevo techo. E incluso así, necesita dinero para reemplazar toda la instalación eléctrica de la vivienda.

“No sé por dónde empezar”, dijo Ortiz, de 71 años, que desde el paso de María ha tenido que enfrentar varias emergencias médicas. Ni siquiera está segura de cuánto dinero le queda para las reparaciones.

Maritza Rodríguez, otra vecina de Cuba Libre, vivía en una de las pocas casas que la tormenta no dañó, pero no ha podido escapar a otros efectos del huracán.

La vivienda de María está rodeada por lo que queda de otras casas abandonadas o destruidas, y una gran cantidad de escombros. El gobierno local ha dicho repetidas veces que va a demoler las viviendas y a llevarse los escombros, pero no lo hace. Y como Cuba Libre está tan lejos de San Juan —incluso del downtown de Corozal— al gobierno le es fácil hacerse de la vista gorda, dijo la mujer.

“Esto es un pedacito del pueblo olvidado”, dijo.

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