Puerto Rico enfrenta el fin de una tradición arraigada y sangrienta: las peleas de gallos

En medio del ruido de las aves, las plumas ensangrentadas y el rugido de la multitud, Laura Green aprovechaba para vender con descuento en medio de la pelea de gallos.

Green ha dedicado los últimos 12 años a hacer cosas que solo un gallero necesita: vendajes para las patas de los gallos, kits médicos especiales y señuelos de práctica. Green vende sus cosas en la gallera de la capital boricua y depende de ese dinero para suplementar lo que recibe del Seguro Social, que necesita para cuidar a su madre enferma en San Juan.

Excepto una decisión de última hora, a partir del 20 de diciembre de 2019 las peleas de gallos serán ilegales en la isla, lo que pone fin a una tradición de 400 años. Y aunque los activistas de los derechos de los animales celebran la medida, la decisión pone en peligro el sustento de miles de personas en momentos que Puerto Rico necesita más empleos desesperadamente. El asunto también plantea interrogantes sobre la autodeterminación y la democracia en este territorio estadounidense, gobernado en muchos aspectos fundamentales por Washington y que tiene poca influencia sobre los que deciden su destino.

“Nadie quiere comprar ahora estas cosas porque a lo mejor en un par de semanas no sirven para nada”, dijo Green, haciendo un gesto hacia una mesa plegable con numerosos artículos vinculados con las peleas de gallos. “Para mí va a ser terrible, probablemente tenga que vender mi casa”.

Las peleas de gallos son ilegales en los 50 estados del territorio continental estadounidense desde 2007, cuando Louisiana finalmente las prohibió. Pero todavía se permiten en varios territorios: Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Pero eso va a desaparecer también, dado que el presidente Donald Trump firmó en 2018 una ley que da al sector un año para cesar sus operaciones.

Las granjas de cría y 71 galleras establecidas en Puerto Rico generan unos $65 millones al año y representan más de 7,200 empleos directos e indirectos, según un informe ordenado por la mayor organización de galleros de la isla y adoptado por el gobierno local.

Algo clave es que el sector es uno de los cimientos de la economía rural, que ha sido duramente golpeada por una recesión que comenzó hace un decenio y los desastres dejados por el huracán María en 2017. El índice de desempleo en Puerto Rico es 7.7% —aproximadamente el doble del del territorio continental— pero es mucho más elevado en algunas zonas rurales pobres. Y todavía se mantiene un éxodo de la isla, que ha perdido miles de habitantes.

Adrián Guevares, de 41 años, tiene una granja de gallos en Morovis y una gallera en Ciales, los dos lugares en la zona central de la isla. La operación emplea a más de 20 personas y es muy posible que tenga que despedir a muchos el próximo año.

“Esto va a acabar con nosotros”, dijo, junto a varios gallos enjaulados. “Este es mi negocio, es mi forma de vida, yo dependo de esto para mantener a mis hijos, pagar mi seguro médico, pagar mi auto. No estoy preparado para que se acabe”.

¿Una pelea legal?

La Legislatura de Puerto Rico está haciendo lo posible por salvar el sector y recientemente aprobó un proyecto de ley que en esencia exige que los galleros se conviertan en una industria hiperlocal que infrinja las leyes federales de comercio interestatal. Entre sus cláusulas, los criadores de gallos no pueden exportar o promocionar las peleas en las redes sociales (que puedan verse fuera de la isla); además, no podrían aceptar tarjetas de crédito ni transferencias bancarias. De manera paralela al esfuerzo legislativo, abogados del sector han solicitado en un tribunal de Boston que la ley firmada por Trump para eliminar la práctica no entre en vigor.

Pero incluso si la gobernadora Wanda Vázquez firma la ley antes de la fecha tope, no hay garantía que eso haga desistir a las autoridades federales, dijo Orlando Vargas, presidente del Club Gallístico de Puerto Rico, la mayor organización del sector en la isla.

En el mejor de los casos, la iniciativa de ley local pudiera provocar un enfrentamiento jurídico que pudiera darle un poco más de tiempo de vida a la industria, dijo Vargas.

“Sabemos que es una batalla cuesta arriba”, dijo. “Pero es una tradición que es parte del folclor de Puerto Rico. Llevamos 400 años con peleas de gallos, desde la colonia española, y perder esto es perder parte de nuestra historia”.

El caso contra los galleros es sencillo y directo: los críticos dicen que la sociedad moderna no hay espacio para un “deporte” cruel que anima las aves a destrozarse con espuela afiladas, mientras los asistentes apuestan.

“Aunque es cierto que las peleas de gallos existen desde vario siglos, incluso en Estados Unidos, que sea una práctica ‘antigua’ no significa que sea algo correcto o incluso aceptable”, expresa la Humane Society de Estados Unidos. “En un tiempo en Estados Unidos se permitía la esclavitud, no había leyes contra el abuso infantil y se negaba el voto a las mujeres”.

También hay preocupaciones por el juego ilegal que rodea las peleas de gallos. En cualquier pelea de gallos en Puerto Rico hay apuestas en efectivo.

Pero si Washington desea enfrentar la crueldad contra los animales, debe empezar por casa, dice Gerardo Mora Pagán, director de la Comisión de Asuntos Gallísticos que pertenece al Departamento de Recreación y Deportes.

Las peleas de gallos en Puerto Rico están reguladas estrictamente, generan ingresos muy necesarios para el gobierno y no son más reprensibles que otras actividades en Estados Unidos, como las carreras de caballos, los rodeos e incluso el boxeo y el football, afirmó.

“¿Usted quiere hablar de crueldad? Hay millones de cazadores en Estados Unidos que matan venados, los decapitan y cuelgan la cabeza como un trofeo, y nadie dice nada de eso”, dijo. “Pero tenemos personas en el Congreso [de Estados Unidos] que ni siquiera saben dónde está Puerto Rico y quieren eliminar nuestra industria gallística”.

Jorge Pedroza es un puertorriqueño veterano de la Guerra de Vietnam que lleva una copia de la Constitución de Estados Unidos en el bolsillo. La semana pasada visitó Washington para hablar con legisladores sobre cómo la cría y las peleas de gallos lo han ayudado a él y a muchos de los más de 300,000 veteranos de guerra de la isla a sobreponerse al estrés postraumático. Pedroza cría más de 100 gallos en su finca y dice que no está dispuesto a deshacerse de ellos.

“No los voy a entregar. La Constitución me respalda. Son mi propiedad. No me pueden quitar mi propiedad”, dijo una noche reciente, mientras se reunía con otros galleros en un mitin frente a la mansión del gobernador. “Esto no es negociable. No voy a negociar algo impuesto a Puerto Rico que va contra la Constitución”.

La fecha tope, que se acerca rápidamente, ya ha tenido un impacto. Algunos galleros están mudando sus operaciones a República Dominicana, donde la actividad goza de auge y está mucho menos regulada. Guevares, el criador de gallos, ha reducido la cantidad de animales en su finca. Un negocio de suministros agrícolas, que desde hace mucho tiempo tenía su sede en la gallera en Ciales, se ha mudado de local en anticipación a lo que viene.

Green, la comerciante, echa un vistazo a la mesa con sus productos, como gorras con imágenes de gallos. La mujer dijo que las peleas de gallos son mucho más que un negocio para ella.

“Con esto también pierdo mi vida social”, dijo, mientras observaba la gallera. “Yo no salgo, no bebo, no bailo, pero vengo aquí y hablo con la gente. Ellos son como yo. Mis amigos están aquí. Si pierdo esto, lo pierdo todo”.