‘No tengo nada que temer’. Gobernadora de Puerto Rico niega que despido de secretaria de Justicia fue por venganza
La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, negó el martes alegaciones de que despidió a la secretaria de Justicia de la isla en medio rumores de que manejó indebidamente la asistencia para las víctimas de los terremotos que han afectado a la isla desde diciembre del año pasado.
Las alegaciones de la ahora ex secretaria de Justicia Dennise Longo Quiñones son lo más recientes en una serie de escándalos políticos que han sacudido al gobierno de Puerto Rico desde la devastación del huracán María en el 2017 y la dramática renuncia del gobernador Ricardo Rosselló hace ya casi un año.
El viernes pasado, Longo Quiñones refirió varias quejas —incluidas alegaciones contra Vázquez— a un fiscal especial independiente horas antes que la gobernadora supuestamente le pidiera la renuncia a Longo Quiñones, según El Nuevo Día.
Se desconocen los detalles de las alegaciones citadas en los referidos.
El martes, Vázquez llegó a una conferencia de prensa con copias de correos electrónicos y varios documentos para revelar la razón por la cual supuestamente había despedido a Longo Quiñones. Confirmó haberle pedido la renuncia pero indicó que no sabía nada de una investigación del Departamento de Justicia.
“Nunca se me notificó de ninguna investigación en curso contra mi persona, mucho menos de que hubiese un posible referido al fiscal especial independiente contra esta servidora o de funcionarios que trabajen conmigo”, dijo la gobernadora.
Vázquez alegó que Longo Quiñones intervino “indebidamente en una investigación federal relacionada con el Departamento de Salud [puertorriqueño] ... relacionada con un fraude al Medicaid”.
En una carta de septiembre del 2019 dirigida a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, Longo Quiñones se inhibió en cualquier investigación relacionada con el Departamento de Salud de Puerto Rico. En ese momento, su madre, la Dra. Concepción Quiñones de Longo, era subsecretaria del Departamento de Salud de la isla.
El gobierno de Vázquez ya se había sometido recientemente al escrutinio del Departamento de Justicia, que investigó los contratos otorgados a varias compañías que prometieron kits de pruebas para el coronavirus y que nunca se entregaron. Una de las empresas que recibió un contrato fue una compañía local que tenía vínculos con el partido político de la gobernadora.
La empresa constructora Apex General Contractors no tenía experiencia en el manejo de suministros médicos y nunca entregó el millón de kits de pruebas que había prometido. Vázquez canceló el contrato y la empresa devolvió al gobierno un depósito de $19 millones. Sin embargo, el escándalo atrasó la capacidad de pruebas del coronavirus de Puerto Rico en las fases iniciales de la pandemia.
Longo Quiñones no participó en esa investigación debido a su inhibición. Sin embargo, según El Nuevo Día, la relación entre el gobierno y el Departamento de Justicia de Puerto Rico había estado tensa, particularmente por la investigación de las “fallidas compras”.
‘No tengo nada que temer’
En la conferencia de prensa del martes, Vázquez negó repetidamente que el despido de Longo Quiñones fuera un castigo por una investigación. De igual forma, dijo que estaba dispuesta a cooperar con cualquier investigación que la involucrara.
“Yo no tengo nada que temer,” dijo. También afirmó que si las acusaciones tienen mérito, esta dispuesta a someterse a los procesos legales que le correspondan.
Sin embargo, cuando los referidos iban a ser entregados al fiscal independiente el lunes, la nueva secretaria de Justicia de Puerto Rico intervino a último minuto, justo antes que los documentos fuesen sellados oficialmente.
En una declaración escrita publicada el lunes poco antes de la medianoche, Wandymar Burgos, secretaria interina de Justicia, dijo que había dado instrucciones para no entregar los referidos al fiscal especial.
Burgos agregó que tenía un interés “de conocer de qué trataban los informes ... para atenderlo como corresponde en una transición responsable”. Vázquez negó en la conferencia de prensa que le había pedido a la secretaria de Justicia que no entregara los referidos y y pidió que se los enviaran de inmediato al fiscal especial.
En un memorando publicado el martes por el fiscal especial independiente también se solicitó “la entrega física de esos informes sin dilación alguna”.
“Con dicha autorización [de Longo Quiñones] se configuró la entrega a todos los fines legales pertinentes, aunque la entrega física se haya visto interrumpida,” dice el memorando. “El panel tiene que salvaguardar que no se menoscaben sus facultades legales”.
Y aunque Vázquez dijo que la investigación se había hecho “a la carrera y en la oscuridad de la noche”, Longo Quiñones emitió una declaración pública en la que dijo que la investigación estaba en curso desde enero y que el despacho del fiscal especial estaba al tanto desde marzo.
En una entrevista más tarde el martes con la estación radial WKAQ, Longo Quiñones dijo que el informe “que tiene que ver con respecto a la gobernadora y el secretario de la Gobernación” tiene 74 páginas. El periódico El Vocero informó que tres fiscales habían firmado el referido y que había al menos seis cajas de evidencias que lo respaldaban.
Otro escándalo más
El despido de Longo Quiñones y las noticias del referido han salido a la luz en medio de la pandemia y durante un año electoral contencioso en la isla. También ocurren un año después de los disturbios masivos e históricos en todo Puerto Rico que obligaron a Rosselló a dejar la gobernación, abriendo el camino para que Vázquez fuese nombrada su sucesora.
Vázquez, miembro del Partido Nuevo Progresista, que apoya la estadidad, es la primera gobernadora no electa que se postula como candidata por primera vez en el territorio estadounidense, donde los habitantes no pueden votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
El 9 de agosto, el PNP tendrá su primaria. Vázquez se enfrentará a Pedro Pierluisi, el ex comisionado residente de Puerto Rico, que fue juramentado brevemente como sucesor de Rosselló. (La Corte Suprema de Puerto Rico determinó en definitiva que el juramento fue inconstitucional.)
Los líderes de la oposición del Partido Popular Democrático le pidieron a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado que investiguen los reclamos contra Vázquez. También sugirieron que los resultados podrían provocar un proceso de residenciamiento.
La representante Jenniffer González, comisionada residente de Puerto Rico en el Congreso estadounidense y miembro del PNP, dijo que el fiscal independiente debe hacer público los referidos. También le pidió la renuncia inmediata a Burgos, quien ha estado en el cargo tres días laborales, por su “manejo altamente irregular” al pedir la devolución de los referidos luego de que el Departamento de Justicia de Puerto Rico los había enviado.
“Las controversias en el gobierno no pueden ser la norma del día”, dijo González en un comunicado de prensa. “Si el FEI [la fiscalía independiente] determinara causa para investigar algún candidato en las primarias, el PNP debe convocar de inmediato al directorio y tomar acción inmediata“.
Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado de Puerto Rico y alto funcionario del PNP, también dijo en Facebook que Burgos debería renunciar. También le pidió al despacho del fiscal especial que anunciara si había motivos para actuar sobre los referidos que firmó Longo Quiñones.
Puerto Rico tiene en este momento casi 7,800 casos de coronavirus, cifra que ha aumentado desde que el gobierno puso fin al estado de emergencia que duró tres meses y que solo permitía a los puertorriqueños salir en circunstancias limitadas. Hasta el martes, 157 personas han muerto por la enfermedad.
La semana pasada, Vázquez anunció que dado al aumento de casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos, los pasajeros que lleguen a la isla deberán probar en el aeropuerto que no tienen el virus. Los que no entreguen prueba de su estado de salud, tendrán que hacerse la prueba en Puerto Rico y someterse a una cuarentena hasta que reciban los resultados.
