El plan del gobernador de Puerto Rico para una ‘delegación en la sombra’ genera críticas

Un plan del gobernador de Puerto Rico para financiar unas elecciones especiales de un grupo nuevo de cabilderos en Washington requiere que los funcionarios electos apoyen la estadidad — y los líderes de oposición dicen que la propuesta es un desperdicio de dinero inconstitucional en medio de la pandemia del coronavirus.

El gobernador recién electo, Pedro Pierluisi, quien es demócrata y presidente del Partido Nuevo Progresista, le dijo a la prensa el martes que financiar las elecciones especiales para elegir un grupo mayoritariamente simbólico de delegados que cabildeen por la estadidad es “la mejor inversión” de fondos públicos ya que la isla recibirá muchos más fondos federales si se convirtiera en un estado norteamericano.

Pero el partido proestadidad de Pierluisi perdió su mayoría en la Legislatura puertorriqueña después de las elecciones de noviembre de 2020 y ahora su plan está generando críticas de líderes opositores que dicen que es “insensible” promover una causa política y gastar unos $8.9 millones en una elección especial en medio de la pandemia. Para garantizar que las elecciones se celebren, el Partido Nuevo Progresista de Pierluisi aprobó dos leyes tres días antes de perder el poder en la Legislatura en diciembre para exigir que los nuevos delegados hablen inglés y español y juramenten que defenderán la estadidad.

“Tiene que obligatoriamente creer en la estadidad. O sea, que si gana una persona con el aval del pueblo puertorriqueño para ser parte de ese comité y la persona cree en la independencia, lo van a excluir,” dijo el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández Montañez. “Así que hay otro elemento de ilegalidad”.

Es la controversia más reciente en un debate en curso sobre la estadidad en Puerto Rico, que está recibiendo atención nuevamente después que el presidente Joe Biden, quien dijo en la campaña electoral que apoyaba la estadidad, asumió el cargo el 20 de enero. Los opositores a la estadidad en la isla, que es un territorio estadounidense, dicen que están considerando impugnar las leyes, que se aprobaron a última hora.

Y la estadidad para Puerto Rico ha perdido popularidad en Washington entre los republicanos. Figuras clave como el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que la estadidad para Puerto Rico es “socialismo.” Los demócratas, por su lado, presionan por la estadidad para el Distrito de Columbia, una ciudad mayoritariamente demócrata.

Hernández Montañez, miembro del Partido Popular Democrático (PPD), que favorece la condición actual de Estado Libre Asociado, dijo que la legislación para elegir a los delegados es inconstitucional. Las leyes también le dan a Pierluisi la autoridad para convocar una elección relacionada con el estatus de Puerto Rico y establecer las opciones en la boleta a través de una orden ejecutiva, que según Hernández excede el alcance de los poderes de Pierluisi.

Los candidatos deben hablar inglés, agregó, lo que es discriminatorio en una isla donde el español es el idioma predominante.

“Se establece un mecanismo simulado para escoger unos delegados, quienes para aspirar tienen que saber inglés,” dijo Hernández Montañez. “Lo que significa que relativamente están excluidos del 70 por ciento de los ciudadanos americanos. Ni siquiera en Estados Unidos uno puede hacer una cosa tan arbitraria y discriminatoria como esa”.

La iniciativa que Pierluisi busca financiar es una votación que elegirá a seis delegados especiales, que ejercerán como cabilderos en Washington DC e impulsarán la estadidad. La Comisión Electoral de Puerto Rico ha estimado que la elección especial podría costar $8.9 millones. Es el intento más reciente de Puerto Rico de ser admitido como estado de la Unión, luego de un referendo en noviembre de 2020 donde 52% de los electores apoyó la estadidad.

A pesar de la controversia y la falta de detalles sobre de dónde vendrá el dinero para la votación, todo parece estar del lado de Pierluisi. Aunque primero debe obtener la aprobación de la Junta de Control Fiscal designada por el gobierno federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico, la junta no puede interferir legalmente en los esfuerzos de los líderes políticos para definir el estatus político de la isla. Podría ser probable entonces que Pierluisi tenga éxito en la celebración de la votación especial, programada para el 16 de mayo.

Matthias Rieker, portavoz de la junta federal, dijo que aún no se ha recibido la propuesta de Pierluisi y se evaluará los méritos una vez que se presente.

Sheila Angleró, secretaria de Prensa del gobernador, desestimó las acusaciones de que la votación sería financiada con subvenciones federales al COVID y dijo que la propuesta del gobernador de reorganizar el presupuesto no afectará los fondos federales que ya se han asignado para abordar la lucha de la isla contra la pandemia.

Puerto Rico ha reportado alrededor de 93,000 casos de coronavirus confirmados y probables y más de 1,800 muertes relacionadas con el COVID desde el comienzo de la pandemia. La isla ha vacunado a cerca de 224,000 personas, según cifras de los Centros de Prevención de Enfermedades. El proceso de vacunación depende en gran medida de la distribución de dosis del gobierno federal y no ha estado exento de controversias.

“Otra vez, las cantidades no son significativas cuando lo evaluamos desde el punto de vista de lo que está en juego aquí”, dijo Pierluisi, según un video publicado por el medio local NotiCel. “La mejor inversión que podemos hacer a nivel de fondos públicos es abogar por la igualdad”.

Esta vez, argumentan los partidarios, la delegación será elegida mediante votación popular y tendrá lugar bajo la administración de Biden. El presidente dijo en la campaña electoral el año pasado que personalmente apoyaba la estadidad, aunque también dijo que la isla debería elegir su propio camino político.

“Vamos a presionar intensamente en el Congreso para crear conciencia y para que se respete nuestra voluntad”, dijo Charlie Rodríguez, presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico. “No reconocer la estadidad para Puerto Rico es un ataque contra la democracia”.

La delegada de DC, Eleanor Holmes Norton, quien ha representado al Distrito de Columbia en el Congreso durante 30 años, dijo que los representantes electos en la sombra de Puerto Rico serían “útiles” para impulsar la estadidad del territorio.

Washington DC ha elegido dos senadores en la sombra y un representante en la sombra desde 1990, aunque en su mayoría sirven como defensores simbólicos de la estadidad del territorio. Pero Norton dijo que la representación en la sombra de Puerto Rico, si fuera elegida, sería similar a los esfuerzos de los territorios estadounidenses en los siglos XIX y XX que enviaron representantes a Washington a pesar de que no tenían poder formal.

“Lo que creo que esperan es alguien que probablemente sea enviado a Washington pero que pueda ser un defensor de Puerto Rico y hacer lo que los representantes en la sombra han hecho típicamente lejos de Washington”, dijo Norton. “Es realmente tener una presencia aquí que pueda ayudar a los funcionarios electos a medida que avanzan para tratar de obtener la estadidad”.

El senador en la sombra en Washington DC., Paul Strauss, dijo que la elección de representantes para impulsar la estadidad y otros temas brinda un grado de transparencia y responsabilidad que los cabilderos no electos no tienen.

“A los senadores les gusta hablar con sus colegas”, dijo Strauss, quien agregó que frecuentemente habla con senadores federales que lo consideran un igual. “Hay simplicidad en el proceso y más transparencia cuando la gente te elige directamente”.

Pero al menos dos partidos políticos en la isla, el partido prostatus PPD y el partido independentista PIP dicen que están trabajando para derogar las leyes que permitirían a Pierluisi seguir adelante con las elecciones especiales. Si el gobernador no hace caso de los deseos del nuevo cuerpo legislativo de eliminar las leyes y su propósito previsto, Hernández Montañez dijo que su partido cuestionaría la constitucionalidad de las leyes en los tribunales de la isla.

“En el caso de que el gobernador no atienda verdaderamente la intención y el deseo de la nueva mayoría en la Asamblea Legislativa”, dijo Hernández Montañez, “entonces ir a los tribunales sería el próximo paso”.

La senadora María de Lourdes Santiago, miembro del Partido de la Independencia de Puerto Rico (PIP), que se opone a la estadidad, dijo que el esfuerzo de Pierluisi por impulsar un referendo sobre la estadidad sin consenso entre todos los partidos está “condenado al fracaso”.

“Es una cosa que hiere la sensibilidad de cualquiera viendo la situación en la que está el país. Usar esa cantidad de dinero público para promover una sola fórmula cuando si algo está claro es que cualquier iniciativa unilateral en Washington está condenada al fracaso,” dijo Santiago.

Esta historia fue publicada originalmente el 29 de enero de 2021, 3:11 p. m..