Expedientes judiciales revelan el costo psicológico del COVID-19 entre jóvenes encarcelados en Puerto Rico

En los dos centros de reclusión de menores de Puerto Rico cerca de la costa sur de la isla, el aislamiento de los detenidos —y la escasez temporal de personal capacitado para tratarlos— ha provocado un preocupante aumento en la cantidad de jóvenes que contemplan o intentan lesionarse a sí mismos, según los informes.

El sistema de justicia juvenil de Puerto Rico ha sido elogiado por su respuesta a la pandemia del COVID-19, y los CDC lo han calificado de “caso de estudio” para la prevención de brotes graves entre las personas y el personal encarcelados.

Sin embargo, los registros de los tribunales federales muestran que tras los estrictos confinamientos y la rotación del personal psiquiátrico, los dos centros de detención de menores de la isla han registrado niveles preocupantes de violencia y autolesiones desde el verano pasado.

El informe más reciente de un monitor designado por un tribunal federal, que supervisa las reformas prometidas para los jóvenes detenidos, documentó más de dos docenas de “incidentes, pensamientos o gestos suicidas” entre enero y marzo, y más de cuatro docenas de incidentes violentos en que participaron el personal o los reclusos que resultaron en “daños a los jóvenes”.

Las hospitalizaciones psiquiátricas han disminuido a los niveles anteriores a la pandemia en las instalaciones de Ponce y Villalba, que albergan a unos 65 jóvenes. Sin embargo, el número de incidentes reportados de comportamiento suicida es todavía más alto que antes de la pandemia. La violencia entre el personal y los jóvenes también se quintuplicó con respecto a la primavera anterior.

Las cifras se hacen públicas cada trimestre, como resultado de una batalla judicial de tres décadas entre el Departamento de Justicia federal y Puerto Rico sobre las condiciones de su sistema de justicia juvenil. El monitor del tribunal reportó por primera vez un aumento de los incidentes de lesiones autoinflingidas en Puerto Rico el otoño pasado, con 13 intentos de ahorcamiento “graves” y jóvenes suicidas hospitalizados 23 veces.

En un fallo subsecuente, el juez del Tribunal de Distrito federal Gustavo Gelpí, en San Juan, calificó la situación de “constitucionalmente inaceptable”, advirtiendo a Puerto Rico que pudiera ser declarado en desacato y obligado a liberar a algunos jóvenes encarcelados.

Ofreciendo una rara visión pública de las instalaciones cerradas, el jefe del equipo de supervisión judicial, el abogado de derechos civiles de Indiana Kim Tandy, escribió en un informe en junio que algunos de esos problemas continuaron durante el invierno: “Este trimestre se informó que a 18 jóvenes les dieron batas de papel y fueron puestos bajo supervisión constante debido a su tendencia al suicidio. Algunos jóvenes entrevistados fueron sometidos a medidas de fuerza durante episodios psiquiátricos cuando se negaron a ponerse la bata de papel”.

Athelyn Jiménez Emmanuelli, abogada de la Sociedad de Ayuda Legal de Puerto Rico, dijo que uno de sus clientes adolescentes, de 17 años y del oeste de la isla, intentó suicidarse al menos tres veces mientras estaba encerrado la primavera, ya que la pandemia retrasó los procedimientos judiciales y restringió las visitas de familiares y abogados.

Sus acciones, dijo Jiménez Emmanuelli, fueron “provocadas por el tiempo transcurrido sin que se resolviera su caso”.

“No tenían acceso a sus familias, ni a los talleres, ni a otros servicios, ni a absolutamente nadie”, dijo. “El doble confinamiento agravó problemas de salud mental ya existentes entre muchos de los jóvenes detenidos”.

La prensa en español de Puerto Rico ha cubierto el aumento de las autolesiones entre los jóvenes detenidos, aunque los medios de comunicación en inglés no han informado de la situación.

En febrero, el periódico El Nuevo Día informó que el panel de tres jueces designado por un tribunal federal de apelaciones para considerar la liberación de los jóvenes durante la pandemia era “un tipo de proceso judicial no visto en Puerto Rico en más de tres décadas”.

El gobierno de Puerto Rico ha negado enérgicamente que haya una crisis, y refutó las recientes descripciones del monitor del tribunal sobre los jóvenes que intentan lesionarse a sí mismos. El Estado Libre Asociado alegó que el equipo de monitoreo había exagerado el comportamiento suicida, ya que la ley local exige esas hospitalizaciones, y argumentó en el tribunal que no son “un indicio de la gravedad de la situación”.

En una entrevista la semana pasada, Ana Escobar Pabón, secretaria del Departamento de Correcciones y Rehabilitación, señaló que el sistema se ha reducido de 1,700 jóvenes desde principios de la década de 1990, y que ningún joven había muerto en ninguna instalación en dos décadas.

“No hubo casos de psicosis, y los llamados ‘intentos’ [de suicidio] incluyeron en realidad cualquier gesto o mención —sin ninguna intención real— que hiciera alguno de estos jóvenes” para quitarse la vida, dijo Escobar Pabón a través de un intérprete.

En diciembre, el departamento de Escobar Pabón se opuso a la propuesta de un juez de libertar a algunos jóvenes detenidos en respuesta a las cifras de autolesiones, y cuestionó la necesidad de que un panel de tres jueces revisara la situación, afirmando que los servicios actuales y las medidas correctivas eran suficientes.

“Seguimos insistiendo en lo importante que es mejorar la salud mental de los jóvenes, incluso en medio de la pandemia”, dijo, señalando que los protocolos de salud pública incluían una “pausa en cualquier contacto” entre los jóvenes y las familias durante casi un año y medio.

Pero, añadió, “hemos estado en constante comunicación con las familias”.

El uso de la fuerza por parte del personal, las autolesiones entre los jóvenes detenidos y las respuestas inadecuadas de los centros de detención fueron algunas de las preocupaciones iniciales del Departamento de Justicia federa.l cuando presentó un litigio contra Puerto Rico a principios de la década de 1990, alegando violaciones de los derechos de los detenidos en virtud de la cláusula de igualdad de protección de la 14ta Enmienda, así como de las leyes federales de derechos civiles que protegen a las personas recluidas en instituciones.

Desde entonces, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación del Estado Libre Asociado ha cumplido casi todos los 300 requisitos de un acuerdo con el Departamento de Justicia, ha mejorado las condiciones físicas y ha cerrado más de una docena de instalaciones. El tribunal ha seguido monitoreando los estándares en dos decenas de categorías en los dos centros de detención restantes, como la educación y la salud mental.

Escobar Pabón, quien trabaja en el departamento desde hace 35 años y fue confirmada para dirigirlo en enero, dijo que el sistema de justicia juvenil de la isla ha enfrentado serias crisis que retrasaron el progreso hacia la resolución del litigio, como el huracán María en 2017, los terremotos que comenzaron en 2019 y luego la pandemia.

Pero su objetivo es alcanzar o estar “extremadamente cerca” del cumplimiento total en dos años. “El juez ha hablado favorablemente en términos de cómo hemos abordado todas estas situaciones desde que asumí mi puesto”, dijo.

Ubicados en las afueras de la ciudad de Ponce, y en la cercana comunidad sureña de Villalba, los dos centros de menores de la isla albergan a los presos preventivos y a algunos jóvenes cuyos casos han sido decididos, generalmente adolescentes de entre 13 y 21 años.

Una psicóloga del equipo de supervisión ha estado revisando los incidentes de autolesión, hablando con los jóvenes y detallando los resultados al tribunal. La Dra. Miriam Martínez informó en junio que un joven detenido tuvo 25 proveedores de salud mental, entre ellos ocho psiquiatras, en poco más de un año. En cuatro a los 32 casos de ideas suicidas o automutilación revisados en un período de tres meses, no hubo un psiquiatra disponible en un periodo de 24 horas.

“Los jóvenes entrevistados mencionaron el estrés por no ver a su familia como una de las principales razones de depresión y ansiedad”, reportó Martínez. “Algunos de los jóvenes habían pensado en suicidarse o que incluso llegaron a intentarlo, citaron la ‘desesperación’ por no ver a la familia o la preocupación por la familia como un estrés importante”.

Un joven que salió del centro de detención de Villalba en marzo, tras pasar cuatro meses encerrado, dijo en una entrevista que él y otros no tenían prácticamente ningún contacto con el mundo exterior y que solo podían interactuar con el personal y los funcionarios.

Dijo que los jóvenes habían perdido el contacto con los acontecimientos fuera de su encierro y echaban de menos a sus amigos y familiares. El aislamiento les causaba estrés y ansiedad, dijo el joven de 21 años, que quiso ser identificado solo como Jesús para proteger la privacidad de su familia.

“Algunos jóvenes eran más capaces de sobrevivir a la pandemia que otros”, dijo en español. “Quizá eran más vulnerables y no sabían cómo enfrentarse a sí mismos”.

Por su parte, Jesús se sumergió en los libros, que se han convertido en su pasatiempo favorito. Incluso se unió a una especie de club de lectura de la cárcel. “La curiosidad me mantenía entretenido”, dijo, añadiendo que otros jóvenes no eran capaces de encontrar una cura para el aburrimiento y la soledad.

También están en marcha otros esfuerzos para mejorar el bienestar de los delincuentes juveniles de Puerto Rico. Los legisladores de la isla han presentado una legislación que cambiaría la forma en que se trata a los menores en los tribunales y en los centros de detención, como la prohibición del confinamiento en solitario y del uso de spray de pimienta.

El texto del proyecto de ley menciona a Kalief Browder, de Nueva York, quien fue encerrado en 2010 a los 16 años por el supuesto robo de una mochila. Kalief se suicidó tras pasar en aislamiento dos de sus tres años en Rikers Island, la tristemente célebre cárcel de adultos de Nueva York.

José Vargas Vidot, un senador puertorriqueño que patrocinó el proyecto de ley, dijo a un reportero de Imprint que más de la mitad de los jóvenes de la isla han estado por debajo del umbral de la pobreza durante muchos años.

“No hay ningún joven en la cárcel que provenga de una escuela privada o de una familia poderosa. Son los jóvenes del barrio, que no tienen un sistema de apoyo adecuado, los que tienen que pagar el precio de una sociedad que no ha cumplido su responsabilidad de cuidarlos”, dijo Vidot. “Cuanta más presión hay por parte de una sociedad punitiva, más difícil es para los jóvenes superar la vergüenza y el estigma. Intentamos encontrar un modo de incluir un elemento de cuidado”.

Un veterano administrador de la justicia juvenil de Nueva York que ahora asesora a las comunidades sobre la reforma de los servicios para jóvenes —incluido el sistema de bienestar infantil de Puerto Rico— dijo que la isla necesita seguir alejándose de las prácticas punitivas de las grandes instituciones del siglo XX.

“Sabemos que segregar a los jóvenes en grandes instalaciones no fomenta el tipo de relación que necesitan para prosperar y mejorar”, dijo Felipe Franco, miembro de la Annie E. Casey Foundation. Franco, nacido en Puerto Rico, señaló como modelos las residencias cerradas más pequeñas de Illinois, Nueva York y Missouri. “Si esas instalaciones pueden ser pequeñas y con un enfoque claro en el desarrollo de habilidades y programas terapéuticos, los jóvenes consiguen mejores resultados”.

Escobar Pabón dijo que su agencia está evaluando esos modelos alternativos, pero “no tenemos ningún plan concreto terminado en este momento”. Añadió que su departamento ha ayudado recientemente a 30 jóvenes encarcelados a graduarse de nivel secundario

Funcionarios federales de justicia coincidieron inicialmente con el juez Gelpí el año pasado en que debía nombrarse un panel de tres jueces para evaluar si los jóvenes debían ser liberados. Pero a principios de este año, la agencia federal concordó con Puerto Rico en que la supervisión adicional no era necesaria, por ahora.

“En este momento, no creemos que haya un ‘momento de crisis’ que requiera la atención inmediata del panel de tres jueces”, informaron los abogados del departamento, que se comprometieron a seguir estudiando la calidad de los servicios de salud mental de Puerto Rico. Y el mes pasado, Gelpí aprobó una moción de Puerto Rico para disolver el tribunal de tres jueces.

“Tiene sentido porque el monitor está diciendo que la situación está establea”, dijo Jiménez Emmanuelli. “Pero como defensor de menores me preocupa, porque para mí, un intento de suicidio es demasiado”.

Este artículo se publica conjuntamente con The Imprint, un medio de comunicación nacional que cubre temas de bienestar infantil y justicia juvenil.