Con la licencia familiar en peligro, activistas ofrecen a Biden una alternativa en debate sobre gastos

Ante la posibilidad de que una propuesta de licencia médica y familiar remunerada sea eliminada del plan de gastos, aliados de la Casa Blanca están tratando de salvarla ofreciendo un compromiso que inicialmente daría a los trabajadores cuatro o seis semanas de permiso.

El plan que se está debatiendo se ampliaría a lo largo de 10 años hasta las 12 semanas que el presidente Biden propuso originalmente y que los activistas a favor de esta política siguen apoyando.

Los trabajadores verían restituido hasta 85% de su salario —al igual que en la propuesta de Biden— si se toman un tiempo libre para cuidar de un recién nacido, un familiar enfermo, un hijo enfermo o sus propias enfermedades graves o de larga duración.

“Entendemos que estamos en negociaciones difíciles en este momento. Pero lo que se decida tiene que ser lo suficientemente sustancial como para que los trabajadores de bajos ingresos lo puedan aprovechar. Que los padres que luchan por llegar a fin de mes puedan aprovecharlo”, dijo Carol Joyner, directora de proyectos laborales de Family Values @ Work.

La propuesta estaba ganando adeptos entre los grupos liberales mientras los legisladores demócratas volvían a Washington esta semana para continuar las negociaciones sobre el paquete de $3.5 billones que pretendía financiar gran parte de la agenda de Biden. Se espera que esa cifrase reduzca significativamente en el proyecto de ley final y los grupos activistas progresista han estado peleando para asegurar que se incluyan sus prioridades.

Funcionarios de la Casa Blanca han asegurado a los activistas a favor de las licencias remuneradas que su programa no está en el punto de mira. Los activistas dijeron que la administración pidió ideas mientras busca formas de reducir el costo total del proyecto de ley.

Los activistas reconocieron haber proporcionado a la Casa Blanca y a los líderes demócratas del Congreso opciones para reducir el costo de la propuesta de licencia familiar remunerada a una cifra estimada de $300,000 millones. Esa cantidad es mayor que la propuesta de Biden de $225,000 billones, pero menor que los casi $550,000 billones que han propuesto los legisladores de la Cámara de Representantes.

La Casa Blanca dijo el lunes que las negociaciones sobre el proyecto de ley de gastos están en curso y se negó a comentar sobre las discusiones sobre la licencia pagada. Un alto funcionario dijo previamente a McClatchy que la Casa Blanca no estaba retractándose de la licencia pagada y otras iniciativas de atención que están en la legislación.

La vicepresidenta Kamala Harris dijo la semana pasada en un asamblea virtual que la agenda de la administración de Biden “ampliaría las licencias pagadas”.

“No estamos atendiendo a los trabajadores que necesitan tiempo libre para cuidar de sí mismos o a personas de su familia. Y eso no está bien”, dijo.

Los partidarios de la licencia remunerada interpretaron las declaraciones de Harris como que la iniciativa sigue en la legislación, después de preocuparse a principios de la semana pasada de que pudiera ser eliminada del proyecto de ley.

Dijeron que el apoyo pasado de la senadora de Arizona Kyrsten Sinema a la legislación bipartidista sobre permisos pagados es también una señal alentadora. La senadora demócrata será clave para decidir qué estipulaciones se dejan fuera de la legislación.

Joe Manchin, senador demócrata por Virginia Occidental, otro demócrata que pudiera descarrilar el proyecto de ley, ha dicho que le gustaría ver reducciones significativos en el paquete de gastos general, pero no ha opinado sobre el programa de licencias remuneradas.

Biden, durante un discurso sobre el cuidado infantil la semana pasada, reconoció que el paquete global era probablemente menor que los $3.5 billones que quería y dijo que buscaría dinero adicional para su programa más adelante.

“Conseguiremos menos que eso, pero lo vamos a conseguir. Y volveremos para conseguir el resto”, dijo a los periodistas.

El lunes se reunió con la representante de Washington Pramila Jayapal, líder del Grupo Progresista del Congreso y partidaria del programa de licencias pagada.

Mínimo de cuatro semanas

Para que un programa federal de licencias médicas y familiares remuneradas cuente con el apoyo de los grupos liberales con los que el gobierno de Biden cuenta para ayudar a vender su agenda, el paquete de gastos tendría que tener un mínimo de cuatro semanas y ampliarse, dijeron a McClatchy los activistas involucrados en las conversaciones.

“La comunidad que defiende las licencias pagadas tiene muy claro que un programa significativo puede hacerse en diferentes líneas prioritarias y que hay formas de ampliarlo y que siga siendo un programa significativo”, dijo Dawn Huckelbridge, directora de Paid Leave for All. “No es negociable que un programa significativo de licencias pagadas esté en este paquete”.

Limitar el programa a la licencia de paternidad remunerada también sería problemático, según los activistas, porque solo una cuarta parte de las personas que se toman un permiso prolongado lo hace para cuidar a recién nacidos. El resto de la población activa lo usa para cuidar a sus padres ancianos y a sus hijos enfermos, para tratar problemas de salud crónicos o para hacer frente a otras emergencias médicas y familiares.

“Es increíblemente importante que nos centremos en el cuidado de los padres, de las personas y de los hijos bajo este estandarte y luego también en mejorarlo. Necesitamos una sustitución salarial progresiva para que los trabajadores que tienen menos posibilidades de disfrutar de licencias remunerada puedan realmente hacerlo”, dijo Molly Day, directora ejecutiva de PL+US (Paid Leave for the United States).

Una idea que los legisladores han debatido para encajar el mayor número posible de programas en una legislación de gasto menos costosa es reducir el número de años financiados para cada programa. Pero los activistas afirman que sería un reto promulgar un programa eficaz de licencias remuneradas que los trabajadores de bajos ingresos puedan aprovechar en menos de 10 años.

Joyner dijo que llevaría de dos a tres años establecer un programa nacional, implementarlo y promoverlo.

“La pregunta para el gobierno federal es ¿por qué querríamos gastar esa cantidad de dinero y poner en marcha un programa que no es permanente, que solo dura un par de años, antes de tener que empezar de nuevo?”, dijo. “Simplemente no tiene sentido”.

Rachel Greszler, investigadora de economía, presupuesto y derechos en la conservadora Heritage Foundation, dijo que más empresas han iniciado programas de licencias pagadas durante la pandemia y han ofrecido flexibilidad de horarios mientras compiten por los trabajadores.

Greszler dijo que espera que esa trayectoria siga y le preocupa que un programa federal con reglas rígidas sobre cómo se puede usar la licencia pagada sea oneroso y complicado tanto para los empleadores como para los empleados.

“Es un panorama muy diferente el de los permisos familiares retribuidos si se recurre a un programa gubernamental burocrático frente a uno más flexible y complaciente por parte del empleador”, dijo. “Me preocupa que esto vaya en detrimento de quienes ya tienen un programa ahora o lo van a tener pronto”.

Los activistas dicen que están comprometidos a luchar por las 12 semanas de licencia familiar y médica remunerada, pero entienden que pudieran quedarse sin nada si no aceptan un compromiso.

Joyner recordó la lucha legislativa en torno a la Ley de Licencia Familiar y Médica de 1993, que, según ella, se redujo a 12 semanas de licencia no remunerada que no apoya adecuadamente a los trabajadores con salarios bajos.

“No queremos esperar otros 28 años. Creemos que esta es una oportunidad única en una generación”, dijo.