Organizaciones piden proteger a periodistas de medios financiados por el Congreso de EEUU
Reporteros Sin Fronteras y una coalición de 36 grupos de derechos humanos instaron al Congreso estadounidense a actuar para asegurar la liberación de 11 periodistas de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM) encarcelados en el extranjero, mientras empleados de la Voz de América siguen abogando para evitar el cierre de este medio.
USAGM, eliminada de facto mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 14 de marzo, distribuye fondos aprobados por el Congreso a medios públicos como la Voz de América (VOA), Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) y Radio Free Asia (RFA).
“Sus periodistas brindan una invaluable cobertura informativa independiente, a menudo sobre temas políticamente sensibles en países hostiles a la libertad de prensa”, señalaron Reporteros Sin Fronteras (RSF) y las organizaciones aliadas en una carta enviada el martes al Congreso.
El costo de este trabajo ha sido alto. Hasta la fecha, 11 periodistas empleados de la USAGM permanecen encarcelados en distintos países: cinco en Vietnam, dos en Rusia, uno en Bielorrusia, uno en Azerbaiyán y dos en Myanmar. Algunos enfrentan condenas severas. Tal es el caso de Shin Daewe, colaborador del servicio birmano de RFA, sentenciado inicialmente a cadena perpetua, luego conmutada a 15 años, por cargos de “apoyo al terrorismo”, que las organizaciones consideraron infundados.
Lea más: Grupos de prensa: Es un momento oscuro para la libertad de prensa en EEUU por recortes de medios
Preocupación por periodistas en EEUU
La coalición pidió al Congreso instar al Departamento de Estado a asignar recursos para garantizar la liberación de los periodistas, a fin de evitar que no queden en situación de indefensión.
“Es indignante que estos periodistas, que arriesgan sus vidas para exponer el alcance de la represión en sus países de origen, puedan verse totalmente abandonados. El Congreso debe asumir la responsabilidad de proteger a estos reporteros y a todos los medios financiados por la USAGM, financiados por el propio Congreso. Esta responsabilidad no es solo moral, sino que se deriva del compromiso de EEUU con la defensa de los principios de la democracia y la libertad de prensa”, expresaron.
Las organizaciones también abogaron por 84 periodistas de USAGM con visas de trabajo en Estados Unidos, quienes podrían enfrentar deportación a países donde correrían el riesgo de sufrir represalias, detención o acoso.
Al menos 15 periodistas de RFA y ocho de VOA, originarios de países y territorios como Bielorrusia, Camboya, China, Hong Kong, Rusia y Vietnam, podrían ser arrestados al llegar a sus lugares de origen si no reciben protección adecuada, según información de ambos medios.
Las organizaciones instaron al Congreso a contactar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para agilizar los trámites de inmigración o proveer medidas de protección a los periodistas vinculados a USAGM.
También solicitaron suspender el plazo de 30 a 60 días posterior al cese temporal de empleo, que marca el fin del derecho de los periodistas a permanecer en Estados Unidos.
Adicionalmente, pidieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudar la tramitación de solicitudes de residencia permanente para refugiados y solicitantes de asilo, incluidos los periodistas afectados por el recorte presupuestario a USAGM.
Impacto laboral y editorial
Carolina Valladares, periodista de la Voz de América y portavoz de los reporteros del medio, declaró a el Nuevo Herald que la medida del cierre de ese medio afecta a 1,350 trabajadores en Estados Unidos.
Explicó que muchos de ellos trabajan en Estados Unidos con visas tipo J1, las cuales exigen retornar al país de origen una vez finaliza el contrato laboral.
“Estamos hablando de devolver a periodistas a los países de los cuales huyeron para poder ejercer un periodismo libre, y entregarlos a los manos de gobiernos autoritarios. Tenemos que frenar esto, es una situación de emergencia, no hay tiempo que perder y proteger a personas que dan su tiempo para informar desde Estados Unidos a sus países de origen”, expresó Valladares.
Una orden judicial suspendió temporalmente los despidos que entrarían en vigor el 31 de marzo, pero los reporteros afectados no pueden continuar sus labores ni ingresar a las instalaciones del medio.
“Aquí hay una injerencia del Ejecutivo sobre periodistas financiados por el Congreso. El único órgano facultado para retirar los fondos es el Congreso. Somos un medio independiente”, añadió.
Repercusiones en América Latina
Valladares dijo que los impactos de la medida contra el medio en el caso de América Latina son graves también porque la Voz de América informa sobre países donde hay censura y restricciones a la prensa como Venezuela y Nicaragua.
“Lo que Maduro no logró silenciar o cerrar lo ha logrado la administración de EEUU, nuestro equipo de reporteros de Venezuela no está trabajando en Venezuela”, aún cuando lo tenían asignado en ese país.
En ese país tenían el programa Venezuela 360 y se aseguraban de que llegara la información correcta y veraz, también suministraba información a venezolanos desde Colombia, detalló Valladares en una entrevista este miércoles.
La Voz de América también contaba con reporteros cubriendo Nicaragua desde países vecinos y desde Estados Unidos, brindando información sobre las políticas de Washington en relación con ese país.
Valladares informó que tenían radios que operaban desde Colombia, que eran afiliadas y que llegaban a la audiencia de Venezuela, además de suministrar contenido a emisoras en Guatemala, Honduras, Panamá y México.
“Estamos todos en licencia administrativa, sin tener permiso para entrar al edificio y sin poder trabajar. Estamos siendo completamente improductivos, silenciados, censurados. Me pregunto, ¿qué tipo de eficiencia representa esto”, concluyó.
Esta historia fue publicada originalmente el 2 de abril de 2025, 4:50 p. m..
