Estados Unidos

Funcionario de EEUU presionó para modificar informe sobre Maduro y Tren de Aragua

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, hace un gesto al salir del Capitolio después de prestar juramento durante la cuestionada toma de posesión presidencial en Caracas el 10 de enero de 2025.
El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, hace un gesto al salir del Capitolio después de prestar juramento durante la cuestionada toma de posesión presidencial en Caracas el 10 de enero de 2025. Juan Barreto/AFP via Getty Images

Un funcionario de inteligencia estadounidense trató de modificar una evaluación hecha por su propio servicio sobre los presuntos vínculos de la banda Tren de Aragua y el gobierno de Venezuela, para defender de las críticas a su jefa y al presidente Donald Trump, informó el diario New York Times.

“Necesitamos hacer una reescritura” y un análisis más exhaustivo “para que este documento no sea utilizado contra la DNI o POTUS”, escribió Joe Kent, jefe de gabinete de la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, en un correo electrónico a varios funcionarios del servicio.

DNI y POTUS son los acrónimos de los cargos de Gabbard y Trump.

Las agencias de inteligencia estadounidenses rechazaron en un memorándum en abril la teoría de que la banda criminal tiene lazos con el gobierno de Nicolás Maduro, uno de los argumentos que ha esgrimido Trump para justificar la expulsión de más de 200 venezolanos a un cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

“Si bien el entorno permisivo de Venezuela permite que la TDA opere, el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con el TDA y no está dirigiendo su movimiento ni sus operaciones en Estados Unidos”, señalaban los servicios secretos en el texto.

La dirección de inteligencia nacional abrió el documento a petición de la Fundación para la Libertad de Prensa y fue publicado en línea por The New York Times.

La banda criminal que tiene presencia en varios países fue designada “organización terrorista” por Washington.

El presidente republicano, que ha hecho del combate a la migración ilegal una de sus prioridades, considera criminales a los migrantes por haber entrado en el país sin visa o autorización.

Su gobierno ha invocado una ley de 1798, que sólo había sido usada en tiempos de guerra, para llevar adelante las expulsiones.

Organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, así como políticos demócratas, han cuestionado estas medidas antiinmigración en los tribunales.

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