La Casa Blanca evita responder si hospitales deberían pedir estatus migratorio a pacientes
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, evitó este jueves responder a una pregunta de la prensa sobre si las salas de urgencias de los hospitales deberían solicitar el estatus migratorio de los pacientes antes de atenderlos.
“Probablemente no sea una pregunta que me corresponda responder. Creo que es una cuestión para los profesionales de la salud”, declaró Leavitt durante una comparecencia en los jardines de la Casa Blanca.
La legislación federal de Estados Unidos prohíbe negar atención médica en función del estatus migratorio u otras condiciones.
Sin embargo, algunos estados como Texas y Florida cuentan con leyes que obligan a los hospitales a preguntar por el estatus migratorio de los pacientes, aunque esa información solo puede emplearse con fines estadísticos.
Las declaraciones de Leavitt se producen en medio del cruce de acusaciones entre republicanos y demócratas por el cierre de Gobierno declarado el miércoles, tras la falta de acuerdo para financiar a las agencias federales.
Los demócratas exigen a la Administración de Trump un aumento en el gasto sanitario, mientras que los republicanos acusan a la oposición de querer otorgar beneficios médicos a migrantes en situación irregular.
Leavitt afirmó este jueves que, durante el anterior gobierno del demócrata Joe Biden, “decenas de millones de inmigrantes ilegales de todo el mundo entraron a Estados Unidos y se les permitió recibir beneficios gratuitos”.
Por su parte, los líderes demócratas insisten en que se deben renovar y ampliar los subsidios del seguro médico conocido como Obamacare, beneficios a los que los migrantes indocumentados no son elegibles.
HRW advierte riesgo de abusos si Trump despliega tropas en territorio estadounidense
La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió este jueves que las recientes declaraciones del presidente Donald Trump y del secretario de Defensa, Pete Hegseth, despiertan “serias preocupaciones” sobre un eventual despliegue de fuerzas de combate en tareas de seguridad interna, lo que supondría una violación de la ley estadounidense y un riesgo de abusos a los derechos humanos.
En un acto celebrado el martes 30 de septiembre en la base de Quantico (Virginia), Trump afirmó que las ciudades del país deberían servir como “campos de entrenamiento” para las Fuerzas Armadas y habló de una “guerra desde dentro” que, según él, justificaría el uso del Ejército en territorio nacional.
“Estamos sufriendo una invasión desde dentro. Es lo mismo que una invasión extranjera, pero en muchos sentidos es más difícil porque no llevan uniforme”, dijo Trump ante los en torno a 800 militares de alto rango.
El discurso tuvo lugar pocos días después de que la Casa Blanca ordenara investigar a organizaciones de la sociedad civil por supuestos vínculos con “conspiraciones terroristas” y tras el uso de fuerza letal contra embarcaciones venezolanas, que HRW calificó de “ilegal”.
“La Administración primero dice que quiere unas Fuerzas Armadas más letales y menos responsables, y luego amenaza con desplegarlas en un espectáculo de fuerza en las ciudades estadounidenses. Es una receta para el desastre”, afirmó Tanya Greene, directora del programa de EEUU en HRW, en un comunicado.
La organización recordó que la Ley Posse Comitatus prohíbe el uso del Ejército y la Fuerza Aérea en funciones de seguridad interior, salvo autorización expresa del Congreso. Pese a ello, la Administración Trump ya ha recurrido a diversas fórmulas legales cuestionadas, como la federalización de unidades de la Guardia Nacional, para justificar despliegues anteriores.
Aunque el derecho internacional no prohíbe el uso de militares en funciones policiales, HRW subrayó que las Fuerzas Armadas “no están entrenadas para labores de seguridad ciudadana” y que su empleo con este fin “conlleva un riesgo inherente de abusos”. Como ejemplo, citó la masacre de Kent State, en 1970, cuando la Guardia Nacional mató a cuatro estudiantes durante una protesta contra la guerra de Vietnam.
La Administración Trump, que ha enviado ya tropas a Los Ángeles, Washington y Memphis y planea desplegarlas también en Portland, ha declarado además como organización terrorista al deslabazado y esquivo grupo Antifa como parte de su ofensiva contra lo que considera ataques de la “izquierda radical”, exacerbada tras el asesinacto del activista ultraconservador y aliado suyo Charlie Kirk.