EEUU bajo la lupa: alertan sobre retroceso en la libertad de expresión
El deterioro de la libertad de expresión en Estados Unidos, agravado por la violencia política y por medidas que confunden la crítica con la incitación a la violencia, desalienta el debate democrático y fomenta la autocensura, alertó un organismo interamericano.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que ha observado con preocupación un creciente clima de violencia que afecta las condiciones para la deliberación democrática.
Detalló que, en este contexto, el país ha sido testigo de episodios de violencia política, incluyendo el asesinato de funcionarios electos, diplomáticos y activistas de reconocimiento nacional.
“Si bien estos actos deberían conllevar a la reflexión y el debate nacional, la RELE ve con inquietud los pronunciamientos de altos funcionarios que podrían confundir el discurso crítico con la incitación a la violencia, lo que podría desalentar la expresión legítima que recae en el ámbito de la deliberación democrática”, indicó en un comunicado.
Algunos pronunciamientos han instado a la ciudadanía a denunciar ante sus empleadores a quienes consideren responsables de incitar a la violencia. Otros han sugerido sanciones contra medios de comunicación por el contenido que difunden.
La RELE lamentó que algunas personas —en particular periodistas, académicos, comentaristas y comediantes— hayan perdido sus empleos tras manifestarse sobre asuntos de alto interés público.
Consideró que las expresiones de las personas despedidas se realizaron bajo la expectativa de contar con una mayor protección en las sociedades democráticas, lo que hace aún más preocupante la erosión de la confianza y de las salvaguardias que históricamente permitieron que esas voces se escucharan, leyeran y vieran libremente.
El organismo destacó que es esencial que las autoridades y los funcionarios electos, independientemente de su afiliación política, se esfuercen por distinguir claramente entre la incitación a la violencia y las expresiones críticas, condenando y sancionando inequívocamente cualquier incitación, al tiempo que salvaguardan el pluralismo y un debate democrático sólido.
Abstenerse de establecer limitaciones
Recordó que el discurso político y los debates sobre asuntos de interés público gozan de especial protección. Esto se debe a que las entidades y los funcionarios públicos, en virtud de sus funciones, están sujetos a un mayor escrutinio y crítica y, por tanto, deben demostrar una mayor tolerancia y apertura hacia dichas expresiones, absteniéndose con mayor rigor de establecer limitaciones.
“La RELE llama a las autoridades a abstenerse de calificar y equiparar el discurso que incita a la violencia con aquellos que, aunque críticos, duros o incluso perturbadores, constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y se encuentran especialmente protegidos”, enfatizó.
También se refirió a los grandes conglomerados mediáticos, instándolos a esforzarse por salvaguardar la libertad de expresión y el pluralismo como pilares de la democracia.
Consideró “cuestionable que los grandes conglomerados mediáticos hayan tomado decisiones editoriales y de personal sin considerar los valores fundamentales de la libertad de expresión en juego”.
Temor a represalias
Otro de los asuntos que mencionó son los cambios y exclusiones en la acreditación de periodistas que cubren el gobierno federal; las investigaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) contra emisoras por contenido considerado crítico con la administración; los recortes en la financiación del periodismo; y las demandas contra medios de comunicación en aparente represalia por su cobertura y línea editorial.
Advirtió que ha documentado cómo la normalización de algunos de estos incidentes crea un entorno inhibidor para la disidencia y el debate, al tiempo que facilita la prevalencia de las opiniones gubernamentales.
En esa línea, alertó que periodistas, comentaristas, académicos, activistas y comediantes residentes en Estados Unidos podrían verse cada vez más obligados a abstenerse de abordar asuntos de interés público por temor a represalias, en detrimento de la democracia.
Ante esta situación, instó al Estado a asegurar las máximas garantías para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión, asegurando que sus máximas autoridades rechacen decididamente los actos de violencia, actúen con cautela para evitar confundir o equiparar la incitación a la violencia con el discurso protegido por el derecho a la libertad de expresión, y garanticen que no haya represalias contra personas y medios de comunicación que legítimamente participan y disienten en el debate público.
