Fiscalía crea un fondo para compensar aliados de Trump; demócratas denuncian corrupción
La administración Trump anunció el lunes la creación de un fondo de $1,700 millones para compensar a los aliados del presidente republicano que consideran haber sido maltratados por el Departamento de Justicia de la administración Biden, una medida que los demócratas y los organismos de vigilancia gubernamental calificaron con desdén de “corrupta” e inconstitucional.
El “Fondo contra la Instrumentalización”, dotado con $1,776 millones, forma parte de un acuerdo que resuelve la demanda interpuesta por el presidente Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) a raíz de la filtración de sus declaraciones de impuestos.
Dicho fondo permitirá que aquellas personas que consideren haber sido objeto de persecución judicial con fines políticos soliciten compensaciones, creando lo que el fiscal general interino, Todd Blanche, calificó como “un proceso legítimo para que las víctimas de la guerra jurídica y la instrumentalización sean escuchadas y busquen reparación”.
El Departamento de Justicia detalló que, como parte de ese acuerdo, el presidente, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y su empresa, la Organización Trump, recibirán “una disculpa formal, pero no una compensación económica ni indemnización de ningún tipo”.
A cambio de la creación del fondo, la familia Trump acordó retirar la demanda contra el IRS, así como dos reclamaciones administrativas por daños y perjuicios relacionadas con el registro de la residencia de Trump en Florida por el FBI en 2022 y con la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.
El fondo, de $1,776 millones, en alusión al año de la independencia de Estados Unidos, servirá para compensar a aliados de Trump que, según el Gobierno republicano, sufrieron la “instrumentalización de la Justicia” y el llamado “lawfare” durante la Administración demócrata de Biden (2021-2025).
Cerca de 100 demócratas de la Cámara de Representantes firmaron un escrito judicial instando a un juez a bloquear lo que describieron como una resolución sin precedentes que, según afirmaron, enriquecería injustamente a personas cercanas al presidente con dinero de los contribuyentes y abriría la puerta a alegaciones infundadas de persecución política.
“Este es uno de los actos más corruptos de la historia estadounidense”, afirmó en un comunicado Donald Sherman, presidente de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.
El fondo representaría no solo una resolución sumamente poco ortodoxa, sino también una nueva demostración del afán de la administración por recompensar a aliados que, antes de que Trump llegara al poder, fueron investigados y, en algunos casos, acusados y condenados.
Cabe destacar, en particular, que el presidente, en su primer día de regreso al cargo, indultó o conmutó las penas de partidarios que participaron en los disturbios del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Desde entonces, su Departamento de Justicia ha aprobado pagos a partidarios implicados en la investigación sobre la trama Trump-Rusia, y ha investigado y procesado a algunos de sus adversarios percibidos.
Los abogados de Trump sugirieron, en el escrito judicial con el que solicitaban desestimar la causa, que la resolución no estaría sujeta a revisión judicial. Sin embargo, un grupo de 93 miembros del Congreso presentó un escrito preparando el terreno para impugnarla.
“Este caso no es más que una estafa diseñada para extraer 1,700 millones de dólares de los contribuyentes de las arcas del Tesoro y canalizarlos hacia un enorme fondo discrecional para Trump dentro del Departamento de Justicia, con el fin de distribuirlos entre su milicia privada de insurrectos, alborotadores y supremacistas blancos —incluidos aquellos que agredieron brutalmente a agentes de policía el 6 de enero de 2021—, así como entre los cómplices aduladores de sus tramas para robar las elecciones”, declaró en un comunicado el representante Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
El fondo, que será gestionado por una comisión de cinco miembros nombrados por Blanche, dejará de recibir solicitudes el 15 de diciembre de 2028, pocas semanas antes de que concluya el segundo y último mandato de Trump.
Este fondo toma como referencia un histórico programa de compensación de $760 millones creado durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017) para indemnizar a agricultores y ganaderos nativos americanos discriminados durante décadas en el acceso a subsidios federales.