Grupos cantan mientras esperan decisión del Supremo
Bailes, pancartas y cánticos animaron el lunes la espera de unas doscientas personas que se manifestaron ante el Tribunal Supremo en un mes crucial, cuando la corte decidirá sobre las políticas de discriminación positiva, el aborto y las medidas migratorias del presidente Barack Obama.
El Tribunal Supremo celebra vistas entre octubre y abril y en mayo y junio emite sus sentencias.
De esta forma, el alto tribunal suele reservar los casos más importantes para los últimos lunes y jueves de junio, cuando en la explanada en frente del Tribunal Supremo confluyen manifestantes de diferentes ideologías, que forman círculos, enarbolan banderas y lucen todo tipo de pancartas.
“Siento nervios, pero si no hacemos esta lucha que es nuestra siempre vamos a estar viviendo con miedo”, dijo la mexicana Madaila Ledezma Rodríguez, que se manifestó ante el Tribunal Supremo con una pancarta blanca y roja con el mensaje “Justicia y dignidad para los inmigrantes”.
Hace 11 años, Ledezma Rodríguez llegó a la ciudad mexicana de Nuevo Laredo y decidió caminar durante dos días hasta llegar a alguna parte del estado de Texas, según contó a Efe.
Ledezma Rodríguez, de 34 años, podría beneficiarse de uno de los programas anunciados en noviembre de 2014 por Obama porque tiene una hija de 7 años con ciudadanía estadounidense.
La mexicana podría acogerse al plan de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), dirigido a los padres de los ciudadanos estadounidenses o hijos con residencia permanente y que el Tribunal Supremo estudia junto a una ampliación del programa de Acción Diferida (DACA), dirigido a los jóvenes indocumentados.
“Mi marido y yo somos indocumentados y tenemos miedo a que puedan deportarnos. No tenemos un familiar directo en EEUU que pueda quedarse con nuestra hija. Ella me preguntaba estos días porque no quiere quedarse sola”, explicó Ledezma Rodríguez, que ahora vive en el estado de Maryland.
La mexicana y su hija formaban parte de un grupo de manifestantes que se movían alrededor de una gran pancarta con cientos de fotografías de inmigrantes y junto a la que estaban colocados en línea varios zapatos con banderas de EEUU, con el fin de visibilizar a los indocumentados convertidos en ciudadanos invisibles.
Los cánticos del grupo de inmigrantes se mezclaron durante la mañana con los gritos de otro numeroso grupo de manifestantes, que pedía al Tribunal Supremo que proteja los derechos reproductivos de las mujeres de Texas.
El alto tribunal tiene todavía que decidir sobre uno de los casos más importantes sobre el aborto de los últimos 20 años y que podría cambiar la interpretación del derecho de la mujer a poner fin a su embarazo, permitido en todo el país desde 1973.
El debate se centra en una ley de Texas, promulgada en 2013 y que requiere a las clínicas cumplir con requisitos similares a los de un pequeño hospital para seguir abiertas.
El Gobierno de Texas defiende que la legislación busca proteger la salud de las mujeres, aunque las organizaciones demandantes, como Whole Woman's Health, sostienen que la ley ha provocado el cierre del 75% de las clínicas del estado, lo que castiga a las mujeres más pobres que no pueden hacer largos viajes para pagarse un aborto.
“El número de abortos ilegales ha crecido en Texas, lo que hace el aborto más peligroso. Esto no es solo opresión de genero, sino también racista y clasista porque las mujeres pobres y de color son las que están sufriendo el impacto de la medida”, dijo a Efe Sarah Nesdatt, estudiante de 20 años y nacida en Texas.
Otro de los grandes casos que tiene pendiente el Tribunal Supremo es el de Abigail Noel Fisher, una joven blanca que demandó en 2008 a la Universidad de Texas por no admitirla como alumna al aplicar criterios que dan prioridad a los jóvenes pertenecientes a minorías, especialmente afroamericanos e hispanos.
Los jueces ya evaluaron los criterios de discriminación positiva en junio de 2013 y, entonces, decidieron remitir el caso a un tribunal inferior.
Si falla a favor de Fisher, el alto tribunal podría prohibir a las instituciones educativas aplicar criterios de discriminación positiva para determinar el acceso de alumnos.
En total, el Tribunal Supremo tiene ocho casos pendientes entre los que se incluye también la condena por corrupción al exgobernador republicano de Virginia Robert McDonnell, que fue sentenciado a dos años de prisión por recibir 177.000 dólares en regalos a cambio de favores políticos.
Esta historia fue publicada originalmente el 20 de junio de 2016, 7:17 p. m. with the headline "Grupos cantan mientras esperan decisión del Supremo."