Estados Unidos

Anuncian en EEUU tibios límites al espionaje

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Los cambios se quedan lejos de las reclamaciones de activistas, de legisladores y del propio Obama.
Los cambios se quedan lejos de las reclamaciones de activistas, de legisladores y del propio Obama. AP

El gobierno anunció el martes nuevos límites al uso de la información sobre estadounidenses y extranjeros recopilada a través del espionaje masivo revelado en el 2013 por el ex analista Edward Snowden, aunque mucho más modestos que las reformas propuestas por el presidente Barack Obama el año pasado.

Las nuevas restricciones están contenidas en un informe divulgado por la Dirección Nacional de Inteligencia y afectan, fundamentalmente, al uso de los datos telefónicos y digitales de ciudadanos extranjeros recopilados por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), para la que trabajó Snowden.

Bajo las nuevas normas, la información de inteligencia recopilada por la NSA sobre millones de ciudadanos en EEUU y el exterior solo podrá usarse para “objetivos específicos”: la “caza” de espías extranjeros; lucha antiterrorista; ciberseguridad; contención de amenazas contra el país o sus Fuerzas Armadas, y el combate contra las amenazas criminales trasnacionales.

Además, los datos sobre extranjeros no relevantes para la seguridad nacional o la inteligencia deberán eliminarse en un plazo de cinco años desde su recolección.

Por otro lado, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ejercerá una mayor supervisión sobre la recopilación de inteligencia en el extranjero por parte de la NSA.

Al citar la persistencia de amenazas terroristas y los ataques cibernéticos, la principal asesora en materia antiterrorista de Obama, Lisa Monaco, subrayó que EEUU debe usar sus capacidades de inteligencia de una forma que proteja “de modo óptimo” la seguridad nacional y, a la vez, garantice “el respeto a la privacidad y las libertades civiles”.

En un comunicado, Monaco anotó que el informe de la Dirección Nacional de Inteligencia refleja el “compromiso” del Gobierno de Obama con “una mayor transparencia”.

Sin embargo, los cambios anunciados se quedan bastante lejos de las reclamaciones de los activistas en favor de la privacidad, de legisladores y del propio Obama, que presentó su plan para reformar la labor de la NSA el año pasado.

El alcance y los detalles de los programas de espionaje masivo de la NSA, la mayoría puestos en marcha a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, quedaron expuestos en el 2013 con las filtraciones de Snowden, actualmente asilado en Rusia.

Las revelaciones de Snowden sacaron a la luz que EEUU espió las comunicaciones personales de algunos líderes considerados “amigos” de Washington, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel, quien precisamente visitará la Casa Blanca la próxima semana para reunirse con Obama.

Según Snowden, Washington espió también las comunicaciones personales de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, así como de ministros y de empresas de ese país.

Debido a esas denuncias de Snowden, negadas por el gobierno, Rousseff suspendió una visita de Estado que tenía previsto hacer a Washington en octubre del 2013.

En enero del 2014, el presidente Barack Obama ordenó poner fin al espionaje a mandatarios de países aliados, pero aclaró, no obstante, que los servicios de inteligencia seguirán recopilando información sobre los gobiernos extranjeros para conocer sus intenciones.

Poco después, en marzo, Obama presentó formalmente un plan para que los datos telefónicos de millones de ciudadanos recopilados por la NSA dejen de estar en manos del gobierno y permanezcan bajo el control de las compañías telefónicas por un periodo máximo de 18 meses, como establece la legislación actual.

Bajo el plan de Obama, la NSA únicamente podría acceder a esos datos en circunstancias específicas, siempre tras haber obtenido autorización del tribunal secreto creado por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) y cuando haya una sospecha razonable de que el número telefónico está conectado a un terrorista.

La propuesta del mandatario está en manos del Congreso, donde un proyecto de ley al respecto fue bloqueado en noviembre pasado en el Senado.

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