Falla la estrategia para disuadir el regreso de deportados

Una de las principales razones por las que las autoridades de inmigración deportan a extranjeros que han cometido delitos o no tienen papeles es para disuadirlos de regresar a Estados Unidos, al menos por largo tiempo.

Pero la estrategia no parece estar funcionando.

Cada vez más extranjeros que han sido deportados una, dos o muchas veces, han regresado y siguen regresando al país, en gran medida porque dejaron aquí a sus familias, propiedades o empresas, o porque las penas de prisión por reingreso ilegal son cortas.

Las deportaciones y los reingresos ilegales se han convertido en una especie de puerta giratoria en la frontera con México, que expone todas las fallas del defectuoso sistema migratorio de los Estados Unidos.

La frontera es porosa, los traficantes de inmigrantes la franquean fácilmente, e igualmente evaden una y otra vez a la Patrulla Fronteriza; y las penas carcelarias no parecen asustar a los deportados, que siguen regresando después de repetidas expulsiones, repetidos arrestos y repetidas condenas a estancias en la penitenciaría.

El reingreso después de la deportación es un delito castigado con hasta dos o más años en prisión, si es que el acusado es condenado en un juicio, según muestran varios encausamientos por deportación revisados recientemente ​​por el Nuevo Herald.

José Vicente Franco Santizo, fue deportado a Guatemala por primera vez en diciembre del 2000. Pero Santizo regresó y fue capturado de nuevo en el 2014, y fue acusado por un jurado de instrucción federal en Miami de reingreso ilegal después de la deportación. La pena máxima que aparece en la acusación es de 10 años en prisión.

Pero cuando el juez dictó la sentencia, Santizo recibió sólo seis meses de cárcel, y una nueva deportación a Guatemala.

Santizo está de vuelta en el sur de la Florida después de haber cruzado la frontera en San Diego, California, el año pasado.

Seis meses o, a veces tiempo cumplido, son condenas comunes para los que reingresan repetidamente.

Otras cuestiones que han surgido en el debate sobre la inmigración son que Estados Unidos no tiene poder para obligar a otros países a aceptar el retorno de sus ciudadanos deportados, y que algunos de los deportados que regresan cometen nuevos crímenes, incluyendo homicidios.

Homicidios vinculados a inmigrantes que han regresado después de haber sido deportados han provocado indignación en varias comunidades, y se han convertido en temas de la campaña electoral en curso.

Homicidios atribuidos a inmigrantes deportados previamente han reforzado la promesa del candidato republicano Donald Trump de deportar a los 11 millones de extranjeros indocumentados en el país y construir un muro en la frontera con México.

Trump también ha acusado a las autoridades mexicanas de enviar violadores entre los inmigrantes, cosa que desató una serie de objeciones por parte de inmigrantes de origen mexicano en discursos durante la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia donde la ex secretaria de Estado Hillary Clinton aceptó la nominación de su partido y prometió no construir el muro.

Las familias de algunos estadounidenses asesinados por los deportados anteriormente que regresaron ocuparon un lugar destacado en la reciente Convención Nacional Republicana en Cleveland.

Los dos casos más recientes fueron los relacionados con Bonifacio Oseguera González, quien fue acusado de matar a tres personas en una granja de Oregón el 27 de junio después de haber sido deportado seis veces anteriormente; y Francisco Sánchez, acusado de disparar un arma de fuego en el distrito Embarcadero de San Francisco el 1º de julio del 2015, matando a Kathryn Steinle. Sánchez había sido deportado cinco veces previamente. Ambos hombres eran indocumentados mexicanos.

En el sur de Florida, al menos seis casos han surgido en los últimos meses en los registros de la corte federal que muestran que los inmigrantes indocumentados de varios países, quienes fueron deportados previamente han regresado y han cometido más crímenes. Al menos dos de los seis inmigrantes habían sido previamente deportados varias veces.

En cuanto a la incapacidad del gobierno de Estados Unidos de deportar a todos los extranjeros cuya expulsión ha sido ordenada por un juez de inmigración, los funcionarios estadounidenses dicen que deben permitir que muchos extranjeros delincuentes permanezcan en el país debido a que el Tribunal Supremo ha prohibido la detención indefinida y muchos países se niegan a aceptar el retorno de estas personas.

El caso de Jean Jacques, que se describe en un editorial del 10 de julio en el Miami Herald, es otro ejemplo del problema.

En 1996, el joven haitiano se vio involucrado en un tiroteo que dio lugar a una pena de prisión de 15 años por intento de asesinato. Dado que había sido condenado por un delito grave, un juez migratorio ordenó su deportación. Pero nunca fue expulsado.

Haití se negó a aceptar su retorno porque no tenía ningún documento que probara que había nacido allí. Cuando arribó a la Florida en la década de 1990, no tenía consigo ningún certificado de nacimiento o pasaporte haitiano. Estados Unidos tampoco tenía ninguna prueba de que era haitiano, excepto su declaración de que había nacido allí.

Por ende, Jean Jacques fue liberado, ya que el Tribunal Supremo de EEUU ha dictaminado que un extranjero que no puede ser deportado no puede seguir detenido más allá de seis meses.

En junio, Jean Jacques se encontraba en Norwich, Connecticut, donde apuñaló a una mujer de 25 años de edad por una aparente disputa sobre drogas.

Una situación similar se produjo en el 2010, cuando las autoridades migratorias pusieron en libertad al haitiano condenado por robo Kesler Dufrene porque Haití se había negado a aceptar su devolución.

Dos meses después de ser liberado, Dufrene mató a tres personas en North Miami. Un año después, cuando la policía localizó a Dufrene en Tampa, este se suicidó.

De acuerdo con los funcionarios de inmigración, 8,275 personas con órdenes finales de deportación debido a delitos fueron puestos en libertad entre el 2012 y el 2015 debido a que sus países se negaron a aceptarlos.

Hay 23 países que se niegan a cooperar con Estados Unidos en cuanto a deportaciones. Cuba es uno de estos países, según funcionarios estadounidenses. Más de 35,000 cubanos con antecedentes penales tienen órdenes finales de deportación y todos están en libertad supervisada.

“Escribo para expresar mi frustración con la insuficiencia de los esfuerzos de su departamento para persuadir a los países recalcitrantes, países que se niegan o indebidamente retardan documentos de viaje a sus ciudadanos que tienen órdenes finales de expulsión,”, dijo el senador republicano Charles E. Grassley, presidente del Comité Judicial del Senado en junio 27 en su carta a Jeh Johnson, secretario del Departamento de Seguridad Interna (DHS).

En total, casi 180,000 inmigrantes condenados por delitos han sido liberados en los últimos años, según estadísticas federales publicadas por la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE).

Las cifras se han convertido en tema polémico en la campaña presidencial. El magnate Donald Trump, el candidato del Partido Republicano, citó la cifra en su discurso durante la convención en Cleveland cuando aceptó la nominación.

“Cerca de 180,000 extranjeros ilegales con antecedentes penales, y con órdenes de expulsión de nuestro país, están hoy en libertad de amenazar a los ciudadanos pacíficos”, dijo Trump.

Los demócratas, por su parte, reconocen que los extranjeros con antecedentes penales deben ser deportados, pero insisten en que la gran mayoría de los inmigrantes son personas trabajadoras que contribuyen significativamente a la sociedad americana.

“Construyen, reparan y limpian nuestras casas, cuidan a nuestros hijos, combaten en nuestras guerras y defienden nuestras libertades”, dijo en su discurso a la convención demócrata el ex alcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa, quien se erigió como vocero de los 11 millones de indocumentados que Trump quiere deportar.

Otra cuestión que a veces frustra los esfuerzos de las autoridades de inmigración para localizar a extranjeros con órdenes finales de deportación son las llamados ciudades “santuario”, o sea municipios reacios a alertar a los agentes federales sobre la presencia de extranjeros en las cárceles locales.

Miami-Dade se considera una jurisdicción santuario, pero el alcalde Carlos Jiménez ha dicho a el Nuevo Herald que la cárcel del Condado coopera con las autoridades de inmigración si un criminal extranjero aparece en el sistema carcelario.

Algunos legisladores republicanos han tratando de desarticular las ciudades santuario mediante el patrocinio de proyectos de ley que bloquearían fondos federales a los municipios que se niegan a cooperar con las autoridades de inmigración.

Esta historia fue publicada originalmente el 29 de julio de 2016, 7:56 p. m. with the headline "Falla la estrategia para disuadir el regreso de deportados."