Legisladores no se ponen de acuerdo cómo usar dinero para arreglar sistema de desempleo
Los legisladores estatales están en camino de asignar $36 millones adicionales a la agencia de desempleo de la Florida.
Pero no se ponen de acuerdo en cómo gastarlos: en resolver millones de solicitudes de desempleo existentes o en mejorar el sistema de desempleo averiado que causó tantos problemas con esas solicitudes en primer lugar.
En las últimas semanas de la sesión legislativa de este año, el debate se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción para los legisladores estatales que elaboran el presupuesto del próximo año.
Los legisladores ya han acordado gastar $56 millones para ayudar al Department of Economic Opportunity a manejar la avalancha de reclamaciones y problemas de adjudicación que siguen acumulando los floridanos que perdieron sus empleos durante la pandemia.
El presidente del Senado, Wilton Simpson, republicano de Trilby, quiere gastar $36 millones más, considerando la monumental tarea que enfrenta la agencia a raíz de la avalancha de reclamaciones por desempleo presentadas durante la pandemia.
El departamento no solo tiene decenas de asuntos de adjudicación de reclamaciones a la espera de ser revisados por un adjudicador, algunos de los cuales están retrasando los pagos de la gente. (El departamento no ha dicho cuántos.)
El departamento también debe revisar la mayoría de los 5.6 millones de reclamaciones presentadas en los últimos 13 meses para garantizar que las reclamaciones cumplen con las leyes estatales y federales, según el departamento.
Se trata de una tarea minuciosa que no puede automatizarse. Algunas de esas reclamaciones son sencillas. Pero muchas son complicadas, y requieren, como mínimo, que alguien evalúe los ingresos del solicitante para asegurarse de que tiene derecho a cobrar, y de que se le pagan las cantidades adecuadas, en al menos cinco programas de desempleo estatales y federales.
Esos datos son a veces un desastre, como comprobaron los auditores estatales cuando intentaron hacer su propia evaluación de las reclamaciones. Los auditores descubrieron que el departamento no contaba con los procedimientos adecuados para indexar y procesar la documentación de las reclamaciones de las personas, y que la documentación que no estaba debidamente indexada se purgaba después de 30 días.
Los $36 millones se destinarían a la contratación de empleados temporales a tiempo completo y parcial para revisar los millones de solicitudes y los problemas de adjudicación acumulados, según el departamento.
La portavoz del Senado, Katie Betta, afirmó que resolver el retraso es una “prioridad absoluta” para Simpson.
“Tenemos muchos senadores que están muy preocupados por el retraso”, indicó Betta en un correo electrónico.
La Cámara Baja acordó con el Senado gastar $36 millones más en el departamento. Quieren gastar la mayor parte en actualizar el problemático sistema de desempleo, conocido como CONNECT. Aunque el estado gastó $80 millones para poner en marcha CONNECT en 2013, tiene problemas sistémicos que nunca se arreglaron. Cuando los floridanos perdieron sus empleos durante la pandemia, falló inmediatamente, dejando a los floridanos esperando meses para recibir sus beneficios.
“Ellos lo quieren en un punto, nosotros lo queremos en otro”, dijo el representante Jayer Williamson, republicano de Pace, sobre el estancamiento.
El Senado propone $2 millones para una evaluación de terceros antes de saltar inmediatamente a una nueva actualización, que pudiera costar hasta $244 millones.
“A pesar de las mejores intenciones de todos, él no quiere terminar inadvertidamente con otra situación tipo la de CONNECT”, dijo Betta.
Ambas cámaras deben llegar a un acuerdo en la próxima semana si quieren que la sesión legislativa de este año termine en la fecha límite del 30 de abril.