¿Cree que un agente inmobiliario lo estafó? Puede recurrir al gobierno estatal

¿Sabía usted que los compradores y vendedores de viviendas que tienen un problema con sus agentes inmobiliarios pueden llevar sus quejas a una comisión inmobiliaria estatal?

Si no lo sabía, no es el único. Según el reporte más reciente de la Consumer Federation of America (CFA)—una organización nacional de más de 250 grupos sin fines de lucro de consumidores estatales y locales— 21 de los 47 portales digitales de las comisiones estatales ignoran por completo a los consumidores. Solo 11 ofrecen lo que la CFA denomina información “adecuada” para el consumidor.

Sin embargo, quizá sea bueno que los compradores y vendedores no sepan que pueden llamar a sus agencias estatales para pedir asistencia. El propósito compartido de estas agencias quizá sea regular a los agentes, corredores y empresas, y quizá tengan el mandato de recibir, investigar y tomar medidas sobre las quejas de los consumidores. Pero ninguna de estas instituciones está facultada para indemnizar a los consumidores tratados de forma injusta o ilegal.

Aunque la mayoría de los estados mantienen los llamados fondos de recuperación para que los consumidores agraviados puedan solicitar una compensación, la CFA informó recientemente que los denunciantes solo tienen derecho a ello si tienen una decisión favorable de un tribunal o un mediador.

Stephen Brobeck, alto funcionario de la CFA, encontró solo un puñado de estados en que la información estaba disponible, menos del 10% de las quejas dieron lugar a una citación, multa, suspensión de la licencia o revocación para el infractor. E incluso entonces, la mayoría de las medidas no fueron el resultado de una queja de los consumidores, sino de una condena penal de un agente o de trabajar sin sin licencia.

Brobeck descubrió que las medidas disciplinarias contra los agentes por lo general eran multas y, en ocasiones, la exigencia de que el infractor tomara una clase, a menudo de ética profesional. Rara vez se revocaba la licencia.

El funcionario de la CFA también considera que la composición de estas comisiones (llamadas “juntas” en algunos estados) es deficiente. Solo 15% de estas juntas están integradas por personas ajenas al sector inmobiliario y ninguno es activista de los defensores del consumidores. Solo en Nueva York se exige que el Consejo Estatal de Bienes Raíces tenga una mayoría de miembros ajenos al sector.

Y ese no es el alcance del dominio de la industria. El informe de la CFA señala que casi la mitad de los cargos no relacionados con el sector están vacantes o son ocupados por personas de empresas afines o por los propios agentes o corredores.

En otras palabras, en la mayoría de los lugares, el zorro vigila el gallinero.

“Una comisión dominada por miembros del sector está predispuesta a ver las cuestiones a través del lente de la industria, a tomar decisiones que favorezcan al sector en detrimento de los consumidores y a veces a olvidar que su mandato es servir a los consumidores tanto como a la industria”, dice el reporte.

Los gobernadores suelen nombrar a los miembros de la comisión inmobiliaria, normalmente a instancias de la junta y su administrador. Pero incluso en ese caso, surgen un par de preguntas: si son seleccionados por el sector, ¿tienen en cuenta los intereses de los consumidores? ¿Y tienen la voluntad de desafiar a quienes los seleccionaron en primer lugar?

Estas comisiones tienen valor porque capacitan y autorizan a los agentes y corredores, y pueden sancionarlos por una amplia variedad de infracciones. Pero para los consumidores, dejan mucho que desear. “Muchos comisionados del sector ignoran a los consumidores o no comprenden ni aprecian el importante papel que tienen en la información y protección de compradores y vendedores”, afirma Brobeck.

Sería mucho más probable que las agencias inmobiliarias estatales reconocieran y actuaran según sus obligaciones para con los compradores y vendedores si hubiera fuertes líderes públicos y sin ánimo de lucro ocupando también cargos en las comisiones.

A Brobeck le gustaría ver más representación de organizaciones de consumidores y activistas de la vivienda, tal vez un abogado o incluso un economista “sin vínculos financieros” con el negocio.

“Incluso un solo activista de los consumidores o de la vivienda ... tendría probablemente un impacto positivo”, afirma.

Este reporte más reciente de la CFA llega en un momento en que la práctica del sector inmobiliario residencial —una actividad de $2 billones al año, que genera $100 millones en comisiones de venta— es objeto de un mayor escrutinio. Por ejemplo, se han presentado varias demandas antimonopolio contra la National Association of Realtors (NAR). Y el Departamento de Justicia (DOJ) ha retirado un acuerdo que la administración anterior hizo con la NAR para investigar más a fondo las reglas y la conducta del grupo.

En su más reciente presentación ante el tribunal, el DOJ afirma que las reglas de la NAR “restringen la forma en que los agentes inmobiliarios pueden comercializar las propiedades, dictan cómo se fijan las comisiones inmobiliarias e impiden las negociaciones de las comisiones”.

Brobeck cree que su estudio se ajusta a esos exámenes.

“Las comisiones inmobiliarias estatales no deberían escapar al escrutinio al que se ha sometido el sector”, afirma. “La falta de una regulación independiente y eficaz ha contribuido a las prácticas anticompetitivas que son objeto de litigios antimonopolio privados y gubernamentales”.

En un reporte anterior, la CFA criticó específicamente la ausencia de la información que los compradores y vendedores necesitan para tomar decisiones en los portales digitales de las comisiones inmobiliarias estatales. Solo 11 de estos portales tuvieron una calificación de “bueno” por parte de la CFA, y ni un solo portal fue considerado “excelente”. Los de 39 estados y el Distrito de Columbia fueron calificados de “regulares” o “malos”.

“La información inadecuada al consumidor proporcionada por la mayoría de las comisiones inmobiliarias refleja en gran medida el hecho que fueron creadas y están dominadas por la industria”, dijo Brobeck en su momento.

“Está claro que no reconocen en absoluto su responsabilidad ante los consumidores. Tienen que tomarse a los consumidores más en serio”.

Lew Sichelman lleva más de 50 años cubriendo el sector inmobiliario. Es colaborador habitual de numerosas revistas de vivienda y publicaciones del sector de la vivienda y las finanzas. Los lectores pueden ponerse en contacto con él en lsichelman@aol.com.

Esta historia fue publicada originalmente el 9 de noviembre de 2021, 8:22 a. m..