La administración DeSantis desvió fondos destinados al bienestar infantil y médicos a consultores y anuncios
La administración del gobernador Ron DeSantis desvió más de $35 millones en fondos de los contribuyentes —una cifra muy superior a la conocida hasta ahora— como parte de una audaz agenda el año pasado para derrotar dos enmiendas en la boleta a las que él se oponía firmemente, ha descubierto una investigación del Miami Herald/Tampa Bay Times.
Gran parte del dinero estatal estaba destinado a ayudar a floridanos necesitados, incluidos niños. En su lugar, pagó a consultores políticos, abogados y miles de anuncios que ayudaron a DeSantis y a sus partidarios a ganar en las urnas.
Los anuncios comprados con el dinero desviado saturaron la televisión, las redes sociales y las emisoras de radio en las semanas previas a la elección. Defendían la prohibición del aborto a las seis semanas en Florida y hacían afirmaciones exageradas sobre los peligros de la marihuana sin mencionar que ambas fueron objeto de enmiendas en la boleta el otoño pasado.
En el camino, la administración del gobernador torció las leyes de gasto estatales y oscureció millones en gasto gubernamental, según muestran registros y entrevistas.
Los hallazgos arrojan nueva luz sobre la movilización de recursos estatales por parte de la administración DeSantis para financiar su lucha contra causas políticas apoyadas por la mayoría de los votantes de Florida. Amendment 3 habría legalizado la marihuana recreativa. Amendment 4 habría anulado la prohibición del aborto a las seis semanas impulsada por DeSantis. Ambas se quedaron a poco del 60% necesario para aprobarse.
La pieza más visible de su campaña —el uso de la organización benéfica estatal Hope Florida— es objeto de una investigación por un gran jurado. En ese caso, casi $10 millones de un acuerdo de Medicaid fueron dirigidos a un comité político controlado por el jefe de gabinete del gobernador.
Los nuevos hallazgos muestran que el gasto fue más de tres veces mayor.
Los portavoces de DeSantis y de cinco agencias estatales que le reportan no respondieron a los hallazgos del Herald/Times ni a las preguntas para este artículo.
El desvío de dinero estatal ocurrió en un momento en que la extensa base de donantes del gobernador, limitado por mandato, había empezado a secarse tras una fallida campaña presidencial. Sin el efectivo necesario para llevar a cabo la ofensiva total para derrotar las enmiendas, recurrió al dinero de los contribuyentes para emitir lo que llamó “anuncios de servicio público”, para educar a los floridanos.
Dichos anuncios son comunes en campañas estatales amplias que animan a la gente a usar cinturones de seguridad o a no enviar mensajes de texto mientras conduce —temas que tienden a evitar la política.
Pero correos electrónicos y registros de proveedores indican que el esfuerzo del año pasado estaba destinado a influir en el resultado de la elección, apuntando a votantes con mayor probabilidad de votar y generando inquietudes entre funcionarios en Washington. Para colocar anuncios, las agencias estatales usaron un subcontratista vinculado a una empresa que trabajaba con el Partido Republicano de Florida para derrotar las enmiendas.
Tras revisar el análisis del Herald/Times sobre cómo la administración DeSantis usó dinero estatal antes de la elección de 2024, legisladores y exfuncionarios estatales dijeron que, como mínimo, el gasto en anuncios soslayó la ley estatal.
El profesor emérito Kenneth Goodman, que durante décadas dirigió ética médica en la University of Miami, dijo que la campaña del estado —específicamente su dependencia de fondos para el bienestar infantil— fue equivalente a “socavar la voluntad de los votantes desviando recursos destinados a una población vulnerable”, dijo.
“Esto es corrupción a expensas de los niños”, dijo.
El dinero vino de fondos de salud
Para descubrir el alcance de la campaña de la administración DeSantis, el Herald/Times pasó meses revisando miles de páginas de correos electrónicos, recibos de proveedores, registros de anuncios y pagos estatales. Los reporteros indagaron en el sistema contable y presupuestario del estado, que rastrea el origen de cada centavo del presupuesto estatal del año pasado de $116.5 mil millones.
De $36.2 millones en dinero de los contribuyentes utilizado por la administración, el análisis muestra que al menos $21.2 millones se movieron a través de una intrincada red de transacciones financieras entre cinco agencias estatales hacia unos pocos proveedores.
Dado que las agencias estatales no registraron casi la mitad del gasto en la base de datos estatal de contrataciones en línea, los reporteros rastrearon el dinero siguiendo códigos de cuenta de 29 dígitos y códigos de objeto de 6 dígitos en tres bases de datos estatales.
El público no puede conocer las cantidades precisas gastadas por el estado porque la administración no ha entregado documentos clave solicitados bajo la ley de acceso público del estado, como facturas y los propios anuncios.
Los registros que el Herald/Times ha podido obtener muestran que, para pagar anuncios, funcionarios de DeSantis recurrieron repetidamente a dinero destinado a ayudar a floridanos vulnerables.
El Departamento de Niños y Familias , que ha luchado durante décadas para proteger a los niños en hogares de acogida (foster care), destinó $1.1 million de su programa de protección infantil para colocar anuncios. El dinero provenía de subsidios federales que en su mayoría iban destinados a organizaciones que ayudan a niños en hogas sustitutos u ofrecen servicios y asesoramiento a padres para que no pierdan la custodia de sus hijos.
Una factura indica que los anuncios eran sobre “Madres, bebés y niños”, lo que indica que eran para los anuncios sobre aborto.
La administración DeSantis tomó otros $4 millones del Fideicomiso para la Reducción de la Crisis de Opiáceos del estado y los dirigió hacia las campañas. Los legisladores estatales el año pasado asignaron $18 millones de este fideicomiso para “prevención y campañas publicitarias” pero indicaron que “debería dirigirse a las comunidades que se ven afectadas de manera desproporcionada por el abuso de opioides u otras sustancias”.
El estado obtuvo el dinero en 2022 al demandar a fabricantes y distribuidores de drogas. Se suponía que el mismo ayudaría a floridanos con adicción a las drogas.
El Departamento de Salud destinó $970,000 de su programa de promoción de salud pública comunitaria a las campañas.
Algunos de los principales legisladores del GOP querían que el dinero de ese programa se destinara a diferentes proyectos como $185,000 para una clínica que ayuda a niños a aprender a comer y tragar y $500,000 a un programa del área de Tampa Bay destinado a reducir las visitas a urgencias. Pero DeSantis los vetó, dejando el dinero sin gastar.
De los $36.2 millones de los contribuyentes gastados en la campaña del año pasado, el 79% provino de fondos reservados para la atención médica.
Ese total incluye $10 millones que el gobierno ordenó a Centene, contratista de Medicaid, donar a la Fundación Hope Florida como parte de un acuerdo legal en septiembre del año pasado.
Los borradores anteriores del acuerdo con Centene no mencionan a la Fundación Hope Florida. Se añadió como beneficiaria menos de dos semanas después de que el presidente Donald Trump aprobara la Enmienda 3 y aproximadamente dos semanas y media antes de que los votantes comenzaran a recibir el voto por correo.
Ese dinero podría haber regresado al estado para financiar la atención médica infantil así como a los hospitales rurales. En cambio, $8.5 millones terminaron en un comité político controlado por el entonces jefe de gabinete de DeSantis, James Uthmeier, dedicado a derrotar la Enmienda 3.
DeSantis no fue el único republicano en contra de las enmiendas. Su predecesor, el senador estadounidense Rick Scott, se opuso rotundamente a las iniciativas, según declaró su portavoz. Sin embargo, Scott cuestionó las tácticas de gasto de la administración.
“Las acusaciones de desviar fondos fiscales de poblaciones críticas de nuestro estado hacia consultores políticos y publicidad, especialmente dinero de la agencia que ayuda a niños de acogida, sobrevivientes de violencia doméstica y niños maltratados, son profundamente preocupantes”, declaró su portavoz en un comunicado.
Campaña publicitaria denominada “servicios de salud”
Los funcionarios estatales tienen flexibilidad para gastar el dinero estatal. Exfuncionarios del gobierno y otras personas con las que habló el Herald/Times no coincidieron en cuanto a si el gasto de la administración DeSantis infringió la ley estatal.
Sin embargo, al gastar dinero público en una iniciativa política, varias agencias tergiversaron las normas, según los observadores.
El Departamento de Salud, por ejemplo, desvió $2 millones de su fondo fiduciario de subvenciones y donaciones a la campaña. El departamento facturó estos fondos como “servicios de investigación” en el programa de regulación de la marihuana medicinal.
La Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud emitió un anticipo de $275,000 a la empresa de marketing que contrató. Este tipo de pago requiere una aprobación especial porque el estado gasta el dinero de los contribuyentes antes de prestar cualquier servicio.
La agencia justificó el pago porque “los bienes o servicios son esenciales para el funcionamiento de una agencia estatal”, según consta en los registros. También indicó que el dinero se utilizaría para “dar a conocer” los sitios web estatales para consumidores que rastrean aspectos como los precios de los medicamentos recetados o el costo de los procedimientos médicos. Sin embargo, la agencia pareció cambiar de postura. Utilizó uno de sus sitios web para consumidores para combatir la enmienda sobre el aborto, publicando advertencias de que “La Enmienda 4 amenaza la seguridad de las mujeres”.
El Departamento de Transporte de Florida destinó $4.4 millones para producir y emitir anuncios a través de la empresa de ingeniería RS&H, con sede en Jacksonville, utilizando un contrato vigente que la empresa tenía con el estado para proporcionar ingenieros para proyectos viales. Ese dinero provino de fondos del departamento que, según la ley estatal, se utilizan para financiar activos físicos, como edificios y terrenos.
RS&H remitió las preguntas al Departamento de Transporte, que no respondió al Herald/Times.
En seis ocasiones distintas, las agencias estatales de salud citaron la misma exención legal de los requisitos de licitación para las empresas que participaban en los anuncios, alegando que estos brindaban “servicios de salud que incluían examen, diagnóstico, tratamiento, prevención, consulta médica o administración”.
El Departamento de Salud ha citado dicha exención más de 5,000 veces desde 2020, utilizándola para pagar médicos, vacunas, exámenes médicos y otros servicios, según consta en los registros de contratación. Solo en otra ocasión el departamento la ha utilizado para “publicación y cumplimiento de contratos en medios”, y fue para combatir un brote de meningitis en 2022.
El cumplimiento del gasto de la agencia con las leyes y normas estatales es competencia del Departamento de Servicios Financieros, que audita, aprueba los gastos y emite los cheques. Está dirigido por el director financiero electo del estado.
En aquel momento, era Jimmy Patronis, quien posteriormente fue elegido para el Congreso. Su portavoz dijo que no podía responder preguntas sobre el gasto porque ya no tenía acceso al sistema estatal. Refirió las preguntas al departamento, dirigido por Blaise Ingoglia. DeSantis nombró a Ingoglia, exsenador estatal, para el cargo este verano. Una portavoz de Ingoglia señaló que el departamento recibe un promedio de 290,000 solicitudes de pago al mes y remitió las preguntas sobre el gasto a las agencias estatales.
Andrade, abogado, ha acusado a altos funcionarios de DeSantis de conducta delictiva por la forma en que la administración manejó el dinero público en el caso de la Fundación Hope Florida. En un comunicado sobre el gasto general, afirmó que parece que la administración hizo más que simplemente eludir las normas. Añadió que cree que el estado estaba "violando las leyes de adquisiciones".
"Es difícil describirlo como algo más que una malversación de fondos", afirmó.
La campaña se dirigió a los votantes afines
El Departamento de Niños y Familias describió sus anuncios anti-marihuana como una iniciativa para “educar a las familias y jóvenes floridanos sobre los peligros del consumo de marihuana, opioides y drogas”.
El 5 de septiembre, el subjefe de gabinete del departamento recibió 21 propuestas de anuncios de Strategic Digital Services, una firma de marketing y consultoría que ha liderado campañas publicitarias para diversas agencias estatales, así como para candidatos y comités republicanos de Florida. Catorce estaban dirigidas a adolescentes, incluyendo una titulada “Perdedor”.
“¿Quieres pasar tus días comiendo Hot Pockets compartiendo una caravana destartalada con dos adictos?”, decía el anuncio sugerido.
Tres días después, el departamento modificó su campaña, según señala un memorando de Strategic Digital Services. Los anuncios propuestos solo mencionaban la marihuana. Se añadirían referencias a las corporaciones farmacéuticas, haciéndose eco de los argumentos de DeSantis de que las compañías de marihuana estaban impulsando la iniciativa electoral con fines de lucro. Un anuncio afirmaba que la marihuana está “diseñada por corporaciones con un solo propósito: reconfigurar la mente humana”.
Para el 4 de octubre, la campaña del departamento dirigía los anuncios a adultos en edad de votar y a “padres y abuelos”, según una hoja de anuncios. Uno de los anuncios instaba a los espectadores a “educar a sus hijos adolescentes”, mientras que otro advertía: “Esta no es la marihuana de los años 60 y 70”.
Los anuncios hacían afirmaciones con poca o ninguna referencia. El consumo de marihuana entre adolescentes “aumenta el riesgo de trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, en más de un 1000%”, decía uno. Otro afirmaba que la marihuana “aumenta el riesgo de depresión y ansiedad en un 30%” en adolescentes y adultos jóvenes, y que “la psicosis de inicio rápido, la adicción y la esquizofrenia” eran efectos secundarios “comunes” de las cepas potentes.
Diversos estudios demuestran que el consumo frecuente de marihuana puede contribuir al desarrollo de la esquizofrenia en personas de alto riesgo, como aquellas con predisposición genética a las enfermedades mentales, según Madeline Meier, profesora asociada de psicología en la Universidad Estatal de Arizona, quien ha estudiado los daños del consumo de marihuana. Pero dijo que no podía evaluar las afirmaciones porque los anuncios no incluían ninguna multa.
Los anuncios del Departamento de Transporte de Florida sobre los peligros de conducir bajo los efectos de la marihuana incluían afirmaciones vagas o engañosas y no mencionaban las multas.
Un anuncio de octubre con alguaciles de Florida decía que las llamadas por violencia doméstica “a menudo se asocian con el consumo de marihuana”. Un anuncio del 29 de agosto decía: “Si tu nivel de THC no es cero, no es seguro conducir”, a pesar de que los estudios demuestran que puede permanecer en el torrente sanguíneo durante días o semanas después de que desaparezcan los efectos.
También se difundieron a un público de mayor edad.
El departamento tiene un contrato vigente con una empresa de marketing para producir y colocar anuncios contra la conducción peligrosa. En cuatro campañas del año pasado —sobre conducción distraída, exceso de velocidad y conducción bajo los efectos del alcohol—, dicha empresa se anunció en YouTube, Spotify, servicios de streaming y redes sociales, según consta en los registros del departamento.
Esto se debe a que la prioridad del departamento es dirigir los anuncios sobre conducción bajo los efectos del alcohol a los conductores más peligrosos en la carretera: hombres de entre 18 y 34 años.
Para la campaña contra la marihuana, la entonces jefa de gabinete del departamento, Leda Kelly, no contrató a dicha empresa de marketing. En su lugar, optó por la Asociación de Locutores de Florida, que emitió los anuncios en cadenas de televisión y estaciones de radio AM y FM del 1 de septiembre al 31 de diciembre del año pasado.
La asociación comercial no tiene control sobre la fecha de emisión de sus anuncios; la decisión recae exclusivamente en las estaciones. Un informe que entregó al departamento muestra que también publicó los anuncios en Google y YouTube, y que más de la mitad de sus impresiones llegaron a personas mayores de 55 años.
La empresa recibió un pago de $150,000 a través de RS&H, confirmó la presidenta de la asociación, que lleva muchos años en el cargo.
“Existe la preocupación de que esto sea político”
El 4 de octubre, una funcionaria de la Administración Nacional de Seguridad en el Transporte en las Carreteras (NHTSA) envió un correo electrónico al departamento de transporte de Florida sobre un anuncio que se estaba difundiendo en Facebook y televisión.
“Los accidentes por conducir bajo los efectos del alcohol aumentan en los estados donde la marihuana está legalizada”, afirmaba el anuncio.
“Existe la preocupación de que esto tenga un carácter político”, escribió la funcionaria federal, señalando que había una medida electoral relacionada con la marihuana.
Añadió que, si bien el anuncio trataba sobre la marihuana, mostraba incorrectamente el logotipo de la agencia federal “Drive Sober” que promueve la conducción en estado de ebriedad.
“El anuncio no está financiado con fondos federales de transporte, pero sin duda podemos reunirnos para hablarlo”, respondió una funcionaria del Departamento de Transporte de Florida.
Los correos electrónicos fueron obtenidos por el periodista de investigación Jason García, quien publica el boletín Seeking Rents en Substack. García estimó que el estado gastó entre $35 y $40 millones en la campaña.
Ni los funcionarios estatales ni los federales revelaron cómo se resolvió el desacuerdo.
En el tribunal, el estado argumentó que el anuncio no violaba el código electoral estatal porque no mencionaba la Enmienda 3. Un juez coincidió, y el caso está en apelación.
En público, DeSantis y sus portavoces afirmaron que el estado tenía el deber de educar a los floridanos sobre las enmiendas.
“No se trata de campaña electoral”, declaró DeSantis en septiembre del año pasado. “Son cosas que sin duda se pueden lograr a través de estos anuncios de servicio público. Y me alegra que lo estén haciendo”.
Los anuncios no eran anuncios de servicio público, que se emiten gratuitamente a discreción de la estación, según los compradores de anuncios entrevistados por el Herald/Times.
De hecho, diferentes organizaciones discreparon sobre cómo definirlos. La Asociación de Locutores de Florida calificó los suyos como “anuncios de apoyo no comerciales”.
La empresa de seguimiento de medios AdImpact calificó como política aproximadamente una cuarta parte del gasto estatal en publicidad televisiva, unos $1.5 millones de la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud.
Los anuncios de la agencia, copatrocinados por otros departamentos, parecían abordar directamente los anuncios políticos emitidos por los patrocinadores de la Enmienda 4. Los anuncios estatales mencionaban “mentiras” y “desinformación” y remitían a los espectadores al sitio web estatal de transparencia de precios, donde se afirmaba que la Enmienda 4 “amenaza la seguridad de las mujeres”.
En Facebook, las agencias estatales publicaron anuncios en las semanas previas a las elecciones, con vencimiento el día de las elecciones o una semana después, según análisis de la plataforma. Facebook clasificó los anuncios como “temas sociales, elecciones o política”. “Para mí, seguramente suena como si hubieran tomado dinero destinado a otros fines y claramente lo hubieran usado para defender un resultado deseado para estas enmiendas”, dijo Chris Brimer, socio de la empresa de colocación de publicidad Canal Partners Media, con sede en Atlanta.
La ley de Florida tipifica como delito menor que un empleado o funcionario estatal utilice su cargo oficial para interferir en una elección o influir en el voto de alguien. La pena puede ser de hasta un año de cárcel. En una demanda del año pasado, un juez del condado de Leon declaró que las agencias estatales tienen “autoridad presupuestaria para gastar fondos en anuncios de servicio público”.
Para llevar a cabo la campaña, la Agencia para la Administración de la Atención Médica y los departamentos de Educación, Salud y Niños y Familias recurrieron a la misma empresa: Strategic Digital Services.
Las facturas y los datos de pago estatales muestran que las cuatro agencias llegaron a acuerdos con la empresa con una diferencia de tres días. En conjunto, pagaron a la empresa al menos 16,4 millones, según el análisis del Herald/Times.
Los registros también muestran que el estado y el Partido Republicano de Florida utilizaban empresas relacionadas para colocar sus anuncios.
Las facturas muestran que Strategic Digital Services utilizó un subcontratista llamado Total Video Placements para producir y colocar anuncios. Esta empresa comparte una dirección postal en New Albany, Ohio con Flexpoint Media, la empresa con la que trabajaron el comité de Uthmeier y el Partido Republicano de Florida, según archivos de la Comisión Federal de Comunicaciones.
El director ejecutivo de Strategic Digital Services, Joe Clements, no reveló cuánto cobró su empresa por la campaña del año pasado ni con qué empresas colaboró.
“Todo nuestro trabajo en nombre del Estado de Florida es asignado, dirigido y aprobado por los gerentes de contratos, según los términos y condiciones de cada contrato específico”, declaró Clements en un comunicado.
El secreto en torno al gasto
Las cinco agencias estatales no han respondido a las preguntas. Cuatro publicaron pocos registros y una agencia no publicó nada.
El Departamento de Educación, por ejemplo, gastó $3.2 millones en la campaña, según datos de gastos. Sin embargo, cuando se le solicitó el contrato y los registros relacionados con dicho gasto, envió un enlace al sitio web de contrataciones públicas del estado, donde el departamento no publicó el contrato. Ese sitio web muestra erróneamente que el departamento gastó $304,920.
Los periodistas encontraron los $2.9 millones restantes siguiendo los códigos de cuenta y objeto que figuran en el sitio web de contrataciones a través de los sistemas estatales de presupuesto y pago.
El Departamento de Salud gastó $6 millones en publicidad, pero no ha entregado ningún registro, excepto el contrato. El Departamento de Transporte publicó registros sobre sus contratos legales relacionados con la campaña. No ha publicado registros ni respondido a preguntas sobre cómo gastó $4.4 millones con RS&H.
Ninguno de los registros que el estado ha publicado ofrece información específica sobre su estrategia contra la iniciativa del aborto. Los 36,2 millones de dólares de gasto identificados por el Herald/Times incluyen un aumento de 5 millones de dólares en el presupuesto de marketing de la Red de Atención Prenatal de Florida para la publicación de anuncios explícitamente en contra de la Enmienda 4. La junta directiva de la red de clínicas antiaborto se negó y, en su lugar, optó por publicar anuncios más neutrales sobre los servicios de la organización y promocionar los servicios de Florida para mujeres embarazadas y familias durante el período previo a las elecciones. Posteriormente, DeSantis propuso retirarle la financiación a la red.
Esa cifra no incluye el coste de otras iniciativas de la administración DeSantis contra las enmiendas el año pasado.
Su Departamento de Estado inició una extensa investigación por fraude sobre la campaña de la enmienda a favor del aborto, que incluyó el envío de policías a las casas de los votantes.
El Departamento de Salud del gobernador amenazó con enjuiciar penalmente a las estaciones de televisión si no dejaban de emitir un anuncio de la campaña “Sí a la Propuesta 4” sobre la prohibición del aborto a las seis semanas de embarazo en Florida. El asesor general del departamento renunció abruptamente el 10 de octubre, negándose a enviar más cartas que, según él, fueron redactadas previamente por la oficina del gobernador.
El Herald/Times descubrió que el estado gastó $407,615 en abogados con conexiones políticas que cobraban hasta $715 por hora para defender las iniciativas estatales.
Se desconoce el efecto que los anuncios estatales tuvieron en los votantes. El comité de Uthmeier y el Partido Republicano de Florida gastaron juntos $24 millones contra la enmienda sobre la marihuana y $26 millones contra la enmienda sobre el aborto en televisión y cable, según AdImpact.
Los datos de AdImpact muestran que las agencias estatales gastaron $3.1 millones contra la enmienda sobre la marihuana y $2.9 millones contra el aborto en televisión abierta. Esto no incluye gastos como la creación de anuncios y su difusión en redes sociales.
El estado solo proporcionó a los periodistas facturas por un tercio del gasto de las agencias. Esos registros detallan $4.9 millones en publicidad digital.
Los anuncios del estado tuvieron un impacto financiero descomunal. Debido a que las emisoras no los clasificaron como políticos, el estado recibió grandes descuentos para emitir al menos algunos de ellos. La Asociación de Emisoras de Florida, por ejemplo, garantizó al Departamento de Transporte un mínimo de $4 de tiempo de emisión por cada $1 gastado, una tarifa estándar cuando funciona para agencias estatales y organizaciones sin fines de lucro.
El comité que impulsó la enmienda sobre la marihuana estimó que, para finales de octubre del año pasado, el estado había emitido 13,000 anuncios de televisión, 5,000 cuñas de radio y anuncios en otras plataformas en su contra por un valor de más de $50 millones.
En ese momento, la derrota de ambas medidas electorales se consideró un importante regreso político para DeSantis, quien había advertido que su aprobación “haría que Florida fuera más demócrata”.
Efectos a largo plazo de la campaña
Tras el fracaso del año pasado, quienes apoyaban la iniciativa a favor del aborto disolvieron su comité. El líder de la campaña no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes de texto para este artículo.
Sin embargo, la empresa de marihuana Trulieve respalda nuevamente la iniciativa para que la marihuana recreativa se incluya en la boleta electoral el próximo año. La campaña, Smart and Safe Florida, demandó dos veces a la administración DeSantis en octubre por lo que calificó como intentos indebidos de socavar sus esfuerzos. En una demanda, un juez respaldó la decisión del estado de desechar más de 200,000 firmas de peticiones en apoyo de la enmienda.
En referencia a la campaña de la administración contra las iniciativas a favor del aborto y la marihuana del año pasado, los legisladores aprobaron este año una disposición en un proyecto de ley más amplio que prohíbe al gobierno estatal gastar dinero en combatir futuras enmiendas. La legislación especifica que la prohibición está vigente incluso si el estado afirma que simplemente está difundiendo “información objetiva”.
La disposición fue añadida por la senadora Jennifer Bradley, republicana de Fleming Island, antes de que los legisladores conocieran el alcance del gasto estatal. Para el Día de las Elecciones, esas compras de anuncios habían cesado.
“Simplemente está mal”, dijo.
DeSantis ha reconocido que la mayoría de los floridanos apoyaron las dos enmiendas en la boleta electoral del año pasado. Pero se atribuyó el mérito de derrotarlas, declarando en octubre que no iba a quedarse de brazos cruzados.
“Nos mantuvimos firmes”, dijo.
El momento en que se emitieron los anuncios subraya la naturaleza precisa y específica de la campaña de DeSantis. Los registros de anuncios televisivos revisados por el Herald/Times muestran que la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud, el Departamento de Salud y el Departamento de Niños y Familias aumentaron sus compras de publicidad a finales de septiembre del año pasado, cuando la temporada electoral estaba en su apogeo y los votantes comenzaron a recibir las papeletas de voto por correo.
Para el día de las elecciones, esas compras de publicidad habían termina.
La reportera de la oficina de Tallahassee del Herald/Times, Romy Ellenbogen, contribuyó a este reportaje.
Esta historia fue publicada originalmente el 12 de diciembre de 2025 a las 11:28 a. m. con el titular "La administración DeSantis desvió fondos destinados al bienestar infantil y médicos a consultores y anuncios."