Candente debate en Miami por viviendas para obreros
Hace unos días un grupo de prominentes mujeres de la industria inmobiliaria defendió, con vehemencia, una propuesta que obligaría a los urbanistas del condado a incluir en sus proyectos unidades para la clase obrera.
Es un secreto a voces que la fuerza laboral de nuestra ciudad se encuentra cada vez más enajenada ya que los alquileres que dicta el mercado han continuado su ascenso, sin que los sueldos de la clase obrera se equiparen en lo más mínimo con este incremento.
Miami, según las estadísticas, es una de las 10 ciudades con los alquileres más altos del país. Otras ciudades han tomado medidas legislativas para solucionar este problema.
Avra Jain una de las panelistas, ofreció el ejemplo de la ciudad de Nueva York, que subrayó, si ha tenido en cuenta las necesidades de sus trabajadores. Es cierto que Jain, principal del grupo Vagabond, no habla a lo ligero, ya que su compañía se encargó de comprar un edificio multifamiliar cerca del Hotel Vagabond, para alojar a sus empleados y evitar así los trayectos de varias horas a los que se veían obligados.
Este próximo septiembre la Comisión de Miami-Dade votará sobre esta legislación, que de ser aprobada exigirá a los urbanistas que al menos un 10% de sus proyectos se destinen para alojar a la clase trabajadora. A cambio, el condado le ofrecerá a estos desarrolladores un incremento de un 15% extra de densidad en sus proyectos.
Muchos se preguntarán a quién se le ofrecerán estas unidades. La mitad de ellas se le ofrecerán a los residentes que ganan de 60% a 79% del sueldo medio del Condado. La otra mitad a los trabajadores que ganan entre 80% y 140% del salario medio.
Este debate, de seguro, irá cobrando intensidad a medida que pasan los días ya que no son todos los que están de acuerdo con esta medida.
La Asociación de Constructores del Sur de la Florida (BASF) si bien está de acuerdo que hay que considerar las necesidades de la clase obrera y ofrecerles viviendas costeables, se opone radicalmente a que esta medida sea impuesta a fuerza a los urbanistas.
“Estamos de acuerdo con una ordenanza voluntaria acompañada de un incentivo para los constructores que decidan optar por ella, pero desde luego no una imposición como propone la comisionada Bárbara Jordan, que inevitablemente le pasará el costo a otros consumidores y terminará teniendo el efecto opuesto de lo que se está intentando conseguir” dijo Ben Salomón presidente de dicha asociación.
Salomón señaló que su organización está trabajando con tesón para encontrar un compromiso que sea razonable para ambas partes y evitar que se imponga esta legislación, cuya legalidad dijo, es cuestionable, y tendrá un efecto negativo sobre la industria de bienes raíces, uno de los motores principales de nuestra economía.
“Hay una propuesta circulando entre los comisionados llamada White Paper que propone un compromiso”, dijo Salomón. “Reconocemos que hay que hacer cambios a la ordenanza voluntaria que tenemos para proveer vivienda a la clase obrera. Somos los primeros en decir que obviamente está anticuada”.
Los urbanistas, sin embargo, consideran que la responsabilidad debe recaer en un compromiso en el que estén representados todos sus segmentos del área geográfica y que no recaiga solo sobre el sector de los constructores residenciales.
Esta historia fue publicada originalmente el 24 de agosto de 2016, 1:44 p. m. with the headline "Candente debate en Miami por viviendas para obreros."