No todas las muertes infantiles eran reportadas por agencia de Florida
Nubia Barahona fue encontrada el Día de San Valentín en la cama de un camión de control de plagas. Ella había sido encerrada y la hicieron pasar hambre, fue golpeada y torturada, y finalmente empapada en sustancias químicas tóxicas antes de que su cuerpo fuera metido en una bolsa de basura negra.
La muerte de la niña de 10 años en el 2011 fue tan atroz — y el papel que jugó el Departamento de Niños y Familias (DCF, por sus siglas en inglés) antes de la misma fue de una inepcia tal — que trajo consigo despidos y renuncias, una serie de indignadas audiencias públicas, nuevas leyes estatales y una calle pública que lleva su nombre. Hasta el día de hoy, el nombre de Nubia es para algunos un grito de guerra, y la personificación de todo lo que no funciona en el DCF.
Resulta ser que ella personifica algo más: la afición del DCF por minimizar el número de muertes de los niños que se suponía que protegiera. El mes pasado, la Florida conmemoró el tercer aniversario del fallecimiento de Nubia, y el estado todavía no ha enviado su caso a la Comisión de Revista de Muertes por Abuso Infantil de la Florida.
La comisión de revista de muertes juega un papel sombrío pero importante: estudiar tragedias de ese tipo con la esperanza de aprender lecciones que eviten muertes similares en el futuro. No se podrá aprender lecciones de este tipo con respecto al caso de Nubia hasta que la comisión reciba el expediente.
“Esto es un insulto a la memoria de ella”, dijo la jueza de circuito de Miami-Dade Jeri Beth Cohen, quien lleva 15 años en los tribunales de bienestar infantil y es presidenta de la junta de supervisión de custodia estatal de Miami.
¿Cómo es posible que Nubia no haya sido tenida en cuenta?
La cuenta anual de mortalidad infantil de la Florida está contenida en un informe que compila la comisión de revista de muertes. La comisión opera bajo la sombrilla del Departamento de Salud con datos brindados por el DCF. Ese informe anual que se presenta al gobernador y la Legislatura es la notificación oficial de cuántos niños mueren a consecuencia del abuso y la negligencia en la Florida. Esa información debe armar a los legisladores con la información que ellos necesitan para tomar decisiones sobre el financiamiento y el mejoramiento del DCF.
Hasta el 2010, el informe incluía una categoría que especificaba cuántas muertes por abuso y negligencia correspondían a víctimas que vivían con familias que tenían un historial previo con el DCF. Esa cifra — “muertes con antecedentes” — es un punto de referencia clave para evaluar la efectividad del DCF.
La investigación hecha durante todo un año por el Miami Herald sobre la mortalidad infantil en la Florida reveló que al gobernador y la Legislatura se les suministran cifras incompletas y artificialmente bajas.
Por ejemplo: en el 2008, la cifra total de “muertes con antecedentes” en la Florida fue de 79 en el informe al gobernador. El Herald contó 103, usando los propios archivos del DCF. En el 2009, el informe mencionó 69 muertes. El Herald contó 107.
Después del 2010, en el mismo momento en que el estado enfrentaba acerbas críticas por la muerte de Nubia y otros casos de alta notoriedad, el informe no siguió desglosando las “muertes con antecedentes”.
No existe conspiración alguna
Debido a que toma tiempo para que el DCF pueda “verificar” que una muerte sea resultado del abuso o la negligencia, no es sorprendente que algunas muertes de último minuto no se puedan incluir en el informe anual. Algunas, no obstante, permanecen estancadas en un anaquel, todavía “abiertas” en la jerga del estado, durante meses. Y, en el caso de Nubia, años.
Paul Neumann, quien fue el tutor designado por el tribunal en el caso de Nubia, dijo: “Ellos no están dispuestos a admitir lo mal que estaban las cosas o lo mal que siguen estando. Pero ese es el primer paso para mejorar algo. Hay que admitir que se tiene un problema antes de que se pueda hacer intento alguno de arreglarlo”.
“Ellos no quieren esas cifras porque hacen que el estado se vea mal”, dijo la mayor Connie Shingledecker, del Departamento de Policía del Condado Manatee, quien supervisa el programa de protección infantil de ese condado a nombre del DCF y prestó servicio durante 10 años en la Comisión de Revista de Muertes por Abuso Infantil, cuatro de ellos como presidenta.
No contar muertes infantiles, escribió el doctor Bruce McIntosh en un correo electrónico de junio del 2013 a otros funcionarios de salud pública, “tendrá el efecto de que estas muertes prevenibles se borren de la conciencia pública”.
McIntosh, director médico del Equipo de Protección Infantil en Jacksonville, agregó que el DCF “no cambiará esta política por su propia voluntad. Por lo tanto, mientras las estadísticas del DCF parezcan mostrar una reducción en las muertes de bebés y niños, esas muertes continuarán, y no se dará apoyo a los esfuerzos de educación pública para prevenirlas”.
La secretaria interina del DCF, Esther Jacobo, dijo que no existe conspiración alguna.
“Estoy al tanto de los críticos, y sé que la gente de la comisión de revista de muertes hace mucho que quieren que verifiquemos más [muertes infantiles] para que ellos puedan ver más”, dijo Jacobo. “No puedo imaginar que estemos tan organizados como para contar con ese tipo de conspiración a gran escala en que estemos falsificando las cifras. Hay demasiadas personas involucradas en eso”.
Ella admitió que lo que se considera abuso infantil verificado en una parte del estado se puede considerar de otro modo en otro lugar. Cada región tiene su propio equipo de investigadores y administradores que pasan revista a las muertes infantiles, y a menudo ellos interpretan la política de la agencia de modos diferentes.
Las diferencias han sido marcadas: desde el 2008, el Herald contó 51 muertes infantiles con un historial en el DCF en el Condado Broward, en contraste con 25 para Miami-Dade, que tiene 30 por ciento más niños.
Broward, donde el DCF delega la investigación y verificación de las muertes infantiles al Departamento de Policía de Broward (BSO), presenta por lo menos 14 fallecimientos más con un historial con el DCF que cualquier otro condado en el estado.
El ex agente del BSO James Harn, quien supervisaba a los investigadores de protección infantil antes de retirarse cuando se eligió a un nuevo jefe de policía el año pasado, dijo que las disputas con respecto a la verificación de muertes infantiles generalmente se refieren a casos en que la muerte fue producto del uso de drogas o la falta de atención de los padres. “Ciertamente, ellos no querían que el niño muriera”, dijo Harn, “pero la negligencia fue lo que llevó a esa muerte, por lo tanto vamos a verificarla”.
Administradores de BSO reportaron 23 muertes por abuso o negligencia a la Comisión de Revista de Muertes por Abuso Infantil del estado en 2012. Los líderes del DCF en Miami reportaron tres ese año. Asombrosamente, las tres muertes verificadas de Miami provenían de un total de 285 fallecimientos reportados; Broward investigó 181 ese año.
Al menos otras nueve muertes del 2012 en Miami-Dade permanecían “abiertas”, o pendientes, para el otoño del 2013, lo cual significa que no se tienen en cuenta para el conteo anual.
Recursos preciados
El atraso en la investigación de muertes llegó a tal nivel que los miembros del Equipo de Revista de Muertes por Abuso local de Miami, el cual estudia dichas muertes, se quejaron en una serie de correos electrónicos en septiembre del 2013 de que no tenían nada que estudiar.
“Esto es un derroche de un recurso preciado para nuestra comunidad”, dijo un correo electrónico, enviado por un miembro del equipo al DCF.
A fines de enero del 2014, el Miami Herald preguntó a Jacobo sobre el estatus de un caso en particular, el asesinato ocurrido el 13 de noviembre del 2012 de las hermanas Daniela y Julia Christina Padrino. La policía dijo que el padrastro de las niñas, Alberto Sierra, asfixió con una bolsa plástica a la madre de ellas, Gladys Machado, de quien estaba separado, y luego asfixió a las niñas. Sierra confesó luego haberlas asesinado, y confesó asimismo haber violado los cadáveres de Machado y la mayor de las niñas, Julia, de 8 años.
Sierra había mordido a Julia en el brazo en octubre del 2011, según un reporte al DCF, dejándole una herida visible. Aunque el DCF verificó la alegación como abuso después del incidente, la agencia no tomó medida alguna para proteger a las niñas, concluyendo que las hermanas estaban a salvo mientras Sierra estaba en la cárcel por violación de su libertad condicional. Machado prometió divorciarse de Sierra y mantenerlo lejos de sus hijas. Ella cambió de idea y volvió con él una vez que fue puesto en libertad.
Ese día, en noviembre del 2012 — el día después del cuarto cumpleaños de Daniela — Sierra mató a Machado y a sus dos hijas en un arranque de ira luego que Machado respondió a una llamada telefónica de otro hombre, dijo Sierra a la policía. Las tres fueron encontradas en el clóset de una casa abandonada. El DCF verificó las muertes como abuso o negligencia — de modo que se pudieron incluir, finalmente, en el conteo anual — una semana después de que el Herald inquirió sobre ellas, y más de un año después de que ocurrieron. Sierra espera juicio por cargos de violación y asesinato de primer grado. Podría recibir la pena de muerte.
También están pendientes en Miami-Dade, según el equipo local de revista de muertes, la muerte a tiros de Stefan Zúñiga, de 11 años, supuestamente a manos de su padre, ocurrida el 20 de febrero del 2013; la muerte por hipertermia de Bryan Osceola, de quien la policía afirma que murió el 16 de mayo del 2013 asfixiado en el carro de su madre dos meses después de que ella fuera acusada de manejar bajo la influencia con Bryan suelto en su regazo.
También está pendiente la muerte de Ezra Raphael, quien se dice fue muerto a golpes el 20 de junio del 2013 por el novio de su madre; y la de Jayden Villegas-Morales, quien murió el 17 de julio del 2013 y cuyo padre será enjuiciado por cargos de homicidio culposo. Luego que un hermano suyo sufrió la rotura de una pierna al cuidado de su madre, el DCF colocó a Jayden en el efficiency de su padre, conjuntamente con otros ocho niños, dos adultos y un perrito.
El Herald incluyó a Bryan, Ezra y Jayden en su cuenta de 477 muertes por abuso infantil aunque, técnicamente, no han sido enviadas al equipo estatal de revista de muerte.
Una portavoz del DCF, Alexis A. Lambert, dijo que esos casos permanecen abiertos mientras la agencia espera por “información adicional” sobre los mismos.
En peligro, intencionalmente
Una razón más por la que las muertes infantiles no están disminuyendo, aun cuando la agencia afirma que sí: en septiembre del 2010, el principal coordinador de revista de muertes del DCF, Keith Perlman, escribió nuevas pautas para investigar muertes infantiles en las que redefinió el concepto de negligencia.
Las nuevas pautas establecen que el DCF solo debe verificar las muertes accidentales por ahogamiento y asfixia si uno de los padres pone deliberadamente en peligro a su hijo. La muerte de un niño ahogado se considera como el resultado de negligencia si el cuidador entendió que el niño estaba “en peligro, e , intencionalmente, permitió que el niño fuera puesto en peligro”, escribió Perlman.
Perlman estableció además que un niño/niña sofocado por sus padres mientras compartía su cama no muere necesariamente por negligencia si el comportamiento de sus padres entra dentro de un “umbral socialmente aceptable”. Si otros padres duermen con sus hijos pequeños en una cama para adultos, escribió en el memorándum de septiembre del 2010, dicha conducta — aunque peligrosa — no es negligente.
El cambio de pautas tuvo lugar en un momento en que la agencia estaba siendo criticada por no hacer nada para prevenir muertes infantiles.
Un empleado del DCF que había escrito varios correos electrónicos criticando la política de la agencia dijo que la decisión de excluir algunas muertes por ahogamiento o dormir en condiciones peligrosas fue concebida explícitamente para mejorar la imagen del DCF.
“El secretario [David] Wilkins preguntó cómo nos veríamos si no incluíamos las muertes por ahogamiento o dormir en condiciones peligrosas”, escribió Ron Hardcastle, entonces empleado de asistencia pública del DCF, en un correo electrónico de abril del 2011 a la persona que estaba entonces a cargo del bienestar infantil en el DCF, documentando una reunión que tuvo con el secretario. “El secretario indicó que deberíamos considerar la posibilidad de excluir esas muertes”.
Wilkins dijo que él recuerda haber discutido el tema de la protección infantil con Hardcastle, pero niega haber sugerido en ningún momento que la agencia suprimiera cifras. “Eso, por supuesto, no es cierto”, dijo Wilkins, quien renunció a su puesto el verano pasado en medio de un escándalo sobre las muertes infantiles.
Documentos obtenidos por el Herald muestran que, en junio del 2010, el DCF incluyó formalmente las nuevas definiciones de negligencia en los procedimientos escritos que regulan cómo se clasifican las muertes infantiles. Por ejemplo, para que se cuente la muerte de un niño asfixiado en la cama bajo las nuevas reglas, la muerte tiene que ser resultado de “un acto intencional por parte del cuidador”. El estatuto criminal de abuso infantil de la Florida, por otra parte, no requiere un acto intencional para acusar al padre o la madre de un delito de mayor cuantía.
En los meses que siguieron, la cifra de muertes infantiles reportada por el DCF se redujo.
Un niño de dos años se ahogó en la piscina de su tío en agosto del 2011 mientras su madre no le prestaba atención. Medio año antes, la madre había sido objeto de un reporte a la línea directa de abuso infantil del estado afirmando que su uso de drogas y su falta de supervisión ponían en peligro al niño.
“La muerte no pareció ocurrir como resultado de una acción directa e intencional por parte de la cuidadora”, concluyó una investigación del caso por parte del DCF. “Fue el resultado de que ella no brindara la supervisión necesaria”. La muerte no fue verificada como negligencia.
Sin contar
Aunque el condado Broward está a la cabeza del estado en cuanto a muertes verificadas por abuso y negligencia, Kim Burgess, coordinadora de prevención de ahogamiento del Departamento de Salud en Fort Lauderdale, dijo que esa dudosa distinción se deriva del hecho de que los investigadores del BSO cuentan la mayoría de los casos de ahogamiento como negligencia, mientras que los condados en que el DCF investiga las muertes a menudo no lo hacen.
“Ellos no los están contando. Ellos no los quieren contar”, dijo Burgess, quien es además presidenta del equipo que investiga las muertes infantiles de Broward. “Para ellos, ahogarse no tiene nada que ver con ellos”.
El resultado, dijo Burgess, es que los administradores de salud y bienestar infantil en muchas partes del estado no han hecho mucho para dar la voz de alarma sobre los peligros potenciales para los niños no supervisados junto a piscinas y canales. “La muerte de cada niño, en especial si se ahoga, tiene que ser investigada”, dijo Burgess. “Un niño ha muerto. Tenemos que saber cómo sucedió, por qué sucedió, y si pudo haberse prevenido”.
Ella dijo que la agencia tiene además que presentar un conteo completo para justificar recibir fondos adecuados para el bienestar infantil por parte del estado.
Pasar revista a las muertes infantiles, “nos permite llevar a cabo actividades educacionales y, con suerte, prevenir algunas de esas muertes; lo cual es, en última instancia, nuestra meta”, dijo la doctora Mary Stockett, quien era directora médica del Equipo de Protección Infantil del Condado Brevard antes de mudarse a Oklahoma el año pasado.
“Si se hace justicia de algún modo al niño fallecido, y a lo que él experimentó en su vida, es que, tal vez, eso permitirá que algún otro niño sobreviva y no sufra su misma suerte”, dijo.
Esta historia fue publicada originalmente el 23 de marzo de 2014, 0:00 a. m..