Junta de Educación estatal no cambia de opinión sobre las mascarillas
Ocho distritos escolares de la Florida —incluidos los condados Miami-Dade y Broward— deben enfrentar reducciones de fondos equivalentes al sueldo de los miembros de sus juntas escolares por continuar su postura rígida sobre el uso de las mascarillas en las escuelas, acordó el jueves la Junta Estatal de Educación.
En una reunión de urgencia, la junta respaldó por unanimidad la medida del comisionado de Educación, Richard Corcoran, de emplear las sanciones si fuera necesario como forma de obligar a los distritos a seguir las instrucciones de los departamentos estatales de Salud y de Educación en materia de prevención contra el COVID-19.
Los ocho condados tienen 48 horas para demostrar que cumplirán las órdenes del estado antes que se impongan las sanciones mensuales.
Esas instrucciones, que entran en conflicto con las orientaciones de los CDC permiten a los padres decidir a su entera discreción si un alumno debe llevar mascarilla. Más recientemente, el director de Salubridad del estado también concedió a los padres el derecho a decidir si los niños sin síntomas deberían hacer cuarentena tras la exposición al COVID-19.
Aunque una docena de distritos desafiaron inicialmente las instrucciones del estado sobre el uso de mascarillas, varios —entre ellos el del Condado Hillsborough— se han retractado en las últimas semanas, dejando a ocho en conflicto con el estado: Alachua, Brevard, Broward, Duval, Leon, Miami-Dade, Orange y Palm Beach. Estos distritos suelen exigir documentación médica antes que los padres puedan optar por no cumplir las normas de uso de mascarillas en nombre de sus hijos.
En Hillsborough, los miembros de la Junta Escolar votaron 6 a 1 el martes por la noche para eliminar el requisito de documentación médica, por recomendación del superintendente Addison Davis.
Antes de votar el jueves, la Junta Estatal tomó los comentarios por teléfono de los miembros del público, que en su mayoría se quejaron de los requisitos del uso de mascarillas en las escuelas de su condado. Algunos dijeron que se presentaron en las reuniones de sus junta escolares locales para protestar y fueron expulsados.
La perspectiva de las sanciones llamó la atención de la Casa Blanca, donde los funcionarios crearon un programa de subvenciones para reembolsar a esos distritos escolares la cantidad que pudieran perder.
Alachua y Broward, que ya son multados por una decisión estatal de agosto, fueron los dos primeros distritos en solicitar con éxito la ayuda federal. Las multas que se impusieron el jueves incluyen $147,000 adicionales para Alachua y $420,000 para Broward, que es la cantidad de sus subvenciones federales.
No se dieron cantidades para los otros distritos. Si el estado usa el mismo proceso que con Alachua y Broward, se les pedirá que reúnan la información de las nóminas de los miembros de sus juntas escolares y la envíen al estado para que se puedan calcular sus multas.
Corcoran calificó la acción federal de “atroz” y dijo que las subvenciones alientan a los distritos escolares a violar la ley en la Florida. “Los floridanos deberían sentirse ofendidos por el uso de los impuestos federales por parte de la administración de Biden en un intento de hacer que la aplicación de las leyes en la Florida sea tan ineficaz”, dijo.
Tras la decisión de la Junta Estatal, el superintendente descolar de Miami-Dade, Alberto Carvalho, emitió un comunicado: “El compromiso de nuestra junta escolar de salvaguardar la salud y el bienestar de todos los estudiantes y empleados no ha flaqueado. No estamos de acuerdo con la recomendación de la Junta Estatal de Educación de hoy y ... creemos de todo corazón que cumplimos con la ley, la razón y la ciencia. No ha habido brotes importantes en las escuelas y los casos de estudiantes han disminuido desde que alcanzaron su punto máximo a principios de septiembre, una tendencia que esperamos que continúe debido a nuestro enfoque de mitigación por niveles”.
“Aunque el resultado de la reunión de hoy era esperado, no deja de ser decepcionante”, agregó.
Respuesta rápida de Washington
La decisión provocó una reacción inmediata del subsecretario de Educación federal, Ian Rosenblum, que envió una carta a Corcoran cuestionando la legalidad de las sanciones.
Rosenblum escribió que, con limitadas excepciones, la Ley Federal de Educación Primaria y Secundaria no permite a los estados recibir pagos federales cuando determinan la cantidad de ayuda que concederán a un distrito escolar local.
La superintendente de Alachua, Carlee Simon, también emitió una respuesta, diciendo en un comunicado: “A pesar de la acción de la junta estatal, las Escuelas Públicas del Condado Alachua mantendrán sus actuales protocolos de uso de mascarillas. Creemos que esos protocolos cumplen con la ley estatal y nuestra obligación constitucional de proporcionar a los estudiantes un entorno de aprendizaje seguro”.
En la reunión del jueves, los superintendentes de los ocho condados pudieron exponer sus posiciones. Uno por uno, describieron el extraordinario aumento de informes de casos de COVID-19 en agosto, cuando la variante Delta arrasó en el estado.
“A solo ocho días de iniciado el año escolar, informamos de 492 casos de COVID-19”, dijo la superintendente de Duval, Diana Greene. “En menos de una semana, ya estábamos en el 19% del total de casos reportados para todo el año escolar 2020-21”.
Los recursos estatales no fueron suficientes para responder. “La incapacidad del Departamento de Salud de la Florida para llevar a cabo investigaciones oportunas de los casos tuvo un impacto directo en la propagación del virus a través de nuestras escuelas, lo que en última instancia pone en peligro la salud y la seguridad de los estudiantes y empleados”, dijo Greene. Después de dos semanas de clase, añadió, 10 empleados habían perdido la vida.
Los superintendentes dijeron que habían escuchado a los expertos médicos locales y a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) a la hora de formular sus políticas.
Negaron haber mostrado falta de respeto a los derechos de los padres, como han alegado los dirigentes estatales.
“Seamos claros. Apoyamos totalmente que los padres tengan derechos y libertades individuales”, dijo el superintendente del Condado Leon, Rocky Hanna, quien también ofreció renunciar a su salario si su distrito es sancionado.
También dijeron que las recientes acciones de Corcoran y el gobernador Ron DeSantis marcan un cambio abrupto con respecto al año pasado, cuando el Estado y los distritos trabajaron juntos para mitigar la propagación del virus a través de las escuelas.
“Hemos sido socios en todo momento y ha funcionado”, dijo Carvalho, quien también citó a la poeta Maya Angelou. “Cuando sabemos más, debemos hacerlo mejor”, dijo.
Corcoran cita cifras
Aunque los superintendentes insistieron en que el uso de mascarillas los ha ayudado a contener la propagación del virus, Corcoran citó estadísticas que muestran que solo hay una diferencia de unos 2 puntos porcentuales entre los distritos escolares con estipulaciones de exclusión de uso de mascarillas y los que no las tienen en lo que respecta a la disminución de los casos de COVID-19 en las últimas semanas.
“Así que, como hemos dicho todo el tiempo, no vemos ningún impacto del uso de mascarillas obligatorio en las escuelas”, dijo.
El tema de las órdenes de uso de mascarillas se ha combatido en varios frentes legales, y los padres han presentado demandas en ambos lados de la cuestión.
Seis de los distritos que se presentaron ante la junta el jueves son parte de una impugnación en la División de Audiencias Administrativas del estado. Los seis —Alachua, Broward, Duval, Miami-Dade, León y Orange– quieren que la norma más reciente del Departamento de Salud sobre el uso de mascarillas sea declarada un “ejercicio inválido de la autoridad legislativa delegada”.
Esta historia fue publicada originalmente el 8 de octubre de 2021, 2:03 p. m..