Los abogados de Ashley Moody se burlaron de la impugnación de las elecciones antes que ella la respaldara
Cuando el procuradora general de Texas anunció que iba a demandar a cuatro estados indecisos en un último intento de anular los resultados de las elecciones de 2020, los abogados de la procuradora general de la Florida, Ashley Moody, se burlaron.
Un abogado lo llamó “una... locura”.
A pesar de las críticas, Moody salió en apoyo de la demanda de Texas al día siguiente, confirmando un escrito junto con otros 16 procuradores generales republicanos que exhortaron a la Corte Suprema federal a escuchar el caso de Texas.
“La integridad y la resolución de las elecciones de 2020 es de suma importancia”, tuiteó Moody en ese momento.
Los correos electrónicos de la oficina de Moody muestran que el día anterior a que aceptara apoyar la demanda de Texas, sus propios abogados se burlaban del caso, de sus argumentos legales y de las motivaciones que había detrás.
El procurador general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó su demanda más de un mes después de las elecciones del 3 de noviembre, cuando Donald Trump y sus partidarios afirmaban que el fraude electoral generalizado en un puñado de estados le había costado la elección.
Paxton demandó a Georgia, Pennsylvania, Michigan y Wisconsin, estados que ya habían certificado sus resultados, alegando que las “irregularidades en la votación” empañaban los resultados electorales. Biden ganó en los cuatro estados.
El caso se consideraba una apuesta arriesgada con un argumento jurídico endeble: Paxton alegó que las “irregularidades” perjudicaban a Texas y que las Legislaturas de los cuatro estados debían poder elegir el voto de su estado en el Colegio Electoral. Los republicanos controlaban las legislaturas de los cuatro estados.
El caso atrajo inmediatamente la atención nacional y llamó la atención de los abogados que trabajan para la procuradora general de la Florida, el grupo de abogados que puede decidir si el estado debe apelar un caso ante la Corte Suprema de la Florida o la Corte Suprema federal.
Evan Ezray, adjunto del abogado del gobierno federal, envió un correo electrónico a los abogados sobre la presentación judicial y señaló que era “interesante” que el caso no pareciera provenir de la procuradora general de Texas.
“Una...locura, por eso [el procurador general de Texas] no está involucrado”, respondió Christopher Baum, procurador general adjunto.
El equipo de abogados de apelaciones de la Florida también criticó el razonamiento jurídico del caso de Paxton, en particular la idea de que un estado pueda entrometerse en las elecciones de otro estado.
“¿Cuál es la teoría detrás de cómo un estado tiene capacidad para alegar violaciones de Bush vs Gore contra otro estado...?”, se preguntó el subfiscal general James Percival, refiriéndose a la demanda que puso fin al recuento en la Florida y resolvió las elecciones presidenciales del 2000.
“’Porque sí’”, respondió Baum.
Ezray escribió que Texas dice que “sufren daños como estado cuando otros estados violan la ley electoral ‘constitucional’”.
“... lo que sería cierto en cualquier caso electoral”, replicó Baum. “Entonces, ¿Massachusetts tiene capacidad para demandar a Mississippi por distritos ilegalmente manipulados?”
No está claro en los correos electrónicos si Moody estaba al tanto de sus opiniones. Más tarde, esa misma noche, el procurador general de Missouri envió un correo electrónico urgente a sus colegas en la Florida y otros estados para preguntarles si estarían dispuestos a firmar un escrito exhortando a los jueces de la Corte Suprema a escuchar el caso de Texas.
Después de al menos una llamada telefónica con sus principales asistentes, Moody aceptó firmar el escrito al día siguiente, según los correos electrónicos.
El 11 de diciembre, dos días más tarde, la Corte Suprema federal se negó a escuchar el caso, citando un razonamiento similar al de los abogados de Moody.
La portavoz de Moody, Lauren Cassedy, desestimó la correspondencia de los abogados de apelación.
“Está claro que se trataba de una conversación informal de unos cuantos empleados en respuesta a las noticias de última hora y antes de cualquier solicitud de unirse a un escrito jurisdiccional”, escribió Cassedy. “Había un sólido análisis jurídico para apoyar que el Tribunal Supremo viera y decidiera este caso sobre un tema tan novedoso”.
Los correos electrónicos se obtuvieron de American Oversight, un grupo de tendencia progresista que solicita registros públicos de los gobiernos estatales y federales.
El director ejecutivo del grupo, Austin Evers, criticó la decisión de Moody de unirse a la demanda.
“La Procuraduría General de la Florida se unió a un esfuerzo sin precedentes y peligroso para anular las elecciones de 2020 a pesar de saber que los argumentos legales no tenían fundamento”, dijo Evers en un comunicado. “Esto es la epítome de la mala fe y un grosero mal uso de los recursos oficiales al servicio de la ‘gran mentira’ y de poner al partido por encima del país”.