‘Es disuasorio’. Prohíben a profesores de UF testificar contra la Florida

En una decisión que pudiera tener implicaciones de gran alcance para la libertad de expresión de los profesores de las universidades y colleges de toda la Florida, la Universidad de la Florida se ha negado a permitir que tres profesores de Ciencias Políticas sigan de testigos expertos en un caso que cuestiona una nueva ley estatal que restringe el acceso al voto.

Los profesores de Ciencias Políticas Daniel Smith, Michael McDonald y Sharon Austin, dos de los quienes cuales han prestado servicio anteriormente como testigos expertos en casos contra el Estado, fueron informados en correos electrónicos a principios de este mes que sus solicitudes para presentarse como expertos serían ahora rechazadas. Estaban solicitando autorización para participar en el caso que impugna Proyecto de Ley 90 del Senado, aprobado por la Legislatura de la Florida, controlada por el Partido Republicano, a raíz de las elecciones de 2020.

“Las actividades externas que podrían suponer un conflicto de intereses con el poder ejecutivo de la Florida crean un conflicto para la Universidad de la Florida”, escribió David Richardson, decano de la Facultad de Artes y Ciencias de la UF en respuesta a la solicitud de Smith.

Smith es director del Departamento de Ciencias Políticas de UF; McDonald es experto nacional en elecciones y Austin estudia el comportamiento político de los afroamericanos.

Gary Wimsett, vicepresidente adjunto de UF para conflictos de intereses, dio una respuesta similar a McDonald y Austin.

“UF denegará las solicitudes de sus empleados para participar en actividades externas cuando determine que las actividades son adversas a sus intereses. Como UF es un participante estatal, los litigios contra el estado son adversos a los intereses de UF”, decía el rechazo de Wimsett a McDonald y Austin.

Paul Donnelly, abogado de los profesores, calificó la decisión de la UF de “represalia” que “golpea el corazón mismo de la libertad académica” y atenta contra sus derechos de libertad de expresión.

“Es un cambio de política profundo, disuasorio y aterrador”, dijo. “¿Qué pasaría si otra parte tuviera el control y pudiera ejercer este tipo de censura?”

Donnelly dijo que los abogados de los demandantes en el caso de derecho al voto presentado por Florida Rising y otros grupos de derecho al voto plantearon sus preocupaciones en el documento presentado en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de la Florida el viernes en el caso.

Dijo que espera que el juez federal atienda sus preocupaciones y que la UF cambie su posición, pero si no lo hace, considerarán presentar una demanda en el tribunal federal, argumentando que se han violado la libertad académica y los derechos de la Primera Enmienda, y buscar una orden judicial preliminar.

En una declaración enviada al Miami Herald por el vicepresidente de comunicaciones de UF, Steve Orlando, la escuela negó haber infringido los derechos de libertad de expresión de los profesores.

“La Universidad de la Florida tiene un largo historial de apoyo a la libertad de expresión y a la libertad académica de nuestros profesores, y seguiremos haciéndolo”.

“Es importante señalar que la universidad no negó los derechos de la Primera Enmienda ni la libertad académica de los profesores Dan Smith, Michael McDonald y Sharon Austin. Más bien, la universidad negó las solicitudes de estos empleados a tiempo completo para realizar trabajos externos remunerados que son adversos a los intereses de la universidad como institución del estado de la Florida”.

La oficina del gobernador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En una carta del 13 de octubre a Wimsett, el abogado de la ACLU Daniel Tilley dijo a la universidad que “no hay duda de que el Dr. Smith estaría hablando en su calidad de ciudadano privado, no como empleado de la universidad”. También argumentó que se debería permitir a Smith declarar porque el asunto es de gran interés público.

“Los principios de la libertad académica reducen significativamente el alcance de la prerrogativa legítima del gobierno de vigilar el discurso de los profesores sobre asuntos de interés público”, escribió.

El sindicato United Faculty of Florida, que representa a 25,000 profesionales de la enseñanza superior, condenó la decisión en un correo electrónico enviado el martes a los responsables de la universidad y de nuevo en un comunicado emitido después de que The New York Times publicó un artículo al respecto a última hora del viernes.

“Estamos con nuestros miembros y su deber de compartir su experiencia para el bien público”, dice la declaración. “Estamos con todos los flordidanos y su derecho a criticar a su gobierno. Si la UF no rescinde su decisión, establecerá un precedente aterrador para cualquier floridano que trabaje en el gobierno local o estatal”.

Austin, profesora titular, dijo que está entre el 2% de las profesoras negras de la nación y que luchará por el derecho a expresarse. Exhortó a UF a “no ceder a la presión de las fuerzas estatales externas”.

“Para mí, se trata de mi papel como mujer afroamericana mentora”, dijo Austin en una declaración incluida en el comunicado de prensa de UFF. “Una mujer afroamericana del sur que no lucha por el derecho al voto es una traición a su comunidad. Me niego a enseñar a mis estudiantes que es importante luchar por el voto y los derechos civiles y luego no luchar yo misma por esos derechos”.

Smith también se comprometió a luchar.

“Esto es realmente impresionante, y un completo revés a la luz verde que la administración de la UF siempre me ha dado para promover los derechos de voto de todos los floridanos”, dijo en un comunicado. “No retrocederemos ante este ataque a nuestros derechos de la Primera Enmienda para hablar en nuestro tiempo libre, sobre asuntos de gran importancia pública”.

Los profesores han ofrecido su testimonio como expertos en muchas demandas, y Smith y McDonald también han aportado su experiencia en casos anteriores contra el estado de la Florida.

Una semana antes que se negara a McDonald su solicitud para declarar como experto, Smith, presidente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de la Florida, y McDonald, experto en modificación de distritos que también es profesor del departamento, escribieron un artículo de opinión publicado en el Tampa Bay Times en el que acusaban a los líderes republicanos de usar contratos externos para ocultar intencionadamente al público los datos de la modificación de distritos y los detalles de los mapas.

Los legisladores negaron enérgicamente las acusaciones y pidieron que se retirara la columna.

Donnelly dice ahora que la oportunidad de lo que considera una represalia es significativa.

“Cuando alguien lleva a cabo una actividad protegida por la Primera Enmienda, como hicieron los profesores con el artículo de opinión o su testimonio, si el gobierno toma medidas inconstitucionales en proximidad a eso, se trata de evidencia de la violación de los derechos constitucionales”, dijo.

A Smith se le dijo originalmente que no podía seguir participando como testigo experto en julio, según la correspondencia incluida en los documentos presentados en el tribunal federal. Pero la denegación para McDonald y Austin se produjo después del artículo de opinión.

El Proyecto de Ley 90 del Senado introdujo cambios en las leyes electorales del estado, como la limitación del uso de buzones de boletas y la prohibición de poseer más de dos papeletas de voto por correo, algo que ya era ilegal en Miami-Dade.

Los demandantes en el caso argumentan que la ley es inconstitucional y está creada para suprimir el voto de las minorías. La semana pasada, el estado pidió a un juez federal que bloqueara las citaciones que requerirían a siete legisladores republicanos y a un representante de la oficina de DeSantis testificar sobre su participación en la creación de la ley. La oficina del gobernador alegó que el privilegio ejecutivo impedía testificar a su oficina.

Smith ha sido el más prolífico de los tres profesores en su trabajo con expertos que desafían al gobierno estatal controlado por los republicanos.

Fue una figura clave en el litigio sobre la Enmienda 4, la enmienda constitucional que los floridanos aprobaron en 2018 y que permite a casi todas las personas con condenas por delitos graves el derecho a votar, siempre que hayan completado “todos los términos” de su sentencia.

Inicialmente aclamada como una de las mayores ampliaciones de los derechos civiles de la nación en varios decenios, se redujo cuando la Legislatura del estado, ante la insistencia de DeSantis, aprobó una ley que define de manera tajante “todos los términos” de la sentencia al exigir que los delincuentes pagaran todas las deudas judiciales antes de poder votar.

La ACLU y otros grupos demandaron, alegando que el proyecto de ley era inconstitucional. La ACLU contrató a Smith para que estudiara los efectos del proyecto de ley y este reunió la base de datos más completa que se conoce sobre los delincuentes de la Florida y llegó a la conclusión de que casi el 80% no podrían votar porque debían tarifas judiciales, multas o indemnizaciones a las víctimas. La mayoría debía más de $1,000, una cantidad fuera del alcance de personas que ya tienen problemas para encontrar empleo después tras ser condenados por un delito grave.

“Las cartas están en su contra”, testificó Smith.

Un juez federal en Tallahassee se puso del lado del Estado, pero la decisión fue anulada por un tribunal de apelaciones en Atlanta.

Antes de las elecciones de 2020, Smith también declaró como experto sobre las boletas de voto por correo y en una demanda que obligó al estado a proporcionar boletas en español a los electores hispanos. Proporcionó un informe por escrito para la Liga de Mujeres Votantes con el fin de ampliar el voto anticipado en la Florida y también declaró contra de UF en un caso que resultó en la anulación de la prohibición de los centros de votación adelantada en los recintos universitarios de la Florida.

Entre 2012 y 14, Smith proporcionó análisis y testimonios en la demanda de modificación de distritos presentada por la Liega de Mujeres Votantes y otros demandantes.

Donnelly dijo que ha trabajado con profesores de la Universidad de la Florida como testigos expertos durante tres décadas y que es una actividad que siempre ha sido fomentada por la universidad y ha sido una forma de que los profesores aumenten sus ingresos.

“En la Universidad de la Florida esto aporta a la universidad más fama y respeto y se trata de un profesorado que trabaja para instituciones públicas, por lo que los ingresos no suelen ser comparables con los de las instituciones privadas”, dijo. “Así que se ha fomentado de forma rutinaria”.

Andrew Gothard, presidente de la UFF, advirtió en un correo electrónico al presidente de la UF, Kent Fuchs, que el sindicato podría estar dispuesto a emprender acciones legales si no se permite a los profesores ejercer su libertad académica y su derecho constitucional a la libertad de expresión.

“De lo contrario, la United Faculty of Florida emprenderá todas las medidas legales, contractuales y legislativas necesarias para garantizar que los principios fundamentales de la libertad y la democracia estadounidenses estén protegidos en la Universidad de la Florida, ahora y en el futuro”, dijo Gothard.

Esta historia fue publicada originalmente el 1 de noviembre de 2021, 10:40 a. m..