UF restringe participación de otros cinco profesores en casos legales contra el estado

El año pasado, a cuatro profesores de Derecho de la Universidad de la Florida que querían firmar un documento para entregar al tribunal relacionado con una demanda que impugnaba una nueva ley del voto de los delincuentes se les dijo que no podían identificarse como docentes de la universidad en la presentación porque implicaba “una acción contra el estado”.

En agosto, los funcionarios de la universidad dijeron a un profesor de Pediatría de la UF que no podía trabajar en dos casos que impugnaban la prohibición estatal de los mandatos del uso obligatorio de mascarillas porque participar en las demandas contra la administración del gobernador Ron DeSantis “crearía un conflicto” para la universidad.

Y el lunes, UF anunció que a tres profesores de Ciencias Políticas se les puede permitir dar testimonio experto en un caso de acceso al voto contra el estado solo si lo hacen sin cobrar.

Estas decisiones demuestran cómo la UF ha avanzado gradualmente hacia la supresión de las voces de sus académicos que quieren ofrecer su experiencia legal o temática en casos que desafían las políticas promovidas por el gobernador o la Legislatura.

Además de estos ocho profesores, el Miami Herald/Tampa Bay Times ha sabido de otros profesores que se resisten a hablar públicamente.

‘Gestión del Gran Hermano’

Para el profesorado de la principal universidad del estado, el episodio tiene un tono orwelliano.

Kenneth Nunn, un profesor de Derecho con 32 años de experiencia y a quien se le prohibió usar su afiliación a UF para firmar un informe amicus en el caso del voto de los delincuentes convictos, dijo que era extraño que la universidad de repente empezara a rastrear el trabajo externo de los profesores y a exigirles que pidieran permiso para poder participar en actividades.

“Me pareció extraño y aterrador que haya ese tipo de control estilo Gran Hermano para este tipo de cosas que estábamos haciendo”, dijo Nunn.

“Se supone que estoy prestando mi experiencia a la gente que trata de pedir a su gobierno un cambio de forzar un cambio, de una forma u otra”, dijo. “No veo por qué eso se considera un conflicto de intereses cuando, en mi opinión, es el núcleo de lo que debe hacer el profesorado universitario”.

A Jeffrey Goldhagen, profesor durante 28 años y jefe de la División de Pediatría Comunitaria y Social de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Florida en Jacksonville, se le negó la participación en dos casos relacionados con el uso de mascarillas, entre ellos uno que representaba al Disability Independence Group de Miami.

“Fue difícil para mí, personalmente, no presentarme”, declaró el martes al Herald/Times.

Dijo que rompió su silencio porque considera que el conflicto es “una cuestión crítica y definitoria” para la libertad académica y los derechos de la Primera Enmienda.

“No creo que sea una exageración cuando digo que así es como se desarrollan los regímenes totalitarios”, dijo Goldhagen. “Si se niega la ciencia y se niega a las universidades el papel fundamental que desempeñan en la sociedad estadounidense, se trunca la libertad de expresión, la libertad académica y la difusión de la información”.

Las consecuencias han sido inmediatas. La agencia que establece la acreditación de UF dijo esta semana que está investigando si se infringieron las normas de “libertad académica” e “influencia política indebida”, y el sindicato que representa a los profesores ha amenazado con emprender medidas jurídicas si la universidad no da marcha atrás.

En una carta dirigida el martes al presidente de UF, Kent Fuchs, 10 miembros demócratas de la delegación congresual de la Florida lo exhortaron a dar marcha atrás “y permitir que estos profesores participen con compensación en esta demanda por el derecho al voto”.

UF no respondió inmediatamente a las solicitudes de declaraciones sobre los otros cinco profesores restringidos.

Cambio de política

Un portavoz de UF dijo que la universidad cambió su política en noviembre de 2020, pero los correos electrónicos obtenidos por el Herald/Times indican que los profesores se les negó participar en casos contra el estado meses antes.

La decana de la Facultad de Derecho Levin de UF, Laura Ann Rosenbury, escribió en un correo electrónico del 9 de julio de 2020 a Nunn y a otros funcionarios de la casa de estudios que firmar el informe amicus en el caso del voto de los delincuentes era un “conflicto de intereses potencial” porque estaría desafiando una posición del Estado.

Si querían firmarlo, dijo, necesitarían la aprobación de la universidad y tendrían que indicar “claramente” que la Facultad de Derecho y la universidad no estaban afiliadas a la medida.

El escrito, presentado el 3 de agosto de 2020 en el Tribunal Federal de Distrito de Apelaciones de Atlanta, fue firmado por 93 profesores de todo el país. Solo cuatro no afiliaron su nombre a su universidad: Los profesores de UF Nunn, Sarah K. Wolking, Teresa Jean Reid y Mark Fenster.

El 10 de julio de 2020, Nunn envió un correo electrónico a la decana de Derecho, Rosenbury, preguntando: “¿Puede preguntar si la universidad considera que la participación de cualquier profesor en una demanda de este tipo contra el estado es un conflicto de intereses?”

Rosenbury no respondió directamente. En cambio, dijo: “He confirmado que la universidad aprueba esta actividad siempre que usted participe únicamente a título personal. No puede participar en calidad de empleado de la Universidad de la Florida o en nombre de la Facultad de Derecho Levin o de la Universidad de la Florida”.

Los profesores de Derecho firmaron el escrito, pero en una serie de notas a pie de página, cada uno se identifica como “firmante a título personal y cualquier afiliación a la Facultad de Derecho o a la universidad es solo a efectos de identificación”.

Por el contrario, el profesor Mark Schlakman de Universidad Estatal de la Florida que firmó el documento, lo hizo a nombre de su facultad.

Goldhagen, el médico, dijo que la Oficina de Conflictos de Interés de UF no preguntó si su testimonio como experto sería remunerado o no en el caso del mandato de uso de mascarilla, pero dijo que nunca planeó aceptar dinero por el trabajo. También dijo que siempre había planeado desvincularse de la universidad mientras trabajaba en el caso.

Gary Wimsett, vicepresidente adjunto de UF para conflictos de interés, expresó a Goldhagen en un correo electrónico que debido a que “UF es una extensión del estado como dependencia estatal, los litigios contra el estado son adversos a los intereses de UF” y, por lo tanto, no podía participar en el juicio.

Cuando Goldhagen preguntó cómo podía apelar la decisión, Wimsett respondió con firmeza: “No hay ningún mecanismo para apelar estas decisiones”.

De todos modos, Goldhagen desafió a la universidad y participó en los juicios por el mandato de uso de mascarilla. Participó no declarando sino presentando una declaración como experto principal en los procedimientos legales.

“Seguí adelante y lo hice”, dijo. “Nunca había experimentado realmente un conflicto personal, una agitación, una ansiedad como la que experimenté durante ese período porque nunca he dejado de hacer lo que es mejor para los niños y las familias”.

Cronología de la política

Antes del cambio de política, los profesores no estaban obligados a pedir permiso para ofrecer su experiencia en casos externos. El testimonio de los expertos académicos en sus campos se ha considerado durante mucho tiempo “una forma de traducir el conocimiento académico en conocimiento práctico para el bien común”, dijo George Justice, profesor de Inglés en la Universidad Estatal de Arizona y experto en cuestiones de libertad académica.

Hasta hace poco en UF los profesores solo tenían que presentar un informe de conflicto de interés una vez al año y el permiso para el testimonio de expertos casi nunca era negado, dijeron varios profesores al Herald/Times.

Así funcionaron las cosas en 2014, cuando la Florida necesitó un experto en Ciencias Políticas para testificar sobre porqué el tribunal debía mantener sus mapas de modificación de distritos electorales y contrató a Darryl Paulson, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Sur de la Florida.

Fue contratado para testificar en apoyo de los mapas de la Legislatura de la Florida en un caso en el que el profesor de ciencias políticas de la Universidad de la Florida Dan Smith fue contratado por los demandantes.

El cambio en la política de UF ha hecho que Paulson y otros profesores adviertan que la decisión causará un daño irreparable a la tradición de usar la experiencia académica en casos legales a menudo controversiales y cruciales, incluso si su testimonio avergüenza a los funcionarios del gobierno que escriben las leyes y establecen los presupuestos universitarios.

“Alguien tiene que tener la audacia y la integridad política de decir que esto no es correcto”, dijo Paulson, ahora jubilado, en una entrevista con el Herald/Times. “Nadie quiere trabajar en un entorno político lleno de miedo, y eso es lo que va a ocurrir en UF si no se enfrenta esto. Los buenos profesores que tiene buscarán empleo en otra parte y los jóvenes contratados no lo verán como algo que favorezca la libertad de expresión”.

Tras rechazar inicialmente a los profesores y no dar ninguna explicación,UF ha modificado su postura.

“Si los profesores desean testificar sin cobrar en su propio tiempo sin usar los recursos de la universidad, son libres de hacerlo”, escribieron Fuchs y el preboste de UF, Joe Glover, en un correo electrónico a la comunidad universitaria a última hora del lunes. También dijeron que convocarían un grupo de trabajo “para revisar la política de conflictos de interés de la universidad para que sea coherente”.

Sin embargo, los correos electrónicos obtenidos por el Herald/Times muestran que ninguna de las solicitudes rechazadas indicaba que el servicio de los profesores tuviera que ser gratis.

“¿Cuántas personas contratan a un experto y luego le dicen que lo le van a pagar? Esperamos que nos paguen por una razón”, dijo Paulson. “La mayoría de las universidades están encantadas de que los miembros de su profesorado sean solicitados y respetados por su experiencia e información”.