Jueza federal rechaza bloquear la regla federal sobre la vacunación para empleados de la salud en la Florida

Una jueza federal de Pensacola rechazó la petición de la Florida de bloquear un requisito de la administración del presidente Joe Biden para que los empleados de hospitales, residencias de ancianos y otros proveedores de atención médicca se vacunen contra el COVID-19.

La jueza de distrito M. Casey Rodgers emitió el sábado una orden de 11 páginas en la que denegaba la petición de la procuradora general Ashley Moody de una orden judicial preliminar o una orden de restricción temporal contra la norma federa antes que la exigencia de vacunación entre en vigor el 6 de diciembre.

Sin embargo, Rodgers escribió que la Florida no había demostrado un “daño irreparable” para justificar una orden judicial o de restricción temporal. En parte, el estado alegó que la norma afectaría a los centros estatales como las residencias de ancianos, y agravaría la escasez de personal sanitario.

“Al revisar el expediente, el tribunal no encuentra ninguna demostración adecuada de que se producirá un daño irreparable en ausencia de una orden de restricción temporal o una orden judicial preliminar antes del 6 de diciembre de 2021”, escribió Rodgers. “Las declaraciones juradas [de los funcionarios estatales] en apoyo de la moción incluyen afirmaciones de cómo las diversas agencias e instituciones anticipan que pueden verse afectadas negativamente por el mandato. En particular, las declaraciones juradas expresan opiniones de jefes de organismos que ‘estiman’ que ‘podrían’ perder un determinado porcentaje o número de empleados, o especulan sobre las consecuencias que sufrirán ‘si se produjeran dimisiones generalizadas’. Sin embargo, tales opiniones, en ausencia de pruebas de hecho que las respalden, siguen siendo especulativas y pueden ser desestimadas como concluyentes”.

La demanda se presentó después que la Florida también impugnara otros mandatos de vacunación emitidos por la administración de Biden, y se presentó el mismo día en que la Legislatura, controlada por los republicanos, aprobó una ley destinada a bloquear esas exigencias.

La regla, emitida este mes por los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid, se aplica a hospitales, residencias de ancianos y otros proveedores de atención médica que participan en los programas Medicare y Medicaid. Según la norma, los empleados sanitarios deben recibir al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 antes del 6 de diciembre y estar completamente vacunados antes del 4 de enero, con exenciones limitadas por motivos médicos y religiosos.

Al negar la solicitud de un requerimiento judicial o una orden de restricción temporal, Rodgers dijo que el estado no había demostrado un daño irreparable relacionado con la pérdida de dinero federal por parte de las agencias por no cumplir con el requisito de vacunación.

“Además, no hay evidencia que sugiera que la pérdida anticipada de fondos federales por el incumplimiento de las agencias estatales se producirá inmediatamente el 6 de diciembre de 2021, porque la pérdida de personal que se afirma es especulativa, las declaraciones juradas no tienen en cuenta ningún impacto de la disponibilidad del proceso de exención previsto en la norma final provisional, e incluso si se produce el incumplimiento, cualquier posible suspensión de la financiación no se produciría el 6 de diciembre”, escribió Rodgers, que fue nombrada juez federal por el entonces presidente republicano George W. Bush.

La orden no pone fin a la demanda, que era al menos el segundo desafío lanzado por los estados contra el requisito de vacunación sanitaria. Missouri, Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, Dakota del Sur, Dakota del Norte y Nueva Hampshire se unieron el 10 de noviembre para presentar una demanda en el tribunal federal de Missouri. Ese caso sigue pendiente.

La oficina de Moody alega, en parte, que la agencia federal conocida como CMS se extralimitó en su autoridad legal al emitir el requerimiento y no siguió los procedimientos adecuados, como la consulta con los Estados y la notificación. Además, la demanda sostiene que el requisito es “arbitrario y caprichoso”. Gran parte de la demanda se basa en supuestas violaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos federal.

“Para empezar, los CMS carecen de poder para emitir un mandato de vacunación para toda la industria”, dice la demanda. “Los estatutos en los que se basa no le otorgan una autoridad tan amplia. De hecho, los CMS tienen prohibido ejercer este nivel de control sobre el sector sanitario”.

El requisito afectará a cientos de hospitales privados, residencias de ancianos y otros proveedores de la Florida, además de a las agencias estatales que prestan servicios sanitarios. Funcionarios estatales y del sector han señalado en repetidas ocasiones su preocupación por la escasez de personal.

Pero al anunciar la normativa este mes, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid dijeron que protegerían a los trabajadores sanitarios y a los pacientes mientras la pandemia del COVID-19 continúa.

“Garantizar la seguridad de los pacientes y la protección contra el COVID-19 ha sido el centro de nuestros esfuerzos para combatir la pandemia y los desafíos en constante evolución que estamos viendo”, dijo Chiquita Brooks-LaSure, administradora de la agencia federal, en una declaración preparada en ese entonces. “La acción de hoy aborda el riesgo del personal de atención médica no vacunado para la seguridad de los pacientes y proporciona estabilidad y uniformidad en todo el sistema de atención médica de la nación para fortalecer la salud de las personas y los proveedores que los atienden”.

La Florida también ha presentado demandas que cuestionan los requisitos de vacunación de la administración de Biden para los empleados de contratistas federales y los empleados de empresas con 100 o más trabajadores. La Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) anunció el miércoles que el requisito para las empresas con 100 o más trabajadores está en suspenso mientras se resuelven los desafíos legales.

Durante una sesión legislativa especial, los legisladores estatales aprobaron el miércoles proporcionar $5 millones que la oficina de Moody podría usar, al menos en parte, para luchar contra los mandatos federales de vacunación. El gobernador Ron DeSantis promulgó el jueves un proyecto de ley (HB 1B) que incluye el dinero.