Florida tiene una poción única para ejecutar presos. Quiere mantener los detalles en secreto
Funcionarios de prisiones en la Florida están pidiendo a los legisladores que establezcan más capas de secreto sobre el método estatal de ejecución de los condenados a muerte, presentando un proyecto de ley que haría confidencial cualquier registro que “pudiera conducir razonablemente a la identificación de cualquier persona o entidad que participe en una ejecución”.
Las medidas permitirían al Departamento de Prisiones estatal ocultar la cadena de suministro del exclusivo coctel de fármacos utilizado en las inyecciones letales. El departamento afirma que así se evitaría que los activistas sociales presionen a los fabricantes de fármacos para que pongan al estado en una lista negra de compra para sus productos, pero los que se oponen a la pena de muerte dicen que son los propios fabricantes los que han tratado de evitar que sus fármacos se usen para ejecutar reos.
La medida forma parte de un ritual habitual en la Legislatura de la Florida: la creación de nuevas exenciones a la tradición estatal de registros abiertos.
La Florida es el único estado que usa el etomidato, un sedante de acción rápida, y el primero de los tres fármacos en el coctel de una inyección letal. Algunos expertos médicos afirman que el etomidato es inadecuado para dejar a alguien realmente inconsciente durante la ejecución, lo que provoca un dolor insoportable a los presos que reciben las dosis mortales. Johnson & Johnson, el fabricante original del etomidato, pidió a los estados que no lo administraran en las inyecciones letales, en una declaración pública antes de la primera ejecución de la Florida en que se usó el fármaco.
No está claro dónde obtiene el estado los fármacos para las ejecuciones, y el Departamento de Prisiones se está defendiendo activamente en un tribunal federal contra cinco presos en la galera de la muerte que afirman que los métodos infringen la protección de la Octava Enmienda contra el castigo cruel e inusual. Los presos han intentado obligar al estado a revelar cómo obtiene los componentes de la inyecciones letales.
El departamento se negó a responder a varias preguntas del Miami Herald sobre sus protocolos de ejecución y los efectos de las propuestas legislativas.
Pero un proyecto de ley que eximiría más información de los registros públicos sobre las inyecciones letales ya está ganando adeptos en la Cámara de Representantes estatal. La subcomisión de Justicia Penal y Seguridad Pública de la Cámara avanzó en la medida el martes, sin debate alguno.
Si los funcionarios de prisiones en la Florida consiguen que la Legislatura apruebe la medida, esta les daría más formas de ocultar información sobre los fármacos que usa y, en última instancia, podría permitirles encubrir ejecuciones fallidas, dijo Virginia Hamrick, abogada del grupo de gobierno abierto que se opone al proyecto de ley, la Florida First Amendment Foundation.
“Se necesita más información sobre las ejecuciones”, dijo Hamrick en una entrevista con el Herald, “no más secreto”.
El senador Doug Broxson, republicano de Pensacola, dijo al Herald que presentó el proyecto de ley a instancias de los funcionarios del Departamento de Prisiones.
“Están viendo más actividad de personas que tratan de interferir con su responsabilidad estatutaria”, dijo Broxson. “Están encontrando mucha más actividad social para ... cortar el suministro de los fármacos”.
Durante años, el Departamento de Prisiones se ha negado a revelar de qué fabricantes depende para las ejecuciones, usando el mismo argumento en el tribunal federal que esgrimió para impulsar la legislación: Si el departamento revelara de dónde obtiene los fármacos, podría provocar la paralización de las ejecuciones.
“Es bien sabido que una vez que los opositores a la pena de muerte obtienen información sobre el vendedor y el fabricante, se dirigen con fuerza a ellos y abogan contra el uso de medicamentos para la inyección letal”, argumentó el departamento en una presentación ante el tribunal en 2019.
El departamento “tendría entonces que cambiar su protocolo de inyección letal —como ha tenido que hacer muchas veces en el pasado por esta misma razón—, y ese cambio traería litigios para impugnar el nuevo protocolo, lo que costaría al estado cientos de miles de dólares”.
Robert Dunham, director ejecutivo del Death Penalty Information Center, una organización sin fines de lucro que elabora informes anuales en los que se detallan los fallos de la pena capital, calificó ese argumento de “disparate”.
Los medicamentos fueron creados para usarse como medicamentos, no veneno, dijo Dunham, y las compañías farmacéuticas están actuando por sus propios intereses corporativos, no por la intimidación de los activistas.
“El estado no está tratando de proteger la privacidad de los fabricantes de medicamentos”, dijo Dunham. “El estado trata de evitar que los fabricantes de medicamentos se enteren que se pretende usar indebidamente sus medicamentos”.
‘Ahogamiento, asfixia, pánico y terror’
La Florida cambió el midazolam, un sedante diferente, por el etomidato, en enero de 2017, sin explicar el motivo. Desde entonces, el estado ha ejecutado a siete reos utilizando el protocolo del etomidato, más recientemente a Gary Ray Bowles en agosto de 2019.
Actualmente hay más de 320 presos en espera de ejecución, según el portal digital del Departamento de Prisiones.
El doctor Joel Zivot, un anestesista del Hospital de la Universidad de Emory que ha estudiado los informes de autopsia de las personas ejecutadas por inyección letal, dijo que el motivo por el que los estados usan un fármaco y no otro tiene más que ver con lo que pueden conseguir en contraposición a “cualquier tipo de refinamiento o mejora”.
“Esto es simplemente una cuestión de lo que pueden conseguir”, dijo Zivot.
Aunque el etomidato es un sedante de uso común en la práctica médica, no puede recetarse para matar a alguien, dijo Zivot. A diferencia de otros fármacos de su clase, el etomidato mantiene la presión arterial, dijo Zivot.
Incluso con una dosis terapéutica normal, de unos 20 miligramos, se sabe que el fármaco es doloroso al ser inyectado, dijo Zivot. La Florida usa unas unas 10 veces más —200 miligramos— para sedar a las personas antes de la ejecución, según su protocolo más reciente de inyección letal, modificado en mayo de 2021.
“Supongo que la idea es que después habrá muerte, así que no habrá oportunidad de quejarse”, dijo Zivot.
La autopsia de los reos ejecutados bajo los protocolos de etomidato han revelado que se presenta un edema pulmonar, o exceso de líquido en los pulmones, que puede llevar a la sensación de asfixia.
Un colega de Zivot, el Dr. Mark Edgar —anatomopatólogo y neuropatólogo del Hospital de la Universidad de Emory— revisó algunos de esos informes de autopsia como experto médico de los cinco condenados a muerte que demandan al Departamento de Prisiones estatal.
En un informe, Edgar escribió sobre el estado posmortem de los reos que recibieron etomidato basándose en cuatro informes de autopsia.
Tres de ellos mostraron señales de edema pulmonar. Edgar concluyó que los presos que recibieron 200 miligramos de etomidato tenían una “alta probabilidad” de experimentar “una grave dificultad respiratoria con sensaciones asociadas de ahogo, asfixia, pánico y terror”.
“Es mi opinión de experto que el edema pulmonar agudo es una situación aterradora, horrible y dolorosa en un individuo sensible que causa un gran sufrimiento mientras la persona lucha por respirar debido a que tiene los pulmones comprometidos”, escribió Edgar en el informe.
Relatos de testigos
En el informe de Edgar, el médico cita los relatos de dos testigos presenciales de varias ejecuciones, ambos abogados que representaban a presos que estaban siendo ejecutados.
Robert Friedman dio un relato de la muerte de su cliente Eric Branch, que fue ejecutado usando 200 miligramos de etomidato en febrero de 2018.
“Un minuto después de comenzar la ejecución, [Branch] empezó a gritas a todos pulmón, y luego gritó ‘asesinos’. El cuerpo le temblaba. Parecía estar en obvia angustia”, escribió Edgar en el informe, resumiendo el relato de Friedman.
Edgar concluyó, a partir de la espuma presente en las vías respiratorias de Branch, que desarrolló un edema pulmonar agudo durante la ejecución, “y esto está respaldado por las observaciones de los testigos”.
Los presos del corredor de la muerte que demandan al estado por los protocolos de inyección letal también han afirmado que el cambió el protocolo en las últimas siete ejecuciones, que dificultan la visión de los testigos de lo que está ocurriendo.
Esas medidas fueron cubrir a los presos con una sábana, incluidos los pies. Los testigos también han observado que los funcionarios tapan las manos de los presos con cinta adhesiva, lo que, según los expertos, ocultaría los movimientos que podrían indicar un nivel de conciencia.
En las últimas ejecuciones se ha colocado a los presos lejos de los testigos para que solo se vieran los pies, y no una vista lateral completa, afirma la demanda.
El Departamento de Prisiones se negó a explicar la razón de estos cambios.
Zivot, el anestesista de Emory, dijo que el acceso sin restricciones a las ejecuciones para los testigos es importante porque es la única forma de garantizar que el estado cumpla la Constitución nacional.
“Aunque la ley gira en torno a la experiencia del recluso, corresponde al público ser los ojos, los oídos y la boca de un recluso que no puede hablar por sí mismo mientras muere”, dijo.
‘Muy eficiente y humano’
Broxson, el senador estatal que presentó el proyecto de ley, dijo que cree que el proceso de la pena de muerte en la Florida es “muy eficiente y humano”.
En su opinión, el Departamento de Prisiones usa la “combinación perfecta de medicamentos” para garantizar que sea un proceso indoloro para los reclusos.
El representante estatal republicano Patt Maney, abogado de Shalimar que patrocina la medida en la Cámara, logró el martes que el proyecto de ley pasara por su primera de las tres comisiones asignadas.
Maney dijo a los miembros de la subcomisión de Justicia Penal y Seguridad Pública de la Cámara que la medida pretende ayudar al departamento a “cumplir su responsabilidad estatutaria” y evitar el hostigamiento.
Hamrick, el abogado de la First Amendment Foundation, dijo que la aprobación de la legislación haría que los registros de pena de muerte fueran “confidenciales”, lo que significa que el estado ya no tendría la obligación de entregarlos en una solicitud de registros públicos.
Aunque el grupo no tiene una postura sobre la pena de muerte, la First Amendment Foundation se ha opuesto a varios esfuerzos en los últimos años por parte de la Legislatura de la Florida para frenar lo que es un registro público.
En el caso de la propuesta de ejecución, Hamrick dijo que no cumple lo necesario para justificar una exención de los registros públicos, que en este caso sería demostrar que la divulgación de la información impediría al estado llevar a cabo las ejecuciones.
“Se basa en hipótesis”, dijo Hamrick. “No cumple la norma de especificidad. Es abrir la puerta a la oscuridad”.
Esta historia fue publicada originalmente el 20 de enero de 2022, 9:03 a. m..