¿Cuán oscuro puede ser el dinero político? Proyectos de ley republicanos intentan blindar más a los donantes
Legisladores republicanos de la Florida están impulsando legislación que implementaría nuevas y amplias capas de confidencialidad sobre los donantes corporativos e individuales de las organizaciones sin fines de lucro, una medida que permitiría a algunos grupos políticos proteger sus fuentes de financiación del escrutinio de los gobiernos locales y estatal.
Hay dos versiones de la llamada “Ley de Protección de la Privacidad Personal” en la Legislatura de la Florida, y los registros y entrevistas muestran que el lenguaje del proyecto de ley fue proporcionado por un cabildero que dice que estaba trabajando en nombre de dos organizaciones sin fines de lucro cuyo estatus de exención de impuestos les permite participar en un nivel restringido de la actividad política y no les obliga a revelar la identidad de sus donantes.
Tales grupos, que a menudo sirven de vehículos para el gasto de dinero turbio porque sus fuentes están ocultas, han sido objeto de un mayor escrutinio en el último año como resultado de una investigación sobre candidatos “fantasma” en Miami-Dade marcados por el gasto de dinero turbio.
La legislación propuesta en la Cámara limita aún más el conocimiento público de sus fuentes de financiación al prohibir que las entidades gubernamentales exijan a las corporaciones, asociaciones y organizaciones sin fines de lucro que proporcionen información sobre su apoyo directo o indirecto a cualquier entidad. También se prohibiría a las entidades públicas divulgar públicamente la información si la tienen.
“Muchos de los donantes no quieren que se conozca su identidad, o bien [dan] una enorme cantidad de dinero y no quieren que todos sepan cuánto dinero están dando a ciertas organizaciones”, dijo el representante estatal Toby Overdorf, republicano de Palm City que está patrocinando el proyecto de ley.
La versión del Senado es más limitad porque protege la información que identifica a una persona, miembro o donante de una organización benéfica. Sin embargo, el senador Joe Gruters, republicano de Sarasota, dijo que estaría abierto a considerar la ampliación del alcance del proyecto de ley.
“Siempre estoy abierto a cualquier sugerencia. Es parte del proceso”, dijo Gruters al Miami Herald el miércoles. “Es interesante, pensé que esto iba a ser un proyecto de ley simple, fácil, y de repente es una tormenta”.
En particular, Gruters dijo que estaría abierto a enmendar el proyecto de ley para incluir a las organizaciones sin fines de lucro que se registran como 501 (c) (4), un estatus de exención de impuestos que permite a las organizaciones participar en un nivel restringido de actividad política sin necesidad de revelar la identidad de los donantes.
Jorge Chamizo, cabildero que tiene una larga lista de clientes, proporcionó el lenguaje del proyecto de ley al personal de Gruters, y dijo al Herald que el objetivo es conseguir apoyo para la versión de la Cámara de Representantes del proyecto de ley.
Cuando se le preguntó a nombre de quién estaba cabildeando, Chamizo mencionó dos organizaciones sin fines de lucro: People United for Privacy y Opportunity Solutions Project. Pero no quiso dar información sobre quién estaba detrás de estos grupos.
“Hay muchas organizaciones que lo apoyan”, dijo Chamizo, quien subrayó que el interés proviene tanto de grupos conservadores como liberales.
Ecos en los argumentos
Tanto Gruters como Overdorf y Chamizo afirmaron que la legislación propuesta responde a una sentencia de la Corte Suprema federal el verano pasado y que anuló una ley de California que obligaba a las organizaciones benéficas a revelar sus principales donantes al procurador general del estado.
El requisito de divulgación de California fue impugnado por la Americans for Prosperity Foundation, el brazo benéfico de Americans for Prosperity, una organización política conservadora afiliada a la familia Koch.
La decisión dividió al tribunal en líneas ideológicas y consideró que los requerimientos del estado infringían la protección de la libertad de asociación de la Primera Enmienda. Los tres miembros liberales del tribunal disintieron y afirmaron que la decisión podría tener implicaciones para la divulgación de donaciones políticas.
“El análisis de hoy marca los requisitos de información y divulgación con toda precisión”, escribió la jueza Sonia Sotomayor. “Las entidades reguladas que desean evitar sus obligaciones pueden hacerlo citando vagamente las ‘preocupaciones de privacidad’ de la Primera Enmienda”.
Ese fallo de la Corte Suprema fue citado recientemente por los abogados del estratega de Tallahassee Ryan Tyson al pedir a un juez de circuito de Miami que bloqueara la divulgación de los registros bancarios que revelarían la identidad de los donantes de su organización política sin ánimo de lucro, Let’s Preserve the American Dream. Sus abogados argumentan que la divulgación de esa información infringe los derechos de privacidad de los donantes.
La información forma parte de la evidencia previa al juicio en el caso del ex senador estatal republicano Frank Artiles, que enfrenta a varios cargos relacionados con el reclutamiento y el pago a un candidato sin partido que se presentó por el Distrito 37 del Senado.
Los registros judiciales recientemente publicados muestran que el grupo de Tyson transfirió más de $500,000 a un grupo de dinero turbio que luego financió correos engañosos los cuales promovían a los candidatos sin partido en tres contiendas clave del Senado estatal en 2020, incluido el que se está investigando.
Su grupo no fue acusado de infracciones, pero los fiscales se centraron en él como parte de una investigación sobre el origen de material político enviado por correos y un intento de influir en las elecciones de 2020 en Miami-Dade.
Los abogados de Tyson citaron el fallo de la Corte Suprema en su moción para ocultar los nombres de los donantes, argumentando que los registros bancarios de la organización “implican el meollo del derecho de la Primera Enmienda a la libertad de asociación” y su divulgación “podría enfriar el discurso en todo el espectro político” al detener las futuras donaciones a las organizaciones por temor a ser reveladas al público.
Gruters dijo al Herald que es una “coincidencia” que la sentencia de la Corte Suprema se cite como el impulso tanto de la moción de Tyson como de su proyecto de ley. Dijo que la intención del proyecto de ley es “proteger a los donantes y a las organizaciones sin fines de lucro”.
“Tal y como me lo presentaron, tiene sentido. Así que veremos adónde va”, dijo.
Overdorf dijo que su proyecto de ley es una “forma preventiva de ... estar en conformidad con el fallo de la Corte Suprema”.
Tyson no respondió a las solicitudes de comentarios.
Preocupaciones
Los proyectos de ley, tal y como están redactados, permiten divulgar la información de los donantes durante los litigios si existe una “necesidad imperiosa” o si la agencia que solicita la información protege a cualquier persona que no sea nombrada en un juicio.
Según el texto del proyecto de ley, una persona que alegue una infracción de la ley podría exigir una medida cautelar y una indemnización de al menos $2,500 por infracción. Los que infrinjan la ley a sabiendas serán acusados de un delito menor, que podría conllevar una multa de $1,000 o 90 días de prisión.
Overdorf dijo que, si se aprueba, su proyecto de ley no debería afectar las investigaciones penales.
“Confío plenamente en que si hubiera una intención criminal o una investigación criminal, un buen fiscal sería capaz de acceder a los donantes asociados a ella. Esto no lo impide de ninguna manera”, dijo.
Algunos expertos, sin embargo, dicen que protegería a los donantes de la organización sin fines de lucro, la cual financió el material engañoso enviado por correo en tres contiendas clave al Senado.
“Este proyecto de ley, si se hubiera aprobado, habría impedido que los medios de comunicación y el público conocieran muchos de los detalles sobre la estafa de candidatos fantasma”, dijo Michael Barfield, el director de acceso público en el Florida Center for Government Accountability.
Virginia Hamrick, abogada de la First Amendment Foundation, dijo que el proyecto de ley es una exención de los registros públicos, pero no está redactado como tal.
Sin embargo, el proyecto de ley no es técnicamente una exención de los registros públicos y no requeriría una votación de dos tercios para aprobarse. Requeriría una mayoría simple de votos, de la que los republicanos disponen ampliamente.
“No parece un proyecto de ley de exención de registros públicos y no sigue el requerimiento del Estado para promulgar una exención de registros públicos, pero actúa como tal”, dijo. “Impide la divulgación de la información que tiene una agencia y que tendría que ceder en virtud de la ley de registros públicos”.
El senador Gary Farmer, que forma parte de la Comisión de Supervisión y Responsabilidad Gubernamental, calificó el proyecto de “el peor tipo de legislación que carcome el núcleo de nuestro proceso democrático”.
“Si parece un pato y grazna como un pato, es un pato”, dijo Farmer, demócrata de Lighthouse Point. “Claramente, se trata de una exención de los registros públicos, aunque se esmeren en no referirse al Capítulo 119 al hacerlo”.
Una tendencia nacional
Hamrick dijo que se han presentado proyectos de ley similares en los estados de Virginia y Tennessee.
“Es un movimiento en todo el país”, dijo.
Un proyecto de ley presentado el período de sesiones legislativas de 2022 en Virginia incluye una redacción casi idéntica al de la Florida, despojando a los organismos públicos de la capacidad de exigir a una entidad sin fines de lucro que le proporcione información personal.
En Carolina del Norte se aprobó una ley que prohibía a las entidades sin fines de lucro revelar la lista de donantes sin su permiso, a menos que la ley lo exigiera. La ley fue finalmente vetada por el gobernador Roy Cooper.
Anna Massoglia, que investiga el dinero turbio y las organizaciones sin fines de lucro políticamente activas para OpenSecrets, dijo que el proyecto de ley tiene un lenguaje “de molde” que otros estados están utilizando para ocultar la información sobre los donantes y que forma parte de una ola que comenzó después de que la Corte Suprema emitiera su fallo el verano pasado.
Grupos como American Legislative Exchange Council entregan el lenguaje a los estados, dijo Massoglia, y “el lenguaje de este proyecto de ley es similar al que estamos viendo en otras áreas. ... La coincidencia es muy interesante”.
Jenna Grande, del grupo de vigilancia Citizens for Responsibility and Ethics en Washington, se hizo eco de esa postura, señalando que el proyecto de ley es una “continuación de una tendencia de ciertos estados que buscan conceder derechos especiales a los grandes donantes a las organizaciones sin fines de lucro que no están disponibles para el ciudadano medio”.
“Al hacer esta legislación excesivamente inclusiva, la Legislatura negaría al público investigaciones legítimas sobre fraude y corrupción”, escribió en un correo electrónico. “Cuando se trata de entender cómo operan las organizaciones con influencia pública, es imperativo que sus registros financieros sean accesibles y transparentes”.
Esta historia fue publicada originalmente el 21 de enero de 2022, 11:23 a. m..