Proyecto del Senado obliga a gobiernos locales a compensar a empresas si una ordenanza perjudica sus ganancias
A pesar de las advertencias de un desfile de funcionarios de ciudades y condados de todo el estado de que un proyecto de ley del Senado impondría a los contribuyentes una deuda de millones de dólares por daños y perjuicios cuando empresas molestas enfrenten una regulación, una comisión del Senado de la Florida aprobó el jueves la medida en una votación mayoritariamente partidista.
La Comisión de Asignaciones del Senado votó por 11 a 7 a favor del proyecto de ley SB 620, el cual permitiría a las empresas, desde las fábricas de píldoras (pill mills) hasta los criaderos de cachorros, demandar a los gobiernos locales si pierden hasta un 15% de sus utilidades o ingresos a causa de una ordenanza local que intente regularlas. El senador Jeff Brandes de St. Petersburg fue el único republicano que votó en contra de la medida.
El proyecto de ley está patrocinado por el senador Travis Hutson, republicano de St. Augustine, pero es idea del presidente del Senado, Wilton Simpson, productor de huevos de Trilby y candidato a comisionado de agricultura del Estado en 2022. Hizo saber a los senadores que, dado que la medida es su prioridad, espera que la apoyen por completo o se enfrenten a las consecuencias.
La siguiente parada para la medida será el pleno del Senado, al igual que un proyecto de ley compañero, el SB 280. Ese proyecto de ley es otra medida de Hutson que obligará a los gobiernos locales a hacer una declaración de impacto económico de las ordenanzas en las empresas antes de adoptarlas y dar a cualquier refutación legal resultante una prioridad de vía rápida en los tribunales.
La SB 280 es la prioridad de la senadora Kathleen Passidomo, republicana de Naples y abogada, que está designada para ser la próxima presidenta del Senado. Ella dijo que el objetivo de su proyecto de ley era poner fin al desfile en cada período de sesiones legislativas de las solicitudes de las empresas que han sido agraviadas por los gobiernos locales y quieren que los legisladores reviertan las ordenanzas ofensivas mediante la aprobación de proyectos de ley de prioridad.
“Lo que hace este proyecto de ley es proporcionar las herramientas para que los gobiernos locales echen un vistazo a lo que están haciendo y así poder determinar si va a funcionar o no”, dijo Passidomo. “Crea un proceso para que estemos fuera de la actividad de las prioridades”.
En los últimos años, esto ha incluido impedir que los gobiernos locales prohíban artículos como absorbentes de plástico, protector solar, bolsas de plástico, prohibir las conexiones de gas natural, restricciones a las centrales de energía solar e incluso ordenar la revocación de un referendo local de Cayo Hueso que prohibía los grandes cruceros en el puerto.
Después que Hutson hiciera revisiones al proyecto de ley el jueves, la Asociación de Condados de la Florida y la Liga de Ciudades de la Florida anunciaron el jueves que ahora apoyan el proyecto de ley.
Pero fue el proyecto de ley prioritario de Simpson, el SB 620, el que provocó la ira y las advertencias.
Funcionarios locales se manifiestan
“La gran mayoría de las ordenanzas aprobadas por los gobiernos locales tienen que ver con el cierre o la mitigación del mal comportamiento que crea un impacto negativo en nuestras comunidades”, dijo Peter O’Bryan, comisionado del Condado Indian River. “Este proyecto de ley promoverá el mal comportamiento, y los gobiernos locales no deberían tener que pagar a un negocio que está causando un impacto negativo en nuestra comunidad’‘.
Rebecca O’Hara, cabildera de la Liga de Ciudades, planteó que si la Legislatura hubiera aprobado el proyecto de ley hace años, habría interferido en los intentos de los gobiernos locales de restringir a las clínicas de control del dolor que estaban operando como dispensarios de analgésicos fuertes, atrayendo a los adictos de opioides en todo el país a las comunidades de la Florida, lo que obligó a los gobiernos locales a promulgar normas que intentaron regular a sus médicos y cerrarlas.
“En los primeros días no había ninguna ley estatal que realmente abordara el tema de los dispensarios de analgésicos”, dijo O’Hara ante la Comisión de Asignaciones del Senado. “Así que en el ínterin, lo que sucedió es que los gobiernos locales estuvieron tratando durante años de proteger la vida de los floridanos y los visitantes mediante la regulación de las píldoras”.
Hutson respondió que en los tres meses desde que presentó el proyecto de ley, esta fue la primera vez que alguien mencionó que podría haber tenido un efecto sobre esos dispensarios, pero sugirió que podría haber espacio para reducir la intención del proyecto de ley antes que se someta a votación en el pleno del Senado.
“Quizás haya ocasiones en las que hacer algo a la empresa sea de mayor interés público y valga la pena tomar esa decisión, aunque les cueste [a los gobiernos locales] parte de los ingresos para resarcir a esa empresa”.
Sabrina Javellana, comisionada de Hallandale Beach, dijo a la Comisión que el proyecto de ley afectaría las ordenanzas sobre el ruido en las viviendas de alquiler por vacaciones, las casas de fiesta, la regulación de los fertilizantes para proteger las vías fluviales, las tarifas de estacionamiento y otros “ejemplos de cosas por las que podríamos ser demandados y que son cuestiones de calidad de vida en nuestras comunidades”.
Bob McKee, cabildero de la Asociación de Condados de la Florida, advirtió que la SB 620 obligará a los gobiernos locales a aumentar los impuestos para pagar los daños a las empresas y los honorarios de los abogados de las empresas locales.
“Un tercio completo del valor gravable de los impuestos a la propiedad en el estado corresponde a las propiedades comerciales e industriales, por lo que esto hará que las empresas tengan que pagar más impuestos para que otras empresas puedan demandar a los gobiernos locales”, dijo.
Carl Zalak III, presidente de la Comisión del Condado Marion y propietario de una pequeña empresa, calificó los negocios de “el pan de cada día de nuestra comunidad”, pero dijo que para proteger a sus comunidades tienen que aprobar ordenanzas que ocasionalmente cierran negocios. El año pasado, por ejemplo, los cibercafés se estaban aprovechando de las lagunas en el estatuto estatal y de la falta de aplicación de normas por parte del estado, y aprobaron una ordenanza para cerrarlos.
“Los cerramos. Nuestra comunidad no los quería”, dijo Zalak. “Trajeron todo tipo de delitos y cosas indecentes”.
“Pero si el proyecto hubiera sido ley, “nuestra comunidad habría pagado a esa gente”. Dijo “Los juicios financiados por los contribuyentes en ese sentido no solo están mal para el estado de la Florida, sino que están mal para nuestros vecinos”.
Un republicano en la oposición
Antes de votar contra el proyecto de ley, Brandes dijo que era “un mal proyecto de ley” y “reaccionario” porque desalienta a las ciudades y condados de evolucionar. Advirtió que las ciudades podrían enfrentarse a una demanda muy pequeña con enormes costos de litigio y señaló que Hutson reconoció que ningún otro estado tiene una ley similar.
“¿Por qué?”, preguntó. “Porque las implicaciones negativas de este tipo de ley serían profundas. Las ciudades y los condados dudarían mucho a la hora de ampliar las ordenanzas porque saben que potencialmente nunca podrían retractarse”.
“No deberíamos ser el primer caso experimental de esto y nuestras pequeñas ciudades o condados son, en última instancia, los que van a ser los conejillos de indias en este experimento”.
En un esfuerzo por suavizar el proyecto de ley, Hutson propuso una enmienda que permita a los gobiernos locales incluir a cualquier empresa en la ley, de modo que no tuvieran que reclamar por los daños causados a la empresa. La enmienda también otorga a los gobiernos locales la capacidad de subsanar cualquier ordenanza que los funcionarios locales no supieran que perjudicaba a las empresas, dándoles 120 días después de la aprobación de una ordenanza para revisarla y evitar las demandas.
“Si nadie se presenta a hablar al respecto, tienen la capacidad de subsanarlo”, explicó Hutson.
Pero los funcionarios locales dijeron que no se llegaba lo suficientemente lejos.
“Tener que gravar a algunos miembros de nuestra comunidad para pagar las demandas de otros es la principal preocupación del proyecto de ley”, dijo McKee, de la Asociación de Condados de la Florida.
Hutson dijo después de la reunión que el proyecto de ley probablemente necesitará varios cambios más antes de llegar a una votación final en el pleno del Senado.