Legisladores republicanos tratan castigar a empresas que transportan migrantes a la Florida

Los republicanos de una comisión del Senado estatal impulsaron el lunes un proyecto de ley que prohíbe al estado hacer negocios con empresas que transporten a migrantes indocumentados al estado, un aparente respaldo a una parte polémica pero clave de la agenda del año electoral del gobernador Ron DeSantis.

La medida, aprobada por la Comisión Judicial del Senado estatal en una votación que siguió líneas partidistas, también amplía el alcance de una ley de 2019 que prohibió las llamadas ciudades santuario en el estado, menos de cuatro meses después que un juez federal en Miami falló que partes de la ley eran inconstitucionales y estaban teñidas de “motivos discriminatorios”.

También obliga a los jefes de Policía de la Florida a inscribirse en una asociación con la Policía de Inmigración y Aduanas federal (ICE) que capacita y autoriza a los agentes a nivel de condado a realizar funciones limitadas de las autoridades federales de inmigración.

El senador Aaron Bean, republicano de Fernandina Beach, argumentó que la medida es necesaria para poner fin a una “operación de contrabando humano” perpetuada por las políticas de inmigración del presidente Joe Biden, haciéndose eco de los mismos argumentos que DeSantis, quien se ha postulado a la reelección, ha formulado repetidamente en conferencias de prensa y en medios de comunicación conservadores, como Fox News.

“Queremos acabar con esta práctica”, dijo Bean, quien describió los vuelos que desde hace tiempo son fletados por el gobierno federal para reubicar a solicitantes de asilo y otros migrantes en el estado como “vuelos misteriosos” que llegan “en medio de la noche”.

Los demócratas argumentaron que el proyecto de ley no es necesario, que sería considerado inconstitucional como lo fueron partes de la ley de 2019, y dijeron que estaba “mal a nivel humano.” Preguntaron, sin recibir respuestas, cómo las empresas privadas de transporte conocerían el estatus migratorio de los pasajeros que transportan en nombre del gobierno federal.

Los demócratas también presionaron a Bean sobre si su proyecto de ley afectaría a los niños, y dificultaría que el gobierno federal reuniera a los menores no acompañados con sus familiares o patrocinadores aprobados en la Florida.

“Si son ciudadanos ilegales, no importa la edad que tengan, si los transportistas participan en esta práctica, entonces sí, a ese transportista se le prohibiría, si este proyecto de ley se aprueba, hacer negocios con el estado de la Florida”, dijo Bean.

Ecos de la Operación Pedro Pan

Gran parte del testimonio público durante la audiencia de la Comisión se centró en las posibles ramificaciones que la legislación tendría sobre los niños migrantes.

Los oradores leyeron testimonios de migrantes cubanos, incluidas mujeres de más de 70 años que llegaron a Estados Unidos como menores no acompañadas durante la Operación Pedro Pan, cuando los padres enviaron a miles de niños en edad escolar de Cuba a Estados Unidos a principios de la década de 1960.

“Pregunto respetuosamente a esta comisión... ¿Alguno de ustedes es padre? Para los que lo son... Pónganse en esa situación y piensen en sus propios hijos”, dijo la portavoz de la Florida Immigrant Coalition, Melissa Taveras, en nombre de la residente de Miami Alicia Peláez, una refugiada cubana de 74 años traída por monjas en los años 60 a Estados Unidos. “Estos padres que envían a sus hijos a Estados Unidos lo hacen por desesperación y temor por la vida de sus hijos”.

El testimonio y la consideración del proyecto de ley se producen un mes después que el gobierno de DeSantis ordenó a los reguladores del Estado de la Florida que dejaran de emitir o renovar las licencias de instalaciones que establecen contratos con el gobierno federal para albergar a niños y adolescentes migrantes que esperan reunirse con sus familias o patrocinadores aprobados.

“Bajo esta propuesta de legislación, y la reciente [acción] ejecutiva del gobernador, las monjas que apoyaron a estos niños habrían sido bloqueadas por el estado y cualquier forma de transporte que usaran habría sido penalizada”, argumentó Taveras.

Yareliz Méndez-Zamora, nacida en Estados Unidos de inmigrantes nicaragüenses indocumentados que vive en Pembroke Pines, dijo que los inmigrantes de la Florida “son las personas que nos mantienen seguros, limpian nuestras calles, recogen nuestras fresas, y a veces, incluso, limpian su casa como hace mi madre”.

Continuación de las políticas de línea dura

La legislación propuesta marca la tercera vez que DeSantis impulsa políticas de inmigración de línea dura durante su mandato de cuatro años, pero es la primera en la que se pelea abiertamente con la administración que supervisa la aplicación de la ley federal de inmigración.

Cuando el presidente Donald Trump estaba en el cargo, DeSantis dijo que las medidas estaban destinadas a garantizar que todas las agencias locales y estatales cumplieran las leyes de inmigración del presidente republicano. Ahora, dice que la legislación es necesaria para contrarrestar las “desastrosas” políticas de inmigración de Biden.

La oficina de DeSantis afirma que la administración de Biden ha tenido “cero comunicación con funcionarios estatales o locales” sobre los vuelos que traen migrantes al estado, a diferencia de la administración de Trump.

Bean se hizo eco de esa postura durante la audiencia del lunes, afirmando que el gobierno federal “no informa” a los funcionarios de la Florida “adónde o cuándo” ocurrirán los vuelos.

El senador republicano no pudo responder a varias preguntas que le hicieron sus colegas, entre ellas si había centros de detención que albergan a inmigrantes indocumentados en la Florida. Hay al menos cuatro, según el portal digital del ICE.

Reconoció que no tiene “pleno conocimiento de adónde vienen [los inmigrantes] y adónde van” una vez que llegan a la Florida. Y cuando se le preguntó si podía ofrecer ejemplos de transportistas que se verían afectados por la ley, Bean dijo que “no tenía una lista porque no sabemos quién está participando”.

Durante una conferencia de prensa en diciembre de 2021, DeSantis afirmó que tiene una lista de los transportistas que están participando en esta actividad. Sin embargo, su despacho no ha proporcionado esa lista y no ha dicho porqué no la ha proporcionado a la Legislatura mientras considera la legislación.

Según el proyecto de ley, se prohibiría a las entidades gubernamentales contratar a personas o empresas que “presten intencionadamente cualquier servicio que favorezca el transporte de un extranjero no autorizado al estado de la Florida a sabiendas de que el extranjero no autorizado entró o permanece en Estados Unidos violando la ley”.

Cuando se le preguntó si la puesta en marcha de un programa de este tipo sin la aprobación del Congreso carecía de precedentes, Bean dijo que sí. Sin embargo, el senador republicano Rick Scott dijo al Miami Herald en noviembre pasado que a él tampoco le dieron información sobre los migrantes reubicados en la Florida por el gobierno federal durante sus ocho años de gobierno.

“¿Recuerdan los refugiados sirios? Fui muy vocal ante el hecho de que si vas a enviar a alguien a mi estado, yo era gobernador en funciones, deberías hablar conmigo, deberías pedirme mi opinión, deberías darme toda la información de la aprobación”, dijo Scott.

¿Más medidas locales de control de la inmigración?

Según la propuesta, todos los jefes de policía de la Florida tendrían que firmar un acuerdo antes de enero de 2023 que permitiría a los agentes a nivel de condado realizar ciertas funciones de las autoridades federales de inmigración, como parte del programa federal conocido como programa 287(g).

El número de jurisdicciones que han implementado el programa en la Florida se ha disparado bajo la administración DeSantis. Actualmente, 48 de los 67 jefes de Policía de la Florida participan en el programa, según el Servicio de Inmigración y Aduanas federal.

Los condados Miami-Dade, Orange y Palm Beach, que tienen algunas de las mayores poblaciones de inmigrantes en el estado, están entre los 19 que aún no participan en el programa, pero estarían obligados a hacerlo, según el proyecto de ley.

El proyecto de ley no permitiría a las autoridades locales promulgar políticas y procedimientos que les prohíban compartir información con las agencias estatales sobre la situación migratoria de las personas bajo su custodia.

Un proyecto de ley idéntico fue presentado por el representante estatal John Snyder, republicano de Stuart, en la Cámara estatal. Ese proyecto de ley aún no ha sido escuchado en la comisión.

“Aunque una buena parte es simplemente un refrito de piezas del proyecto de ley antisantuario, es triste que los legisladores republicanos estén duplicando los esfuerzos del gobernador DeSantis para usar a los niños como peones para promover su agenda xenófoba”, dijo Anne Janet Hernández Anderson, abogada supervisora del Proyecto de Justicia para Inmigrantes en el Southern Poverty Law Center.