Senado estatal aprueba ley que crea oficina de seguridad electoral bajo el control de DeSantis

Los senadores estatales republicanos avanzaron el viernes varias reformas electorales que incluyen la creación de una oficina de seguridad electoral bajo el control del gobernador, la primera en su tipo.

Durante una sesión nocturna el viernes, el Senado de la Florida votó 23 a 15 para enviar el proyecto de ley a la Cámara, en donde se espera que se someta a votación y se envíe al gobernador la próxima semana.

Los demócratas debatieron brevemente en contra de la legislación, mientras que un solitario senador republicano señaló una serie de casos individuales de fraude —la mayoría de ellos supuestamente cometidos por republicanos o agentes del Partido Republicano— desde las elecciones de 2020.

“¿Qué es lo que realmente tememos aquí? ¿Nos preocupa que nuestras elecciones sean demasiado seguras?”, dijo el senador Travis Hutson, republicano de Elkton, patrocinador del proyecto de ley.

El proyecto de ley 524 del Senado es una de las principales prioridades del gobernador Ron DeSantis, pero el proyecto ha cambiado significativamente con respecto a lo que solicitó inicialmente. Todavía haría más de una docena de cambios en las leyes electorales del estado, incluyendo:

▪ La creación de una Oficina de Delitos Electorales y Seguridad, compuesta por 15 personas, para investigar las quejas de fraude en la oficina del secretario de estado, que depende del gobernador.

▪ Añadir 10 agentes de la policía estatal, elegidos por el gobernador.

▪ Exigir a los supervisores electorales que limpien sus listas de electores anualmente en lugar de cada dos años.

▪ Cambiar el nombre de las urnas para votar por el de “puestos de recepción de boletas electorales”.

▪ Imponer una multa de $1,000 por cambiar el registro del partido de alguien sin su consentimiento: una reacción ante que los reporteros descubrieran que las afiliaciones partidistas de algunos votantes en el Condado Miami-Dade fueron cambiadas involuntariamente al Partido Republicano por los encuestadores republicanos.

▪ Y convertir algunos delitos electorales en un serio delito de tercer grado, castigado con hasta cinco años de prisión, en lugar de un delito menor.

Los legisladores han renunciado a algunas de sus ideas más polémicas, como la propuesta de exigirle a los votantes que añadan los cuatro últimos dígitos de su número de Seguro Social o del documento de identidad emitido por el Estado a su boleta electoral por correo. Un supervisor electoral republicano había calificado ese requisito de “receta para el desastre”.

En cambio, el proyecto de ley ahora requiere que el secretario de Estado presente un plan para adoptar dicho sistema en todo el estado.

DeSantis también quería que la oficina de seguridad de las elecciones ejerciera el control sobre cualquier investigación local relacionada con las elecciones, algo que los legisladores republicanos nunca propusieron.

Algunas personas que creen que hubo un fraude generalizado en las elecciones de 2020 se han molestado por los cambios.

El viernes, el proyecto de ley fue criticado por los demócratas y por el senador republicano Jeff Brandes, de San Petersburgo, quien reconoció que pensaba que algunos componentes, como el darle mantenimiento más frecuentemente a la lista, eran una buena idea.

Sin embargo, asignar a tantas personas para perseguir los casos de fraude es “solo absolutamente casi cómico”, dijo Brandes, y describió otras partes como “simplemente ridículas”. En 2020, la línea directa de fraude electoral de la Secretaría de Estado recibió 262 denuncias, de las cuales 75 se consideraron lo suficientemente creíbles como para ser remitidas a la policía.

Brandes dijo que el año pasado la Legislatura aprobó un proyecto de ley que prohíbe a las personas hacer quejas de código de forma anónima. Pero las llamadas a la línea directa de fraude electoral pueden hacerse de forma anónima, a pesar de que los delitos de fraude electoral ahora se consideran delitos graves.

“Me parece que esa incoherencia es algo que no puedo apoyar”, dijo.

Preocupaciones

El senador Jason Pizzo, demócrata de Miami, dijo que estaba preocupado por haberle asignado tanto poder al gobernador. Otros demócratas dijeron que los cambios no eran necesarios, ya que DeSantis ha dicho que la elección de 2020 se desarrolló sin problemas.

La senadora Janet Cruz, demócrata de Tampa, dijo que el proyecto de ley debería ser renombrado de “administración electoral” a “intimidación a los votantes y supresión de los votantes, porque eso es realmente lo que estamos haciendo aquí”.

Mientras que los demócratas y los grupos de derechos del voto apuntan a la historia bien documentada del estado, de privar del derecho al voto a los floridanos afroamericanos y a otras personas, se han visto en apuros para mostrar ejemplos de votantes individuales que se verían perjudicados por los cambios propuestos.

Hutson, el único republicano que debatió en apoyo del proyecto de ley el viernes, dijo que ha escuchado todas las afirmaciones de que el proyecto de ley del año pasado equivalía a la “supresión de los votantes”.

“Cuando volví a casa, lo escuché todo. Se dijo una y otra vez”, dijo Hutson. “Y, sin embargo, hasta el día de hoy, no hay ninguna evidencia de eso con el SB 90”.

Los grupos de derecho al voto dicen que la reciente legislación ha creado un efecto paralizante para los supervisores de las elecciones, y dicen que los republicanos están imponiendo reglas que hacen más difícil solicitar una boleta electoral por correo. Los grupos de registro de terceros también dicen que los cambios recientes han dificultado la inscripción de nuevos electores.

Pero encontrar casos individuales ha sido un desafío, y los republicanos han señalado que es más fácil votar en la Florida que en varios estados controlados por los demócratas.

“Es difícil señalar a un votante al que le haya ocurrido algo, pero hay datos que sugieren que hay problemas”, dijo Brad Ashwell, director estatal de la Florida de All Voting is Local, un grupo de defensa del derecho al voto que ha testificado contra la legislación. “Nuestro sentimiento general sobre esto es que preferimos que supervisen las mejoras de nuestro sistema electoral en lugar de dificultar continuamente la votación”.

Agresiones al derecho al voto

La legislación llega después de dos recientes luchas legislativas relacionadas con el voto. El año pasado fue el proyecto de ley 90 del Senado, también solicitado por DeSantis, supuestamente para eliminar el fraude electoral luego de las afirmaciones del presidente Donald Trump respecto a las elecciones de 2020.

Esa legislación puso limitaciones a las urnas para votar: requirió que los votantes proporcionaran un número de seguro social o un número de identificación al solicitar una boleta electoral por correo, por ejemplo, así como otros numerosos otros cambios, en su mayoría administrativos.

Y, en 2019, a instancias de DeSantis, los legisladores republicanos trazaron una línea inamovible sobre la enmienda constitucional conocida como Enmienda 4, que restauró el derecho al voto para personas con condenas por delitos graves que completaron “todos los términos de la sentencia”.

“Ha sido un ataque continuo hacia el derecho al voto”, dijo Genesis Robinson, directora política de Equal Ground, una organización que defiende el derecho al voto.

Robinson le recordó parte de esa historia a los legisladores esta semana.

“Ya sea que se trate de un examen de alfabetización, de contar con exactitud la cantidad de gomitas en un frasco o del uso de las fuerzas del orden en los centros de votación como medio de intimidación, la historia de la supresión del voto contra la gente de color es profunda y continúa hoy en día”, les dijo.

En los tribunales, sin embargo, los grupos de defensa del derecho al voto no han tenido éxito. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos, para el 11º Circuito, respaldó el proyecto de ley del Senado 7066, que limitaba la Enmienda 4 a pesar de las reclamaciones de que equivalía a un “impuesto electoral” inconstitucional; durante la impugnación judicial del proyecto de ley 90 del Senado el mes pasado, el juez de distrito de Estados Unidos, Mark Walker, se mostró escéptico ante el argumento de que la ley estaba diseñada expresamente para dirigirse a la gente de color.

“¿No es igual de fácil la justificación de que la ley se aprobó para mantener contento al anterior presidente?”, dijo Walker.

Walker aún no ha dado una sentencia del caso.

Los demócratas, los supervisores electorales y los grupos de defensa del derecho al voto dicen que la reciente legislación ha tenido efectos reales.

Trabajadores electorales enfrentan amenazas

En el tribunal de Walker, el supervisor de elecciones del Condado Leon, Mark Early, testificó que los supervisores han renunciado por los recientes cambios, y mencionó que el proyecto de ley del año pasado, que impone una multa de $25,000 a los supervisores que violen las leyes de las urnas electorales, “es un ataque más, esencialmente, a los funcionarios electorales que tienen que trabajar.”

“Se ha convertido en un ambiente de trabajo muy difícil”, declaró Early.

Brian Corley, Supervisor de Elecciones del Condado Pasco, testificó que su personal se ha enfrentado a amenazas y ha recibido insultos racistas. Publicó una declaración alrededor de un mes después de las elecciones de 2020, condenando las “afirmaciones sin fundamento y la desinformación con la intención de socavar los resultados de las elecciones”.

“Simplemente sentí la necesidad de hablar por la verdad y la realidad”, declaró Corley, quien es republicano.

Este reportaje fue complementado con material del News Service of Florida.