Si nuevas ordenanzas perjudican los ingresos, empresas podrán demandar por daños
Las empresas cuyos ingresos disminuyan 15% o más como consecuencia de una ordenanza local o de una iniciativa ciudadana local podrán demandar a las ciudades y condados por daños y perjuicios, según una medida aprobada por los legisladores el miércoles y enviada al gobernador para su aprobación.
La propuesta forma parte de una serie de medidas aprobadas en esta sesión legislativa a raíz de los enfrentamientos por el COVID-19 entre el gobernador Ron DeSantis y los gobiernos más progresistas de las grandes ciudades.
En los últimos años, los legisladores conservadores han usado la ley estatal para revertir o impedir las decisiones de los gobiernos locales que restringen las conexiones de gas natural, regulan los alquileres de vacaciones y las casas de fiesta, prohíben los absorbentes para beber y ciertos protectores solares, e imponen normas sobre dónde pueden instalar las empresas de servicios públicos las granjas solares.
Los defensores de la ley la calificaron de “proempresarial”, creada para proteger los derechos de la propiedad privada. Los que se oponen dicen que será una carga costosa para los contribuyentes, que fomentará demandas frívolas, que impedirá los esfuerzos para tomar medidas contra cosas como la crianza desregulada de mascotas y que restringirá la prohibición de productos que dañan el medio ambiente.
“Esto solo va a dar a los que hacen cosas indebidas otra oportunidad de amenazar a los gobiernos locales para salirse con la suya”, dijo la representante Christine Hunschofsky, demócrata y ex alcaldesa de Parkland.
El proyecto de ley SB 620 se aplicaría a los negocios que han estado operando durante al menos tres años. Les permite presentar demandas para recuperar los beneficios perdidos durante siete años o el número de años que los negocios han estado en operación, lo que sea menor.
Si el proyecto se convierte en ley, las repercusiones podrían tener un impacto sustancial en el presupuesto de los gobiernos locales. Florida TaxWatch, la organización de investigación respaldada por las empresas, calculó que la legislación “dará lugar a una serie de demandas malintencionadas y con motivaciones financieras, que costarán a los gobiernos locales más de $900 millones al año” porque los gobiernos locales se verán obligados a aumentar los impuestos o a reducir los servicios para cubrir los gastos legales.
Si el proyecto de ley hubiera estado en vigor en 2020, los habitantes de Cayo Hueso que votaron a favor de prohibir que los cruceros con más de 1,300 pasajeros atracaran en los puertos de la ciudad habrían tenido que pagar a las compañías de cruceros la pérdida del negocio durante los meses en que la prohibición estuvo en vigor.
Si se hubiera convertido en ley el año pasado, el Condado Miami-Dade, que impuso una prohibición de usar fertilizantes en el césped y las plantas durante la temporada de lluvias para evitar la proliferación de algas y la muerte de peces, pudo haberse visto obligado a pagar a las empresas que vieron descender considerablemente la venta de fertilizantes.
Y si el proyecto de ley se promulga este año, los vecinos de Miami Beach, que votaron en un referendo de cumplimiento no obligatorio el año pasado para imponer un horario más temprano para limitar la venta de alcohol en los bares locales, podrían ser responsables de los daños si la nueva ley conduce a la pérdida de ingresos.
El proyecto de ley es una prioridad del presidente del Senado, Wilton Simpson, republicano por Trilby y candidato a comisionado de Agricultura. Ha defendido la propuesta como una forma de detener la práctica de las empresas que acuden a la Legislatura controlada por los republicanos para echar atrás las decisiones de los funcionarios elegidos a nivel local.
“Hay un segmento de nuestro gobierno local que adopta una posición abiertamente hostil hacia las empresas”, dijo el representante Spencer Roach, republicano por North Fort Myers que patrocinó el proyecto de ley para echar atrás las ordenanzas de Cayo Hueso el año pasado.
El patrocinador en la Cámara, Lawrence McClure, republicano por Dover, dijo que el proyecto de ley haría que los gobiernos locales “se detuvieran antes de promulgar ordenanzas que perjudicaran los empleos y las empresas”. Dijo que las empresas tienen más dificultades para operar que en cualquier otro momento de la historia, y que el estado debería favorecer a las empresas sobre el gobierno.
Sin embargo, la representante Dianne Hart, demócrata por Tampa, advirtió que tendrá un “gran efecto disuasorio sobre la capacidad de los gobiernos locales para promulgar ordenanzas significativas y populares”, dijo.
Señaló que la Florida será el primer estado del país con una política de este tipo. “¿Por qué tenemos que ser siempre los primeros del país en hacer cosas malas?”, preguntó.
“Este es mi proyecto de ley favorito por mucho”, dijo el representante Juan Alfonso Fernández Barquín, republicano de Miami-Dade”.
La versión original del proyecto ley contó con la férrea oposición de los funcionarios de los gobiernos locales, que advirtieron que provocaría una avalancha de demandas cuando las ciudades y los condados aprobaran ordenanzas sobre el ruido, normas de zonificación o medidas de seguridad pública destinadas a regular los negocios que la comunidad considera peligrosos o molestos. Ante la oposición generalizada, los patrocinadores en el Senado modificaron el proyecto de ley, limitando el momento en que las empresas pueden presentar demandas y ofreciendo opciones para que las ciudades o condados eviten el pago de los daños haciendo una de estas tres cosas:
▪ Derogar la ordenanza.
▪ Modificar la ordenanza de manera que se suprima la disposición.
▪ Conceder a la empresa una exención por dificultades, que determinaría el gobierno local.
Tras la modificación, la Liga de Ciudades de la Florida, que se había opuesto al proyecto de ley original, anunció que era neutral.
La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley por 69 a 45 y lo enviará al gobernador. Seis republicanos de la Cámara se unieron a la mayoría de los demócratas para oponerse al proyecto de ley. Esos republicanos fueron los representantes Thad Altman, de Indialantic; Melony Bell, de Fort Meade; Sam Killebrew, de Winter Haven; Patt Maney; de Shalima; Jim Mooney, de Islamorada, y David Smith, de Winter Springs. La representante Anika Omphroy, demócrata por Lauderdale Lakes, votó a favor.
La Cámara está a la espera de la aprobación final de una ley relacionada, la SB 280, que exige a los gobiernos locales que hagan una declaración de impacto económico de las ordenanzas antes de adoptarlas y dará a cualquier impugnación legal resultante una prioridad rápida en los tribunales.