El proyecto de ley ‘no digas gay’, lo que gusta a los simpatizantes, lo que temen los oponentes
Cuando el gobernador Ron DeSantis promulgó el lunes el proyecto de ley de Derechos de los Padres en la Educación, al que los oponentes apodan proyecto de ley “no digas gay”, repitió lo que ha estado diciendo desde que el polémico proyecto de ley surgió por primera vez en la Florida: “Los políticos de izquierda, los activistas y los medios corporativos” están entendiendo mal la intención del proyecto de ley.
El texto del proyecto de ley de siete páginas no menciona la palabra “gay”. Sus vagas estipulaciones ofrecen pocos detalles sobre cómo se implementará en las escuelas públicas de la Florida la prohibición de la instrucción de género y sexualidad por parte de los maestros y, sin embargo, ambas partes dicen que entienden exactamente la intención.
DeSantis dijo que el objetivo del HB 1557 es “ofrecer protecciones a los padres y hacer cumplir los derechos de los padres” sobre la educación de sus hijos para evitar una tendencia de “sexualización de los niños” que, según él, se está extendiendo en otros estados.
Los oponentes advirtieron que es una solución en busca de un problema porque las principales estipulaciones del proyecto de ley —la prohibición de la discusión de la orientación sexual y la identidad de género dirigida por el maestro desde jardín de niños hasta tercer grado— es un tema que actualmente no se enseña en las escuelas públicas. Dicen que la ley es intencionadamente vaga, con el propósito de suprimir el debate sobre la inclusión de género en las escuelas, intimidar a los maestros para que eviten el tema y apuntar a los estudiantes LGBTQ.
Lea el proyecto de ley en su totalidad (en inglés): proyecto de ley de educación HB 1557
A continuación se exponen las principales estipulaciones de la nueva ley, que entrará en vigor el 1º de julio, un resumen de lo que dicen sus simpatizantes y un resumen de algunas de las preocupaciones planteadas por los oponentes.
Bienestar de los estudiantes
▪ Líneas 66-81 del proyecto de ley: Los distritos escolares deben “adoptar procedimientos para notificar a los padres de un estudiante si hay un cambio en los servicios del estudiante o el seguimiento relacionado con la salud mental, emocional o física del alumno o el bienestar y la capacidad de la escuela para proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo. Los procedimientos deben fortalecer el derecho fundamental de los padres a tomar decisiones sobre la crianza y el control de sus hijos, exigiendo al personal del distrito escolar que anime al alumno a discutir con sus padres los temas relacionados con su bienestar o que facilite la discusión del tema con los padres. Los procedimientos no pueden prohibir a los padres el acceso a cualquiera de los registros de educación y salud de sus estudiantes creados, mantenidos o utilizados por el distrito escolar”.
Los simpatizantes dicen que la estipulación codifica la práctica existente y reconoce lo que DeSantis dijo el lunes: “que en el estado de la Florida los padres tienen un papel fundamental en la educación, la atención sanitaria y el bienestar de sus hijos”.
Los oponentes advierten que la estipulación pudiera tener un efecto escalofriante en las conversaciones confidenciales entre los consejeros escolares y los jóvenes sobre las luchas que están teniendo con su orientación sexual e identidad de género.
Notificación a los padres
▪ Líneas 82-96: “Un distrito escolar no puede adoptar procedimientos o formularios de apoyo al estudiante que prohíban al personal del distrito escolar notificar a un padre sobre la salud mental, emocional o física de su estudiante o su bienestar, o un cambio en los servicios relacionados o la supervisión, o que alienten o tengan el efecto de alentar a un estudiante a ocultar a un padre tal información. El personal del distrito escolar no puede desalentar o prohibir la notificación y participación de los padres en las decisiones críticas que afecten la salud o el bienestar mental, emocional o físico del estudiante. Este subpárrafo no prohíbe que un distrito escolar adopte procedimientos que permitan al personal de la escuela retener dicha información de un padre si una persona razonablemente prudente creería que la divulgación podría resultar en abuso, abandono o negligencia”.
Los detalles de esta parte de la ley aún no se desarrollan, y no está claro cómo funcionará exactamente. Pero a algunos activistas del colectivo LGBTQ les preocupa que la estipulación pudiera llevar a las escuelas a informar a los padres de los niños homosexuales o transexuales, lo que podría agravar los problemas de salud mental a los que ya se enfrentan los estudiantes.
El senador Manny Díaz, republicano de Hialeah, dijo al Senado durante el debate legislativo el 8 de marzo que un consejero no estaría obligado a ponerse en contacto con un padre si un estudiante acude a ellos para decir “que están confundidos y sienten que pueden ser gay.
“Más bien, si el consejero determina que la información provocará un cambio en los servicios para el estudiante, o si tiene una preocupación por la seguridad del estudiante porque podría ser suicida, “la disposición de notificar a los padres se pondría en marcha”, dijo Díaz, “a menos que sientan que el estudiante en casa estaría en peligro por la reacción de los padres”.
Los oponentes advierten, sin embargo, que los maestros pueden no conocer la vida de los estudiantes lo suficientemente bien como para saber qué tipo de reacción o violencia van a enfrentar si se revela su inquietud sin su consentimiento.
Instrucción en el aula
▪ Líneas 97-101: “La instrucción en el aula por parte del personal escolar o de terceros sobre la orientación sexual o la identidad de género no puede ocurrir desde el jardín de niños hasta el tercer grado o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con las normas estatales”.
Esta es la sección más controvertida de la nueva ley y, aunque no aborda la instrucción sobre la actividad sexual, prohíbe específicamente la instrucción sobre la orientación sexual y la identidad de género. La medida tampoco define lo que es “apropiado para la edad”, pero asegura que en los primeros cursos, donde no se imparte educación sexual, los maestros tampoco enseñarán sobre la identidad de género.
El secretario del Departamento de Educación, Richard Corcoran, dijo el lunes que su organismo determinará la adecuación a la edad mediante el establecimiento de normas, planes de estudio y desarrollo profesional “para que la gente tenga ese claro entendimiento”. Dijo que “los maestros son comprensivos, pero quieren vallas de contención”. La ley da a la agencia hasta el 30 de junio de 2023 para escribir esas directrices.
DeSantis dijo que cree que la mayoría de los maestros no tratan de perseguir “algún tipo de agenda ideológica”, pero dijo que el empuje para la instrucción de inclusión de género es a menudo una “directiva desde lo alto” de “miembros muy politizados de los consejos escolares”.
El senador Danny Burgess, republicano de Zephyrhills, dijo que la ley “está destinada a aplicarse de manera uniforme en todo el estado”, ya que los distritos escolares locales aplican las normas establecidas por el Departamento de Educación “y lo implementan dentro de sus organismos locales”.
Pero esta es la estipulación que más preocupa a los oponentes porque creen que su vaga redacción incitará a los maestros a autocensurarse y a evitar el uso de palabras como “gay” y otros términos inclusivos de género en sus aulas, sin importar el grado.
“Sabemos que los maestros no imparten educación sexual en los cursos de preescolar a tercero, pero muchos intentan hablar de las familias inclusivas, sobre todo cuando tienen niños en sus aulas con padres del mismo sexo o con padres transexuales”, dijo Ryan Thorsen, un investigador de Human Rights Watch que ha estudiado la legislación de la Florida. “Esto realmente obstaculizaría su capacidad de hacer eso, particularmente en jardín de niños y hasta tercer grado y, potencialmente, silenciaría las discusiones en otros grados, dependiendo de cómo interpreten el proyecto de ley los maestros”.
.
Servicios de apoyo a los estudiantes
▪ Líneas 102-105: “La capacitación de servicios de apoyo a los estudiantes desarrollada o proporcionada por un distrito escolar al personal del distrito escolar debe apegarse a los lineamientos, los estándares y los marcos de servicios a los estudiantes establecidos por el Departamento de Educación”.
Esta es otra sección vaga que deja en manos del Departamento de Educación la adopción de estándares de capacitación para los maestros y otro personal de la escuela, además del plan de estudios, que dará forma a cómo se implementa la medida.
Las autoridades escolares afirman que todos los distritos escolares están examinando sus programas existentes y los equipos de gestión de riesgos están tratando de decidir cómo evitar la violación de la ley. El temor, dicen, es que la vaguedad de los estándares abra la puerta a demandas que pongan en evidencia a los distritos y los sometan a honorarios de abogados, incluso si se desestiman años después.
Mientras tanto, los partidarios de la comunidad LGBT temen que las normas del Departamento de Educación puedan reflejar las que ya están en la ley, que exigen que a los estudiantes que toman clases de salud y que están aprendiendo sobre el VIH/SIDA también se les enseñe los “beneficios del matrimonio monógamo y heterosexual”.
“Históricamente, el Departamento de Educación no creó planes de estudio que incluyan a las personas LGBT”, dijo Thorsen, de Human Rights Watch.
Opción de exclusión de los padres y cuestionario
▪ Líneas 106-109 y 114-118: “Al comienzo del año escolar, cada distrito escolar notificará a los padres de todos los servicios de salud ofrecidos en la escuela de su estudiante y la opción de retener el consentimiento o rechazar cualquier servicio específico....
“Antes de administrar un cuestionario sobre el bienestar del estudiante o un formulario de examen de salud a un estudiante desde el jardín de niños hasta el tercer grado, el distrito escolar debe proporcionar el cuestionario o el formulario de examen de salud a los padres y obtener el permiso de estos”.
Estas estipulaciones exigen que los distritos escolares creen un procedimiento de exclusión para los padres en relación con los servicios de salud mental y física para sus estudiantes. Esos servicios pudieran incluir asesoramiento y grupos de apoyo, pero la ley también apunta a la práctica de usar cuestionarios para detectar el estrés mental y socioemocional entre los estudiantes.
“Esto garantiza que siempre que se aplique un cuestionario o un examen de salud a nuestros jóvenes estudiantes, los padres lo reciban primero y den permiso para que la escuela lo aplique a su hijo”, dijo DeSantis.
Los activistas advierten que los estudiantes que más necesitan el tipo de apoyo que podría revelarse en un cuestionario podrían ser también aquellos cuyos padres están más inclinados a protegerlos de los servicios.
A los funcionarios escolares también les preocupa que tenga que obtener un permiso específico antes de tratar un incidente médico rutinario debido a las cláusulas de exclusión. También preocupan algunos niños cuyos padres no responden a las solicitudes de consentimiento paterno.
Derechos de los padres a un recurso legal
▪ Líneas 119-128 y siguientes: “Cada distrito escolar adoptará procedimientos para que un padre notifique al director, o a su designado, en relación con las preocupaciones bajo este párrafo en la escuela de su estudiante y el proceso para resolver esas preocupaciones dentro de los siete días naturales después de la notificación de los padres. Como mínimo, los procedimientos deben exigir que, en un plazo de 30 días tras la notificación de los padres de que la preocupación sigue sin resolverse, el distrito escolar resuelva la preocupación o proporcione una declaración de las razones por las que no se ha resuelto la preocupación”.
Los padres que no estén satisfechos con lo que se enseña a su hijo en la escuela sobre esas materias tendrán tres opciones para presentar una queja:
1) Pueden presentar la preocupación al distrito para que la resuelva.
2) Si el distrito no resuelve su preocupación, pueden hacer que el asunto sea revisado por el Consejo Estatal de Educación.
3) Pueden contratar a un abogado y presentar una demanda contra el distrito escolar.
Antes de que los padres puedan demandar a un distrito escolar, deben transcurrir 37 días durante los cuales su preocupación no sea atendida. También pueden pedir al distrito que nombre a un magistrado especial. El senador Dennis Baxley, republicano de Ocala, dijo que el proceso de contratación de un magistrado especial es la “vía para que esto ocurra y mucho menos costoso que una demanda”.
Los oponentes advirtieron que al dar a los padres una causa de acción, incentiva a los padres descontentos a demandar a los distritos escolares, lo que requiere que los contribuyentes paguen por largas demandas y honorarios de abogados.
“Lo que se obtendrá son demandas frívolas”, dijo la senadora Tina Polsky, demócrata de Boca Ratón, durante el debate en el Senado. “En mi condado, hay mucha gente que está hablando de lo malvado y horrible que es nuestro distrito escolar: los libros malvados, las conversaciones malvadas que se están teniendo y esta gente va a demandar”.
La redactora de la Oficina del Herald/Times en Tallahassee Ana Ceballos contribuyó a este artículo.