Las leyes electorales de la Florida no sirven, dicen activistas tras los arrestos por fraude
Un grupo de defensa de derechos electorales de la Florida está pidiendo a los funcionarios estatales que arreglen lo que dice que es un sistema de votación de la Florida “roto” después que se hicieron virales esta semana videos de delincuentes siendo arrestados por cargos relacionados con votar ilegalmente en 2020.
La Florida Rights Restoration Coalition, que lideró el esfuerzo de 2018 para permitir que los floridanos con condenas por delitos graves puedan votar, también le está pidiendo a la gente firmar una petición para que los fiscales estatales y locales “suspendan de inmediato los arrestos” de personas con delitos graves en sus registros para votar.
“Lo que vemos con estos videos es el rostro humano de un sistema roto”, dijo el subdirector de la organización, Neil Volz, durante una conferencia de prensa el miércoles.
Los videos de floridanos arrestados por la nueva fuerza de seguridad electoral del gobernador Ron DeSantis, publicados por primera vez por Miami Herald/Tampa Bay Times el martes, revelaron una visión personal de los efectos de los esfuerzos del gobernador para erradicar el supuesto fraude electoral.
Los videos, en los que las personas arrestadas parecían confundidas por los cargos de fraude electoral, provocaron una inmediata indignación y obtuvieron millones de visitas en Twitter.
Las 19 personas acusadas de votar ilegalmente tienen todas ellas cargos de delitos sexuales u homicidio en su historial y no pueden votar. Sin embargo, todos ellos recibieron tarjetas de identificación de elector tras las verificaciones iniciales del Departamento de Estado y votaron en las elecciones de 2020.
“El mismo estado que dio a alguien una tarjeta de identificación de elector hace varios años ahora los acusa de fraude electoral”, dijo Volz. “Es nuestra creencia que mientras el estado sea incapaz de determinar la elegibilidad de los electores en primer lugar, no deberíamos estar arrestando a las personas”.
Un portavoz del Departamento de Estado de la Florida no devolvió de inmediato una solicitud de declaraciones.
La Florida Rights Restoration Coalition está coordinando la defensa legal pro bono de la mayoría de las 19 personas. El grupo dijo que también tiene abogados listos para asesorar a cualquier persona que no esté segura de si es elegible para votar.
Cuando alguien se inscribe, la División de Elecciones de la Florida hace revisiones básicas para verificar que la persona es real. La división luego identifica a las personas para investigaciones de seguimiento, pero esas investigaciones se han vuelto mucho más complicadas desde que la Florida comenzó a permitir que algunos delincuentes —pero no todos— voten en 2018.
La enmienda de 2018 y la regla posterior de que los delincuentes deben pagar todas las multas y tarifas para registrarse para votar han causado debate y confusión entre los funcionarios y los posibles electores por igual.
Durante un juicio federal en 2020, la directora de la División de Elecciones, Maria Matthews, testificó que su oficina “con poco personal” estaba “pasando apuros” para idear un proceso para identificar a los individuos no elegibles.
Testificó que la oficina tenía un atraso de 85,000 solicitudes de registro que fueron marcadas, y su equipo de 20 pudo procesar solo 57 por día.
La División de Elecciones tiene hoy aproximadamente el mismo número de empleados que en 2005, aunque el número de electores registrados en la Florida ha aumentado en aproximadamente un 50% desde entonces.
Este año, los legisladores estatales asignaron $1 millón para contratar personal para 15 nuevos puestos para ayudar a acelerar el proceso. A petición de DeSantis, invirtieron otros $2.6 millones en contratar a 10 nuevos policías estatales y contratar a 15 personas para la recién creada Oficina de Delitos Electorales y Seguridad.
Las 19 personas a las que apunta la oficina están acusadas de registrarse y votar “voluntariamente” cuando no eran elegibles, un delito grave de tercer grado que se castiga con hasta cinco años de prisión.
Pero un abogado contratado por la coalición para coordinar las defensas legales en estos casos dijo que los arrestados no sabían que eran inelegibles para votar.
“La gente estaba completamente sorprendida por estos arrestos”, dijo el miércoles el abogado Aidil Oscariz. “No esperan ser arrestados simplemente por votar. No son conscientes de que estaban cometiendo algún tipo de delito”.
Esta historia fue publicada originalmente el 20 de octubre de 2022, 2:53 p. m..