Se resuelve otro caso de fraude electoral de DeSantis. Este termina con una declaración de nolo contendere

Una de las 20 personas arrestadas por la nueva fuerza de seguridad electoral del gobernador Ron DeSantis aceptó el lunes un acuerdo de que le permite evitar cualquier castigo.

Romona Oliver, vecina de Tampa de 56 años, se declaró nolo contendere a un cargo de delito grave por votar sin derecho en las elecciones de 2020. A cambio, los fiscales estatales retiraron otro cargo de delito grave por “juramento falso” cuando se inscribió para votar.

Oliver fue sentenciada a un crédito por tiempo servido; pasó

unas horas en la cárcel del Condado Hillsborough el 18 de agosto, el mismo día en que DeSantis dio una conferencia de prensa anunciando los primeros arrestos de su nueva Oficina de Crímenes Electorales y Seguridad.

Oliver no recibió libertad condicional, no se le asignó servicio comunitario y no tuvo que pagar las tarifas judiciales generalmente obligatorias, como el costo de la acusación o el costo de la investigación, dijo su abogado de Tampa, Mark Rankin.

“Esencialmente, cero consecuencias, excepto por todo el estrés que ha sufrido durante los últimos tres meses”, dijo Rankin.

Enfrentaba hasta cinco años de prisión por cada uno de los dos cargos de delito grave. Declararse nolo contendere no es lo mismo que declararse culpable y Rankin mantiene que Oliver no hizo nada malo.

“Por mucho que yo, como abogado y ciudadano de la Florida, quisiera luchar contra esto y llevarlo a juicio, no la culpo”, dijo Rankin. “Ella quería acabar con esto y seguir su vida sin este estrés”.

El fiscal estatal Nick Cox dijo en un comunicado que “cada caso es único”.

“La Fiscalía Estatal se complace en asegurar la condena por delito grave por votación ilegal”, dijo Cox.

Como alguien previamente condenada por homicidio en segundo grado, en el año 2000, Oliver no era elegible para votar, incluso bajo los términos de la Enmienda 4 de 2018.

Esa enmienda constitucional, aprobada por los electores de la Florida, restauró el derecho al voto a todas las personas condenadas por un delito grave, excepto a los condenados por homicidio y delitos sexuales graves, y a los que no habían completado “todos los términos” de su sentencia.

Pero la enmienda llevó a una confusión masiva, y cuando Oliver se registró para votar, el 14 de febrero de 2020, el Departamento de Estado —que depende de DeSantis— la autorizó a recibir una tarjeta de elector.

El formulario de inscripción para votar de electores requería que ella atestiguara, bajo pena de perjurio, que no era una delincuente, o que si lo era, su derecho a votar había sido restaurado. La ley estatal establece que el elector tiene que cometer el delito “voluntariamente”, un obstáculo que ha forzado a algunos fiscales en el pasado a no acusar a los electores inelegibles.

Cuando la policía fue a arrestar a Oliver en su camino al trabajo en agosto, las cámaras corporales de la policía captaron su confusión.

“¿Fraude electoral?”, dijo. “He votado, pero no he cometido ningún fraude”.

La ley estatal exige al Departamento de Estado que identifique y elimine a los electores inelegibles de las listas, una tarea que le ha costado mucho completar. El departamento no se dio cuenta este año que Oliver seguía en las listas de electores, meses después de ser arrestada. Otra persona recibió una nueva tarjeta de identificación de electores casi un mes después de su arresto.

DeSantis, enfrentado a la presión de la derecha por su negativa a auditar las elecciones de 2020, impulsó este año a la Legislatura a crear la primera Oficina de Delitos Electorales y Seguridad dentro del Departamento de Estado. Los arrestos del 18 de agosto fueron sus primeras acciones, y DeSantis recibió vítores y aplausos cuando dio una conferencia de prensa esa mañana.

“Eso va en contra de la ley y ahora van a pagar el precio por ello”, prometió DeSantis en ese momento.

Hasta ahora, ninguna de las 20 personas detenidas ha sido condenada a prisión. La semana pasada, los fiscales estatales retiraron los cargos contra uno de ellos. En Miami, el mes pasado, un juez desestimó los cargos contra otro, lo cual los fiscales estatales han apelado.