Tras medida legislativa, tribunal desestima la demanda contra DeSantis por los vuelos de migrantes
En una audiencia de siete minutos, un juez del Tribunal de Circuito del Condado León desestimó el miércoles el caso contra el gobernador Ron DeSantis presentado por un senador estatal sobre los vuelos financiados por la Florida que llevaron a migrantes desde Texas hasta Martha’s Vineyard el año pasado.
Ambas partes acordaron que la Legislatura de la Florida había derogado la parte de la ley que se usó como base para la demanda que acusaba al gobernador de trasladar en avión ilegalmente a migrantes a Massachusetts en septiembre pasado y, por lo tanto, debería ser desestimada.
El senador estatal Jason Pizzo, demócrata de Hollywood, demandó al gobernador y al Departamento de Transporte de la Florida en su calidad de ciudadano particular, argumentando que el financiamiento de los controvertidos vuelos usó indebidamente una ley de asignaciones —la Ley de Asignaciones estatales 2022-23— para crear un nuevo programa sustancial en lugar de autorizarlo a través de una ley separada.
Los legisladores de la Florida se reunieron en período extraordinario de sesiones este mes para derogar la ley y sustituirla por una nueva medida que permitiera al gobernador trasladar a los migrantes desde cualquier lugar de Estados Unidos, no solo desde la Florida, y llevarlos a “ciudades santuario” en estados demócratas. Los abogados del gobernador argumentaron que las demandas eran irrelevantes y exhortaron al tribunal a desestimar el caso.
El juez del Tribunal de Circuito del Condado León John C. Cooper concordó. “Cada parte puede tomar lo que desea”, dijo.
Durante la audiencia, Pizzo dijo al tribunal que sus objetivos —declarar inconstitucional la ley y evitar que la práctica se repita— se habían cumplido.
“Para el gobernador del tercer estado más grande del país, que se golpea el pecho hablando de lo estupendo que es el programa y lo maravilloso que es, probablemente no fue fácil tener que tragarse el hecho de que la Asamblea Legislativa tuviera que ir y limpiar y derogar esa misma cosa”, dijo Pizzo. “Recibimos lo que pedimos”.
Cooper dijo que desestimar el caso “no debe tomarse como una determinación de si el proyecto de ley de asignaciones era constitucional o no”, sino de que “la ley me obliga a hacerlo”.
La oficina del gobernador no respondió a las solicitudes de declaraciones.
El proyecto encubierto comenzó con el traslado aéreo de 49 solicitantes de asilo, en su mayoría venezolanos, de San Antonio a Massachusetts el 14 de septiembre. Pero después que el programa llevó a una investigación penal en Texas, una investigación federal y varias demandas alegando que los vuelos infringían las leyes estatales y federales, se pospusieron vuelos adicionales.
Pizzo, quien accedió a desestimar el caso, dijo que esperaba que la demanda pudiera “restablecer tal vez algo de fe en el proceso de separación de poderes”.
“Ahora es más propio del foro de la opinión pública decidir si esto es bueno o no”, dijo. Añadió que ha dicho tanto a la Casa Blanca como al Departamento de Seguridad Nacional que cuando se trata de gestionar la crisis migratoria de la nación, “tampoco están haciendo un buen trabajo”.
Un mes antes de que los legisladores convocaran el período especial de sesiones, Cooper rechazó una petición de la oficina del gobernador para desestimar la demanda de Pizzo.
DeSantis había firmado el presupuesto el 8 de junio, incluida la estipulación que asignó $12 millones en intereses que el estado ganó de los fondos de asistencia por el COVID para pagar “servicios de reubicación” administrados por el Departamento de Transporte de la Florida “para facilitar el transporte de extranjeros no autorizados desde este estado”.
El estado pagó $1.56 millones por adelantado por esos vuelos a Vertol Systems Company, Inc., la empresa de Destin cuyo presidente ejecutivo es un antiguo cliente legal del “zar de la seguridad pública” del gobernador, Larry Keefe. Pizzo argumentó que el contrato debería haber sido objeto de una licitación pública, como se exige para cualquier servicio en el que el estado gaste más de $35,000.
El dinero incluía $650,000 para los vuelos a Martha’s Vineyard y $950,000 para los vuelos a Delaware e Illinois, de los que no hay constancia de que llegaran a realizarse.
Pizzo criticó el miércoles el texto de la nueva ley, que establece que cualquier pago anterior bajo la ley original se “considerará aprobado”. Dijo que eso elimina cualquier supervisión normalmente exigida por la ley. Es amiguismo total”, afirmó. “Es una horrible administración del dinero de los contribuyentes”.
Esta historia fue publicada originalmente el 23 de febrero de 2023, 10:56 a. m..