Más demandas por discapacidad en la Florida. ¿Suprimen barreras o son una ‘extorsión legal’?

Daniel Figueredo y Rosa Romero dejaron sus empleos y asumieron un gran riesgo financiero: abrir un local de sandwiches cubanos en La Pequeña Habana. Familiares y amigos pensaron que estaban locos.

Encontraron un lugar pequeño en un centro comercial de la Calle Ocho e instalaron un mostrador con taburetes, una hilera de mesas blancas, armarios de madera oscura, un suelo de estilo español y un techo estampado con lámparas colgantes. La ciudad de Miami aprobó todas las obras.

Sin embargo, tres años después de abrir Sanguich de Miami en 2018, la pareja y el dueño del local fueron demandados por infringir la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) por Emilio Piñero, quien perdió las dos piernas de las rodillas para abajo, según su demanda. La pareja y el dueño del local zanjaron el caso para evitar una costosa pelea judicial, haciendo algunas reparaciones y dividiendo los $11,000 en honorarios legales pagados a los abogados de Piñero.

“Tuvimos que hacer unos pequeños ajustes, pero eso fue todo”, le dijo Figueredo, quien también es arquitecto, al Miami Herald mientras sonaba música de fondo en el restaurante. En el fondo, sin embargo, veía la demanda como una “extorsión legal”.

“Me sentí extremadamente violentado”, dijo.

Piñero no era un demandante cualquiera: es un demandante habitual de acceso para discapacitados, también conocido como “examinador” según las normas de ADA. Conforme a los registros del tribunal federal, en la última década ha demandado a unas 380 empresas del sur de la Florida por infracciones a la ley ADA; y no es el único: se han presentado más de 11,000 demandas similares desde 2010 y según una revisión de Herald de los registros del tribunal federal en el sur de la Florida durante ese período, los 10 examinadores principales, una lista que incluye a Piñero, representan casi dos tercios de esos casos.

La ley federal permite específicamente a los examinadores como Piñero visitar empresas para ver si cumplen la ley y demandar en su nombre y el de otros. La ley de la Florida les impide, por lo general, reclamar personalmente daños y perjuicios ante los tribunales federales, pero sus abogados pueden embolsarse miles de dólares en honorarios por los acuerdos extrajudiciales. Esta disposición puede ayudar a explicar las razones por que las demandas por la ley ADA se han convertido con mucho en los casos civiles federales más comunes en el sur de la Florida; también llenan los expedientes federales de muchos otros estados, desde Nueva York a California.

La explosión de casos de ADA se ha visto impulsada recientemente por los esfuerzos para ampliar el alcance de la ley de las barreras físicas a las digitales, como los portales digitales de empresas que carecen de “software lector de pantalla” para vocalizar la información para las personas con discapacidad visual y auditiva. A finales de marzo, la Corte Suprema federal aceptó conocer de un caso de la ley ADA presentado por una mujer de la Florida, una examinadora que ha demandado a cientos de hoteles y operadores de alojamiento por portales digitales que no facilitan “información relacionada con accesibilidad”, como por ejemplo si los alojamientos están adaptados para sillas de ruedas.

El caso de discriminación del que se ocupa un tribunal conservador tiene implicaciones nacionales. Un fallo no solo podría trazar nuevas líneas legales para los examinadores y las demandas relacionadas con ADA, sino que podría influir también en otras leyes de derechos civiles.

Los examinadores son ‘héroes’, dijo un abogado

Los abogados que representan a los examinadores califican a sus clientes de héroes e insisten en que solo están interesados en demandar para conseguir el acceso de todas las personas con discapacidad.

“Los demandantes por la ley ADA son la única razón por la que algo es accesible”, dijo el abogado Thomas Bacon, pionero del sector que vivió en la Florida durante décadas pero que recientemente se mudó a Nueva York. “Normalmente, los gobiernos locales no comprueban el cumplimiento de la ley ADA, solo hacen cumplir sus propios códigos locales. [...] Según mi experiencia, todo el mundo espera a ser demandado antes de hacer los cambios necesarios para cumplir la ley ADA”.

Cuando el Congreso aprobó la ley ADA en 1990, se consideró un hito en la legislación sobre derechos civiles. Prohíbe la discriminación de personas con discapacidad en casi todos los ámbitos de la vida. En los últimos 30 años, la ley ADA ha sido ampliamente reconocida por reducir la discriminación y hacer la vida cotidiana más accesible para decenas de millones de personas con discapacidad.

Pero la ley, que se ha ido modificando a lo largo de los años, también ha permitido que personas como Piñero presenten numerosas demandas contra empresas, muchas veces asociados con abogados especializados. El uso de estos abogados ha resistido el paso del tiempo y los desafíos legales, principalmente debido a los precedentes de la Corte Suprema que protegen los derechos civiles de los examinadores en demandas por discriminación racial derivadas de la Ley de Vivienda Justa de 1968.

Pero los casos relacionados con la ley ADA, a menudo por infracciones aparentemente arcanas como la inclinación de una rampa de acceso, también han generado considerables reacciones en contra: algunas empresas afectadas consideran que los examinadores y sus abogados son unos buscavidas que intentan sacar provecho de un acuerdo rápido y los jueces federales de todo el estado también han planteado dudas. Recientemente, un destacado juez federal de Miami desestimó más de dos docenas de casos contra gasolineras del sur de la Florida al considerar que el examinador y su abogado formaban “una empresa conjunta ilícita” para generar honorarios legales que se repartían ilegalmente.

El mejor examinador del sur de la Florida

Los registros de los tribunales federales muestran que el principal examinador del sur de la Florida es un hombre del Condado Palm Beach llamado Howard Cohan, quien según documentos judiciales padece diversas dolencias físicas, entre ellas estenosis espinal.

Ha presentado más de 2,200 demandas por la ley ADA, centradas sobre todo en la falta de lugares de estacionamiento para discapacitados, baños accesibles y otros problemas en cadenas de restaurantes, comercios y hoteles, como Taco Bell, Total Wine y Holiday Inn. Cohan también presentó otras 470 demandas en las regiones de Orlando y Tallahassee, junto con unas 250 demandas en Chicago, donde dijo haber visitado cadenas de restaurantes, hoteles y centros comerciales al menos una vez y tener previsto volver a ellos. Visitar un lugar con planes de volver es un requisito legal como examinador en las demandas por barreras físicas.

El abogado de Palm Beach Gardens Gregory Sconzo, quien ha representado a Cohan en casi la mitad de sus casos en la Florida, se negó a hablar de su prolífico cliente o a permitir que su cliente hablara con Herald, pero Sconzo dijo que los examinadores como Cohan son un enorme beneficio a otras personas con discapacidad y los honorarios que cobra, dijo, son “razonables”, no “decenas de miles de dólares” por caso.

“Creo en el derecho de una persona discapacitada a presentar una reclamación en virtud de la ley ADA para garantizar su cumplimiento. Ese derecho se aplica a una persona que presenta un solo caso o a un ‘examinador’”, dijo Sconzo, señalando que su trabajo legal ha sido fundamental para obligar a los hoteles a instalar ascensores de piscina para personas con discapacidad en la Florida. “Creo que se han obtenido importantes beneficios de las demandas que abogados como yo hemos presentado”.

Sconzo también dijo que las empresas podrían evitar las demandas si simplemente cumplieran la ley desde el principio.

Otro de los principales examinadores es Andrés Gómez, de Coral Gables, quien dijo estar legalmente ciego en más de 700 demandas por la ley ADA presentadas en el sur de la Florida, según registros judiciales. Gómez también es uno de los examinadores en unas 250 demandas presentadas en San Francisco y Los Ángeles, muchas de las cuales pretenden ampliar las normas de la ley ADA al comercio digital. Todas ellas alegan que una serie de empresas, desde restaurantes hasta inmobiliarias, pasando por bodegas, tienen páginas digitales incompatibles con el software lector de pantalla, lo que impide su acceso.

El principal abogado de Gómez, Alberto Leal, de Lake Worth, no devolvió las llamadas ni los correos electrónicos en busca de declaraciones comentarios. Gómez tampoco pudo ser contactado para hacer declaraciones.

Las demandas presentadas por Gómez en Los Ángeles y San Francisco, adonde dijo haber viajado para visitar a su familia, han llamado la atención de los abogados defensores que representan a empresas californianas. A diferencia de la Florida, California ofrece a los examinadores un incentivo económico para demandar porque permite a los demandantes cobrar $4,000 por cada infracción, incluida la accesibilidad a portales digitales.

“En este tipo de casos, rara vez hay lesiones reales”, dijo Martin Orlick, abogado defensor de San Francisco especializado en casos de la ley ADA, quien sostiene que las demandas por sitios web están “atascando los tribunales” en California; también argumentó que un demandante rara vez o nunca visita un negocio después de revisar un portal digital. “Son daños ‘indignos’”.

En 2021, Gómez presentó una demanda contra Vintage Sotheby’s International Realty, una agencia de venta de propiedades de lujo en Napa, el corazón de la región vinícola de California. Visitó su portal digital dos veces, pero dijo que era inaccesible para el software lector de pantalla. En una declaración, Gómez escribió “Me gustan las zonas de lujo. Actualmente vivo en Coral Gables, considerada la Beverly Hills de Miami. A menudo sueño con comprar propiedades en otros lugares y Napa es uno de mis destinos soñados”.

Dijo que era muy poco probable que comprara una casa en Napa, pero aun así acusó a la agencia de discriminación por no poder usar su portal digital para buscar propiedades.

Ara Sahelian, abogado de Sotheby’s, alegó que el caso debía desestimarse porque Gómez no tenía intención de usar los servicios de la agencia. El año pasado, un juez federal de San Francisco le dio la razón, concluyendo que la ley ADA solo se aplica a un portal digital si “facilita el acceso a los bienes y servicios de un lugar de alojamiento público”. Para simplificar, si no va a usar el servicio, se pierde la demanda por discriminación.

El año pasado, según los registros judiciales, Sahelian consiguió que se desestimaran otros 11 casos de la ley ADA presentados por Gómez en California por el mismo motivo: falta de “legitimación” o causa para demandar. Calificó los casos de Gómez de “frívolos”.

El mundo real

Abogados veteranos de casos de ADA entrevistados defienden a examinadores como Gómez, argumentando que las empresas ignorarían la ley hasta que se les cuestione en una demanda. La mayoría de los examinadores, insisten, no lo hacen por dinero.

“No obtienen indemnización por daños y perjuicios, así que lo hacen estrictamente por el derecho a que se cumpla la ley”, le dijo Bacon a Herald. “No se trata de demandas molestas: son problemas de acceso de la vida real que los demandados suelen decidir resolver porque se los atrapó infringiendo la ley”.

La mayoría de los examinadores identificados por Herald en los registros judiciales no respondieron a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos y sus abogados no accedieron a las peticiones de entrevistarlos, con algunas excepciones.

Bacon ha estado al frente de importantes casos de ADA contra barreras físicas en establecimientos públicos y portales digitales comerciales que carecen de software lector de pantalla. Ahora representa a Deborah Laufer, una mujer de Tampa que antes vivía en la zona de Fort Lauderdale. Ha demandado a cientos de establecimientos de alojamiento por no facilitar “información relacionada con accesibilidad” en sus portales digitales. Uno de sus casos va camino a la Corte Suprema federal.

Laufer se mudó con su familia desde Nueva York al sur de la Florida en los años 1990. Una década después, le diagnosticaron esclerosis múltiple a los 39 años. Laufer dijo que ha estado luchando contra la enfermedad desde entonces.

En 2020 Laufer dijo que estaba planeando un viaje por todo el país y buscando si los hoteles y otros alojamientos tenían información sobre accesibilidad en sus portales digitales. Laufer, que usa una silla de ruedas cuando viaja, dijo que al buscar en los portales no encontró información útil o poco fiable.

En septiembre, Laufer demandó al propietario de un establecimiento de alojamiento y desayuno de Maine, Coast Village Inn and Cottages, alegando que infringía la ley ADA por no facilitar información relacionada con accesibilidad en su portal digital. Perdió en el tribunal federal de distrito, porque un juez falló que no tenía capacidad legal para demandar al propietario del lugar, Acheson Hotels LLC, pero ganó en ese punto crítico ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito. A su vez, eso planteó una cuestión nacional sobre si Laufer, como “examinadora”, está legitimada para presentar una demanda de este tipo en virtud de la ley ADA.

“Vi que se cometía una injusticia y algo malo”, le dijo Laufer, de 56 años, a Herald.

“Me daban un bofetón cada vez que intentaba reservar una habitación o hacer algo”, dijo Laufer, quien ha presentado más de 600 demandas por la ley ADA relacionadas con falta de información de accesibilidad en portales digitales en la Florida y varios otros estados. “Si puedo hacer algo, lo voy a hacer. Las personas que corren maratones no son las únicas que se alojan en hoteles, comen en restaurantes y van al cine”.

Un fallo de la Corte Suprema, ahora controlada por una mayoría conservadora y generalmente favorable a las empresas, podría resolver varias decisiones de apelación contradictorias en todo el país y tener enormes implicaciones para el futuro de la aplicación de la ley ADA y, potencialmente, de otras leyes de derechos civiles:

Podría definir la forma de aplicar la ley ADA en los portales digitales, el alcance de los examinadores y si, como permite la ley, una persona que se encuentra con discriminación tiene derecho a demandar, incluso si no tienen intención de visitar un lugar que esté infringiendo la ley.

“Si la Corte Suprema falla que sufrir discriminación no es perjudicial, se anularían décadas de precedentes en materia de derechos civiles”, dijo Bacon. “Haría que la ADA y otras leyes antidiscriminatorias fueran inaplicables, porque para probar un caso el demandante tendría que demostrar que ha sido perjudicado de alguna manera adicional, porque ya no bastaría con encontrarse con la discriminación”.

Matthew Dietz, veterano abogado de casos ADA en el sur de la Florida y profesor de la Clínica de Derecho en la Discapacidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nova Southeastern (NSU), se mostró de acuerdo.

“Sería devastador que la Corte Suprema falle que ella [Laufer], como examinadora, no tiene capacidad legal para demandar en virtud de la ley ADA”, dijo. “Tendría enormes implicaciones para la aplicación de esa ley en todo el país”.

Efecto disuasorio

El volumen de demandas en casos de la ley ADA a veces ha provocado críticas de los jueces federales. En 2018, según el Orlando Sentinel, los jueces de Orlando se quejaron de las demandas “vagas” y “repetitivas” presentadas por más de una docena de abogados.

Al año siguiente, un juez federal de Miami envió otro disparo a través del arco de la ley ADA, caracterizando el uso de un examinador en una serie de casos como poco más que una raqueta legal. El juez federal de distrito Paul Huck desestimó 26 casos contra gasolineras del sur de la Florida por no proporcionar subtítulos para las personas con discapacidad auditiva en los surtidores de gasolina que mostraban programación televisiva, al considerar que los casos eran “frívolos” y los honorarios de los abogados estaban “inflados”.

Huck sancionó al abogado miamense Scott Dinin y al demandante Alexander Johnson, diciendo que Dinin había dividido ilegalmente sus honorarios de abogado con Johnson y les ordenó que reembolsaran a los demandados. En una orden final, el juez ordenó a Dinin pagar $59,900 y a su cliente $6,600 por concepto de sanciones a organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a los derechos de las personas con discapacidad; también se ordenó a ambos que hicieran 50 horas de servicios comunitarios.

Huck también impidió que Dinin y su cliente presentaran más casos relacionados con la ley ADA sin el permiso del juez.

“Los abogados que defienden estos casos reciben honorarios razonables de abogados por promover el loable objetivo del Congreso de proteger a la comunidad discapacitada”, escribió Huck en una orden de sanciones de agosto de 2019. “Este no es uno de esos casos”.

Huck acusó a Dinin y a su cliente de formar una “empresa conjunta ilícita” para “llenarse deshonestamente los bolsillos con honorarios de abogados de desventurados, demandados bajo el mojigato disfraz de servir a los intereses de la comunidad discapacitada”.

Johnson, con 146 demandas ADA bajo su nombre, está entre los 25 principales demandantes de discapacidad en el sur de la Florida, según una revisión de las demandas por parte del Herald.

Los registros judiciales muestran que desde que Huck sancionó a Dinin hace cuatro años, el abogado no ha vuelto a presentar un caso de ADA en el Distrito Sur de la Florida ni en ningún otro lugar de la Florida. La licencia de abogado de Dinin fue suspendida un año y medio por la Corte Suprema de la Florida en 2020. Dinin no respondió a las solicitudes de correo electrónico y correo de voz en busca de declaraciones para este comentario.

Johnson, un examinador que vive en Fort Lauderdale, le dijo a Herald que se sentía como “chivo expiatorio” por el juez.

“Soy el más ético de estos demandantes en casos de la ley ADA”, dijo Johnson. “Me enfrentaba a estos poderosos propietarios de gasolineras y solo intentaba que cumplieran la ley. No se trataba de dinero. [...] He estado callado desde que terminó este caso”.

Bacon, Dietz y otros abogados que han dedicado su carrera a representar a demandantes y examinadores individuales dijeron que los abogados que explotan a sus clientes desgraciadamente crean la impresión de que todo el sistema está torcido.

Dietz, profesor de NSU, dijo que la apariencia es horrible.

“Es triste”, dijo, “porque hace que vida sea más difícil para los abogados que representan a personas con discapacidad conseguir lo que necesitan”.

“Un abuso del sistema judicial”

En La Pequeña Habana, la demanda de Piñero dejó un mal sabor de boca a los propietarios del Sanguich de Miami. Daniel Figueredo y Rosa Romero dijeron que el centro comercial fue diseñado para ser accesible, con estacionamiento para discapacitados y una rampa, y así, dijo la pareja, fue su nuevo restaurante, que ofrece medianoches, malteadas y otros clásicos cubanos.

La demanda —de alguien a quien no conocían y de quien no estaban seguros de haber visitado— se centraba en aspectos técnicos: la pendiente de un lugar de estacionamiento para minusválidos, la inclinación de la entrada del restaurante, el espacio para las rodillas bajo las mesas y la longitud de las barras de apoyo y la altura de los espejos de los baños.

Los abogados de Piñero, Lauren Wassenberg y Glenn Goldstein, quienes lo han representado en docenas de casos relacionados con la ley ADA, no respondieron a los mensajes de correo electrónico y de voz en los que se les pedían declaraciones; tampoco fue posible contactar a Piñero.

La pareja dijo que pensaron en luchar, pero pronto acordaron que no valdría la pena los problemas y los gastos legales.

“Mi esposo me dijo ‘¿Por qué nos conformamos? No hicimos nada malo’, pero puede costar 10 veces más pelear que llegar a un acuerdo”, dijo Romero, ex asistente legal. “Es un abuso del sistema judicial”.

Eric Castellanos, el dueño de su local en el centro comercial, compartió la indignación, diciendo que también había sido demandado por Piñero y otros tres examinadores en sus tres restaurantes Latin Cafe 2000 en las zonas del centro de Brickell, Le Jeune Road y Hialeah. Castellanos dijo que hizo pequeños arreglos y pagó decenas de miles de dólares en honorarios de abogados como parte de esos acuerdos también.

“Estoy totalmente a favor de adecuar nuestros locales a las normas y cumplir la ley ADA”, dijo Castellanos. “Pero esto es diferente. Nunca persiguen a las pequeñas empresas familiares que no ganan dinero. Van a por los locales populares porque tienen dinero. [...] Suelen ser los abogados los que dirigen el negocio. Quieren ganar dinero rápido y pasar al siguiente”.