Pocos se quejaron de clases ‘progresistas’ en universidades de la Florida. Aún así, DeSantis impulsó nuevas prohibiciones
Según el gobernador Ron DeSantis, las universidades públicas de la Florida son burocracias hinchadas dirigidas por élites liberales que discriminan a los estudiantes conservadores y blancos, mientras que los profesores adoctrinan al resto con la idea “progresista” de que el racismo, el sexismo y la opresión son parte de la historia y las instituciones de Estados Unidos.
“No permitiremos que el dinero de los impuestos de la Florida se gaste enseñando a los niños a odiar a nuestro país o a odiarse unos a otros”, dijo DeSantis cuando presentó la Ley Stop WOKE
La ley , que se convirtió en ley en 2022 y restringió la programación en los campus sobre temas como el privilegio, la opresión y el racismo.
Pero en los cuatro meses y medio en que la ley se aplicó en las universidades públicas, antes que fuera bloqueada por una orden judicial preliminar en noviembre pasado- solo siete personas denunciaron posibles infracciones de la Stop WOKE en los 12 campus, según los registros obtenidos por el Herald a través de solicitudes de registros públicos.
Kara Gross, directora legislativa y asesora política de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Florida, dijo que la escasez de denuncias demuestra lo que los críticos han sospechado desde el principio: el adoctrinamiento “progresista” no es una preocupación generalizada.
“Son asuntos inventados por el gobernador para desviar y distraer la atención de los verdaderos problemas que enfrentan los floridanos”, dijo Gross. La ACLU demandó a la Florida por la Stop WOKE por supuesta infracción de las protecciones constitucionales de la libertad de expresión y la libertad académica en las universidades, lo que finalmente dio lugar a una medida cautelar en noviembre pasado.
Incluso las quejas infundadas tienen un efecto amedrentador y malgastan los recursos de la universidad, dijo Gross. Los registros muestran que las investigaciones sobre las siete quejas tardaron a veces hasta un mes en completarse. En algunos casos, los funcionarios de cumplimiento de la universidad interrogaron a los profesores y jefes de departamento antes de decidir finalmente desestimar la denuncia.
DeSantis y los republicanos de la Florida están avanzando ahora en un paquete de reformas de la educación superior que, según los críticos, duplica la Stop WOKE y amplía el control estatal sobre las universidades al otorgar a designados políticos una supervisión directa sobre el plan de estudios, la programación de los campus y un mayor control sobre la contratación y el despido de profesores. A pesar de la medida cautelar, los dos proyectos de ley de educación superior que se están tramitando en la Cámara de Representantes y el Senado (HB999 y SB266) hacen referencia explícita a la Stop WOKE, lo que prácticamente garantiza otra ronda de costosas comparecencias ante los tribunales, financiadas por los contribuyentes, en caso de que alguno de ellos se convierta en ley.
“Es alentador ver a la Legislatura abordar este importante tema y unirse a la conversación que el gobernador inició con sus propuestas legislativas para la reforma de la educación superior en la Florida”, dijo el secretario de prensa adjunto del gobernador, Jeremy Redfern.
Redfern dijo que el gobernador espera firmar la versión final de la legislación propuesta. No respondió a las preguntas sobre las pocas denuncias de la Stop WOKE del año pasado ni sobre si se habían presentado más a la oficina del gobernador que no se hubieran transmitido a las universidades.
Entre el 1 de julio y el 17 de noviembre de 2022, la Stop WOKE, posteriormente nombrada Ley de Libertad Individual, prohibió la capacitación o instrucción universitaria que promoviera u obligara a los estudiantes a creer en uno de ocho conceptos, incluida la idea de que alguien puede estar oprimido debido únicamente a su raza o sexo, o cualquier cosa que haga que alguien se sienta culpable debido a las acciones pasadas de alguien con una identidad compartida.
En un fallo que concedía la medida cautelar en noviembre, el juez jefe federal de Distrito Mark Walker escribió que la Ley Stop WOKE pretendía dar a los designados políticos “autoridad sin restricciones para amordazar a sus profesores [de la Florida] en nombre de la ‘libertad’”, un esfuerzo que calificó de “positivamente distópico”. La medida cautelar fue confirmada recientemente por un tribunal de apelaciones a la espera de los resultados de las demandas presentadas por la ACLU y la Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), un grupo activista a favor de la libertad de expresión centrado en la educación, en nombre de varios estudiantes y miembros del profesorado de universidades de todo el estado.
The Herald solicitó registros de las 12 universidades públicas de la Florida relacionados con posibles infracciones de la Stop WOKE y cualquier investigación posterior. A pesar de que la ley se aplicó durante la mayor parte de los semestres de verano y otoño de 2022, solo tres universidades recibieron denuncias de posibles infracciones de la Stop WOKE. Las otras nueve declararon no tener constancia de ninguna denuncia o investigación.
Los registros muestran que las tres quejas presentadas ante la Universidad Internacional de la Florida (FIU) de Miami-Dade se cerraron de inmediato. Dos eran quejas anónimas sobre cursos que la universidad determinó rápidamente que no podían haber violado la ley porque la clase en cuestión no se ofreció en el momento en que la ley estuvo en vigor.
La otra fue presentada por un profesor de la FIU que se quejaba de que una capacitación sobre ciberseguridad había promovido la idea de que una raza o un sexo podían ser moralmente superiores a otros, lo que era ilegal según la ley. La universidad no encontró tales temas en la capacitación y el profesor no respondió a la petición de comentarios del Herald.
Las cuatro quejas restantes se dividieron a partes iguales entre la Universidad de la Florida en Gainesville, y la Universidad del Norte de la Florida, en Jacksonville.
Entre los denunciantes había una persona anónima que se quejaba de una clase de la UF de la que decía haberse enterado por internet, una mujer que vio una publicación en un blog de la Young America’s Foundation, fundada por el difunto icono conservador William F. Buckley Jr. y dos madres de estudiantes de la UNF. Una madre se quejó de que un profesor del departamento de Gestión Deportiva de la UNF presentaba opiniones “progresistas” como hechos. La otra decía que una tarea de lectura del programa de educación primaria titulada “So You Want To Talk About Race” (Así que quieres hablar de raza) hizo que su hija se sintiera mal por ser blanca.
En cada caso, a veces después de largos procesos de revisión, los rectores universitarios no encontraron ninguna infracción, señalando que los temas de raza e identidad habían surgido como parte de las discusiones en clase, lo cual estaba permitido por la ley siempre y cuando los profesores no hubieran apoyado o promovido ciertas perspectivas.
“La misión de la UNF no es ni ha sido nunca decir a nuestros estudiantes lo que tienen que pensar”, escribió Karen Cousins, vicerrectora adjunta de la UNF, en una respuesta escrita a una de las madres. “Por el contrario, la UNF se esfuerza por enseñar a nuestros estudiantes a pensar críticamente sobre una serie de asuntos y temas y a formar sus propias opiniones bien razonadas”.
A pesar de no haber encontrado ninguna infracción de la ley, los administradores de la UNF señalaron que la tarea de lectura sobre la raza, que ya era voluntaria, ya no se incluiría en la clase.
No está claro cómo se gestionarían quejas similares en el marco de la más reciente propuesta legislativa para la reforma de la enseñanza superior, que, según los críticos, va un paso más allá que la Stop WOKE en lo que se refiere a los planes de estudios.
Tanto el proyecto de ley del Senado como el de la Cámara de Representantes otorgarían una amplia variedad de poderes a la Junta de Gobernadores –el órgano de gobierno del sistema universitario estatal con la mayoría de miembros designados por el gobernador–, incluida la facultad de eliminar programas académicos en función de valores que también determinaría la junta.
Los proyectos de ley también harían que la junta revisara la programación universitaria y los cursos de educación general para detectar planes de estudio que violen la Stop WOKE o que estén “basados en teorías según las cuales el racismo sistémico, el sexismo, la opresión y el privilegio son inherentes a las instituciones de Estados Unidos y se crearon para mantener las desigualdades sociales, políticas y económicas”.
Meera Sitharam, profesora de Ciencias de la Computación y Matemáticas en UF, dijo que la legislación propuesta es inconstitucional y que ya ha hecho que el profesorado se autocensure para evitar acabar siendo objeto de una larga investigación.
Sitharam, que también es jefa negociadora del sindicato de profesores de la UF, dijo que lo que más le preocupa es que el proyecto de ley del Senado faculte a los presidentes de las universidades, seleccionados por designados políticos, a contratar y despedir a profesores, independientemente de su titularidad, basándose en criterios que, según ella, miden la “obediencia” más que el desempeño o la experiencia laboral.
“Ahí es donde realmente deslizan el cuchillo”, dijo Sitharam. El proyecto de ley también impediría a los profesores recurrir su destitución, dijo, infringiendo directamente el actual contrato del sindicato de profesores.
En una declaración al Herald, Katie Betta, jefa adjunta de personal de Comunicaciones del presidente del Senado, dijo que los legisladores republicanos confían en que el proyecto de ley del Senado y las leyes anteriores son constitucionales y en última instancia serán confirmados en los tribunales.
El proyecto de ley no prohíbe los debates”, dijo Betta en la declaración sobre el SB266. “Autoriza a la Junta de Gobernadores para proporcionar orientación a las universidades en [su] plan de estudios, para proteger los fondos de los contribuyentes de los programas discriminatorios, y para especificar que los cursos con ciertos contenidos podrían no ser apropiados como un curso de educación general”.
Prohibiciones de DEI proporcionan una puerta trasera para la Stop WOKE
Después que la Ley Stop WOKE se empantanó en las impugnaciones legales a finales del año pasado, el gobernador DeSantis presentó rápidamente una nueva propuesta legislativa para prohibir los programas universitarios y de institutos superiores y las actividades relacionadas con la Diversidad, la Equidad y la Inclusión y la Teoría Crítica de la Raza, a menudo conocidos como DEI y CRT.
Bajo las órdenes del gobernador, las universidades se apresuraron a producir una lista de programas relacionados con DEI y CRT, términos de búsqueda tan amplios e indefinidos que un administrador de datos de la universidad describió la solicitud de DeSantis como “bastante ominosa” en un correo electrónico a sus compañeros.
Además de complicar los esfuerzos administrativos para identificar dichos programas, los términos amplios y mal definidos han permitido a los republicanos usar las prohibiciones propuestas sobre DEI/CRT como puerta trasera para reintroducir elementos clave de la Ley Stop WOKE y ampliar el control estatal de la educación superior durante el período de sesiones legislativas de 2023.
“Cuando dicen teoría crítica de la raza se refieren a los ocho conceptos de la Ley Stop WOKE. Los usan como sustitutos”, dijo Adam Steinbaugh, abogado de FIRE.
En una declaración de febrero al Herald, Bryan Griffin, secretario de prensa de DeSantis, confirmó que la oficina del gobernador considera que Diversidad, Equidad e Inclusión y Teoría Crítica de la Raza son sinónimos de conceptos prohibidos por la Stop WOKE.
“DEI, CRT y otras agendas ideológicas similares son acoso racial y discriminatorio y proponemos que se definan en esta legislación propuesta siguiendo las definiciones de las leyes antidiscriminatorias de la Florida, Stat. 1000.05(4)(a)“, dijo Griffin, citando el estatuto específico de la Stop WOKE actualmente prohibido en las universidades públicas.
Una nueva redacción de la SB266 a mediados de abril eliminó todas las menciones a DEI y CRT después de que los legisladores temieran que la financiación federal y la acreditación pudieran verse afectadas por una prohibición tan amplia. Betta, la portavoz del liderazgo del Senado, dijo que el proyecto de ley en gran parte seguía siendo el mismo, pero “simplemente proporciona orientación sobre la filosofía perjudicial detrás de esos títulos”.
Las referencias al estatuto de la Stop WOKE permanecen en el texto.
“La simple eliminación de las palabras no engaña a nadie”, dijo Andrew Gothard, presidente de United Faculty of Florida. “Lo que está claro es que el verdadero propósito de este proyecto de ley es impedir que los estudiantes y los profesores discutan la historia de Estados Unidos”.
Una revisión posterior del proyecto de ley enmendado reintrodujo una referencia a la diversidad, la equidad y la inclusión y también busca restricciones en los programas o actividades que participan en el activismo social y político.
Joe Cohn, director legislativo y de políticas de FIRE, dijo que, independientemente de los recientes cambios semánticos realizados en la comisión, el proyecto de ley del Senado sigue siendo inconstitucional, ya que pudiera usarse para determinar qué conceptos e ideas se enseñan en el aula, qué oradores pueden ser llevados al campus y qué organizaciones estudiantiles podrían tener permiso para existir.
“Eso no es aceptable en la educación superior, donde se trata con adultos y no con menores, donde el profesorado no es un mero portavoz del Estado, sino que tiene su propia libertad académica”, dijo Cohn.
En caso de que cualquiera de los proyectos de ley de 2023 se convierta en ley, Cohn dijo que FIRE y otras organizaciones tendrían que volver a los tribunales para asegurarse de que la medida cautelar se aplique también a la nueva ley. En última instancia, advirtió que ir a los tribunales por segunda vez por algo que ya fue bloqueado con éxito tendría un costo enorme para los contribuyentes de la Florida.
“Si insisten en aprender su lección a través de litigios, deberían renombrar el proyecto de ley como ‘Ley de Honorarios Legales de FIRE y ACLU de 2023’”, dijo Cohn.
Quejas desde el exterior
Al igual que las juntas escolares asediadas por activistas que objetan libros individuales, los registros muestran que muchos de los que se quejaron del “progresismo” en el sistema universitario no eran estudiantes o profesores. El 6 de septiembre de 2022, una autodenominada “ciudadana particular” llamada Tracey Coker denunció una posible infracción de la Stop WOKE ante el inspector general jefe del gobernador.
Coker había leído una publicación en el portal digital de la Young America’s Foundation titulado “Un profesor de la Florida dice a estudiantes blancos que deben ‘examinar sus privilegios’” y le preocupaba que una clase de verano en el departamento de educación de la UF se hubiera centrado en la “discriminación sistémica de varios grupos minoritarios por parte del sistema educativo estadounidense”, según la denuncia obtenida por el Herald.
La oficina del gobernador transmitió la queja de Coker a la universidad, que pasó el mes siguiente investigando. Los registros muestran que los investigadores revisaron las capturas de pantalla del curso en línea –que incluía actividades en las que se pedía a los estudiantes que reflexionaran sobre cómo su identidad personal y su comunidad podrían dar forma a su forma de enseñar– y determinaron que el profesor no había respaldado ningún concepto prohibido.
“Más bien, se pide a los estudiantes que consideren y piensen críticamente sobre su posición, que no se limita a la raza, el color, el sexo y el origen nacional, y lleguen a sus propias conclusiones”, escribieron los administradores de la universidad en un memorando de cierre fechado el 5 de octubre de 2022.
El curso en línea también incluía una página en la que se animaba a los estudiantes a “compartir recursos que puedan ayudar a elevar la humanidad negra y promover la educación antirracista”. En la publicación de blog se describía que la página estaba plagada de enlaces en los que se solicitaban donaciones para Black Lives Matter y se argumentaba que “los estudiantes blancos han evitado durante toda su vida los debates críticos sobre la raza antes de ir a la universidad”.
Una vez más, la universidad señaló que el material publicado se usaba para los debates, como lo permitía la ley. Y aunque se recordó a todos los que enseñaban en el departamento que no usaran sus plataformas para recaudar dinero para ninguna causa, la existencia del enlace en una página de grupo no era evidencia de que el profesor hubiera violado esas normas, escribieron los administradores.
En última instancia, la universidad determinó que no había infracciones de la ley y, según el memorando de cierre, los investigadores no encontraron “ninguna evidencia de que se hubiera señalado a los estudiantes blancos y se les hubiera ‘dicho que examinaran sus privilegios’, como se alega en el título del artículo”.
El profesor era estudiante de posgrado y ya no trabaja en la universidad, señalaba la nota.
Ana Ceballos, redactora del Miami Herald, y Nicholas Nehamas, ex reportero de investigación del Herald, contribuyeron a este artículo.
Esta historia fue publicada originalmente el 25 de abril de 2023, 5:16 p. m..