Legisladores aprueban proyecto de ley para restringir la oposición ciudadana a más urbanización

Legisladores de la Florida dieron el martes otro paso hacia la eliminación de la participación ciudadana cuando la Cámara aprobó y envió al gobernador un proyecto de ley que obliga a los ciudadanos a pagar honorarios de abogados si impugnan una decisión de urbanización de los gobiernos locales y pierden.

Sus defensores dicen que es un cambio necesario para acelerar la urbanización en un estado en rápido crecimiento. Pero los activistas a favor de la gestión del crecimiento advierten que la medida será la “sentencia de muerte del crecimiento inteligente en la Florida”, que provocará una costosa expansión descontrolada y escasez de agua, agravará las inundaciones y obstaculizará los esfuerzos de restauración de los Everglades.

Con poco debate, la Cámara de la Florida aprobó la medida 87 a 30 y envió al gobernador el SB 540, patrocinado por el senador Nick DiCeglie, republicano de Indian Rocks Beach, y el representante Wyman Duggan, republicano de Jacksonville.

“Este proyecto de ley da continuidad a un patrón de dificultar a los ciudadanos el poder impugnar legítimamente la mala urbanización en sus comunidades”, dijo la representante Lindsay Cross, demócrata de St. Petersburg, al exhortar a sus colegas a rechazar el proyecto de ley el martes. “Cuando los ciudadanos se sienten agraviados por una nueva urbanización en su área y no pueden trabajar con las autoridades locales, a veces su único recurso es el sistema legal”.

Si se aprueba, el proyecto de ley requerirá que cualquier persona que desafíe a un gobierno local por infringir el plan de crecimiento integral de la comunidad y pierda tenga que pagar los honorarios de abogados y costo de los urbanizadores y el gobierno.

Activistas medioambientales han exhortado al gobernador Ron DeSantis a vetarlo.

Alegan que conducirá a un nivel de urbanización que pudiera afectar la restauración de los Everglades, financiada por los contribuyentes con miles de millones de dólares, y que está en conflicto con la Orden Ejecutiva 23-06 del gobernador que instruye a los funcionarios estatales , locales a “mejorar la planificación integral a largo plazo para asegurar un crecimiento sostenible al tiempo que protege nuestros recursos naturales”.

“Hay muchos proyectos de ley malos este año, pero este es uno de los peores proyectos de gestión del crecimiento a los que se ha enfrentado el estado de la Florida”, dijo Jane West, directora de Política y Planificación del grupo activista a favor del crecimiento inteligente 1000 Friends of Florida. ““Es un enfoque muy torpe de la Legislatura para beneficiar a los urbanizadores”.

El martes, 1000 Friends of Florida organizó una petición en línea que exhorta al gobernador a vetar el proyecto de ley y, en 12 horas, ya tenía más de 750 firmas. También se opone a la ley la Florida Everglades Coalition, formada por docenas de grupos ecologistas y activistas.

“Va en contra de una planificación integral sólida”, declaró Gil Smart, director ejecutivo del grupo activista VoteWater. “La plena participación de los ciudadanos afectados es un componente clave de esa planificación integral”.

Desde 2011, cuando el estado desmanteló el antiguo Departamento de Asuntos Comunitarios, que protegía de la urbanización las áreas naturales del estado de interés estatal crítico, las impugnaciones ciudadanas a los planes de urbanización han sido la única herramienta que el público tenía para obligar a los gobiernos locales incumplidores a adherirse al plan de crecimiento comunitario, conocido como plan integral.

Según la ley en vigor, cada parte corre con sus propios gastos y costos, pero si se aprueba el impugnador “podría tener que hacer frente a decenas de miles de dólares en costos”, advirtió West.

Sin embargo, los patrocinadores de la medida afirman que simplemente “iguala las condiciones” tanto para los que se oponen al crecimiento como para los urbanizadores. DiCeglie declaró el mes pasado ante la Comisión de Reglas del Senado que los gobiernos locales ya celebran numerosas audiencias públicas y ofrecen suficiente información al público antes de tomar decisiones.

“Hay varias oportunidades para que el público manifieste su apoyo u oposición a cualquiera de estos planes integrales o a las enmiendas”, dijo.

Muchas demandas pudieran desestimarse

Dado que el proyecto de ley no incluye una cláusula de derechos adquiridos para las demandas en curso, West advirtió que docenas de demandas que llevan años en trámite pudieran verse afectadas si los gobiernos y los urbanizadores exigen retroactivamente el pago de los honorarios a los demandantes, en la mayoría de los casos coaliciones de grupos ciudadanos y ecologistas.

Según West, esto pudiera dar lugar a que los grupos decidieran desestimar docenas de demandas pendientes porque los activistas del crecimiento no pueden hacer frente al costo.

“Millones de dólares estarían en juego”, dijo Laura Reynolds, directora de la Hold the Line Coalition, cuyo objetivo es frenar la expansión urbana en Miami-Dade. “Ninguno de nosotros correría ese riesgo”.

Entre las demandas que pudieran desestimarse hay una de urbanizadores de Miami-Dade que el año pasado impugnaron una resolución del Departamento de Protección Medioambiental según la cual la Comisión condal tardó demasiado en aprobar la ampliación del Límite de Desarrollo Urbano (UDB).

Una versión anterior del proyecto de ley incluía una estipulación para modificar retroactivamente una ley estatal en beneficio de los urbanizadores y poner fin al pleito, pero sigue pendiente.

Los intereses urbanísticos llevan años tratando de debilitar la participación ciudadana en las decisiones de los gobiernos locales porque el proceso puede paralizar el progreso y obstaculizar los beneficios.

Activistas del medio ambiente dijeron el miércoles que temen que si se promulga el proyecto de ley pueda conducir a una mayor urbanización en las zonas costeras bajas de alto riesgo para que los dueños de tierras puedan beneficiarse antes de un mayor aumento del nivel del mar.

“Parece como si hubiera una carrera por urbanizar algunos de los últimos espacios verdes que quedan en el sur de la Florida, en zonas bajas,”, dijo Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades.

Reynolds agregó que al perder “la última herramienta” los grupos no tendrán ninguna influencia para animar a los urbanizadores a aumentar la densidad urbana para preservar los recursos de agua potable, proteger los humedales, fomentar el transporte público, construir comunidades energéticamente eficientes y gestionar las inundaciones.

“Habrá un desarrollo desenfrenado y ninguna solución a la crisis climática”, predijo Reynolds. “Es mucho más barato proteger el suelo de las zonas bajas de la urbanización que volver a entrar después de que haya una tormenta”.