Nueva ley contra los sindicatos de Florida es parte de la venganza de DeSantis: demanda de maestros

Varios sindicatos de maestros presentaron rápidamente un recurso de inconstitucionalidad contra una nueva ley de la Florida que impone restricciones adicionales a los sindicatos de empleados públicos, describiendo la medida como una represalia política del gobernador Ron DeSantis.

La Florida Education Association, la United Faculty of Florida, el sindicato de maestros del Condado Alachua y el sindicato de profesores de la Universidad de la Florida presentaron una demanda el martes en un tribunal federal en Tallahassee, alegando que la ley infringe la Primera Enmienda, la igualdad de protección y los derechos contractuales.

DeSantis promulgó la ley (SB 256) durante un acto el martes en Miami. El gobernador republicano y los sindicatos de maestros se han enfrentado en repetidas ocasiones sobre las políticas educativas y los sindicatos fueron partidarios clave el año pasado del oponente electoral de DeSantis, el demócrata Charlie Crist.

La demanda señalaba que los sindicatos que representan a agentes del orden, funcionarios de prisiones y bomberos —que han apoyado a DeSantis y a otros republicanos— están exentos de las restricciones.

“En un intento por castigar a los ‘sindicatos escolares’ y otros sindicatos de empleados públicos que se han opuesto a él, el gobernador DeSantis impulsó cambios ‘sin precedentes’ a la ley de negociación colectiva de la Florida para perjudicar a los sindicatos desfavorecidos, mientras que eximió a los sindicatos que representan a los empleados de las fuerzas del orden, prisiones y bomberos que lo han apoyado”, indica la demanda.

Entre otras cosas, la ley impide que las cuotas se deduzcan de los cheques de pago de los trabajadores, obligando a los miembros del sindicato a hacer pagos por separado. Además, exige que se calcule cuántos empleados con derecho a afiliación pagan cuotas sindicales. Si menos del 60% de los empleados elegibles son miembros, los sindicatos tendrán que ser recertificados como agentes negociadores.

Además, exige a los sindicatos que incluyan información específica en los formularios de afiliación sobre el hecho de que la Florida es un estado que no obliga a los empleados a sindicalizarse para tener un empleo y sobre la remuneración de los cinco directivos y empleados mejor pagados de cada sindicato.

También exige que los sindicatos tengan estados financieros auditados, que deben ponerse a disposición de los afiliados.

Los partidarios de la ley afirman que proporcionará más transparencia a los trabajadores en relación con los sindicatos. Durante una comparecencia el miércoles en Jacksonville, DeSantis dijo que la ley será “buena para los maestros”.

“Pueden tomar una decisión con más información a la mano”, dijo DeSantis. “Tienen una mejor idea de cuánto dinero se está destinando realmente y entonces pueden evaluar lo que el sindicato está haciendo por ellos. En realidad no están haciendo gran cosa. Usan ese dinero para actividades políticas y partidistas”.

Pero durante una conferencia de prensa el miércoles, los líderes sindicales estatales y nacionales dijeron que la ley se trata de una represalia política. La compararon con la batalla de DeSantis con Walt Disney Co. después que el gigante del entretenimiento se opuso a una ley estatal de 2022 que restringía la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas.

“El gobernador está usando esta legislación para tomar represalias contra sus críticos, muy similar a lo que hemos visto en los ataques contra Disney también”, dijo Andrew Spar, presidente de la Florida Education Association.

La demanda alega que la medida infringe los derechos de la Primera Enmienda, en parte, al exigir que se incluya información específica en los formularios de afiliación sindical.

“Al obligar a los sindicatos desfavorecidos a incluir una afirmación prominente, redactada por el gobierno, de 91 palabras sobre el ‘derecho al trabajo’ en los formularios de autorización de afiliación que presentan a los posibles miembros, y al obligar a los empleados públicos que desean afiliarse a los sindicatos desfavorecidos a firmar esa afirmación, infringe los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de asociación protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, dice la demanda.

La demanda también plantea argumentos de igualdad de protección porque las restricciones no aplican de forma generalizada a los sindicatos, sino que eximen a los sindicatos de agentes del orden, funcionarios de prisiones y bomberos.

Además, se alega que la ley afecta inconstitucionalmente a los contratos sindicales existentes. Por ejemplo, el contrato entre el sindicato Alachua County Education Association y el distrito escolar del Condado Alachua permite deducir las cuotas sindicales de la nómina de los maestros. El contrato entre el sindicato United Faculty of Florida y la Universidad de la Florida tiene una disposición similar.

“Al prohibir a los sindicatos desfavorecidos el cobro de cuotas voluntarias a través de deducciones en nómina, [una sección de la ley] menoscaba sustancialmente los derechos contractuales” de United Faculty of Florida y la Alachua County Education Association, según la demanda.

La ley, que la Legislatura controlada por los republicanos aprobó durante el período de sesiones que terminó la semana pasada, aplica a diversos sindicatos. La demanda, sin embargo, solo nombra como demandantes a los sindicatos de la educación.

Los miembros de la Comisión de Relaciones de los Empleados Públicos de la Florida, que aplicará la ley, figuran como demandados.

Tom Urban, director de Asignaciones del News Service of Florida, contribuyó a este artículo.