Acuerdos sobre opioides asignan a Florida $3,200 millones para intentar frenar la crisis
Se calcula que la Florida recibirá $3,200 millones en indemnizaciones de los fabricantes y distribuidores de opioides.
Este año comienza el despliegue de la mayor parte de ese dinero, que llega después de años de juicios en todo el país. Los estados están recibiendo dinero que pueden usar para intentar frenar la crisis de los opioides.
Ahora los estados y los municipios están decidiendo exactamente cómo gastar el dinero y cómo sortear las necesidades de una comunidad cuando se trata de solucionar la crisis de los opioides.
Se calcula que el desembolso para la Florida durará unos 18 años. Esto es lo que hay que saber sobre el dinero destinado al estado y para qué se usará.
¿Por qué se dispone de este dinero?
Gobiernos de todo el país llevaron a los tribunales a las empresas que fabricaron, vendieron y distribuyeron opioides, una iniciativa masiva que obligará a las empresas a pagar más de $50,000 millones en conjunto.
Los $3,200 millones de la Florida proceden de ocho acuerdos y el dinero se divide en diferentes fondos para uso estatal y local. El estado también está recibiendo $84 millones en Naloxone, para combatir las sobredosis de opioides, de Teva Pharmaceuticals.
Un grupo de distribuidores de medicamentos, entre los que están Cardinal Health, McKesson y AmerisourceBergen, son los que recibieron el pago más elevado, unos $1,300 millones, según la presentación de la oficina de la procuradora general estatal del estado.
La Florida también llegó a acuerdos con Johnson & Johnson, Endo Health Solutions Inc, Allergan, Teva Pharmaceuticals, CVS, Walgreens y Walmart.
En la Florida, parte del dinero ya se distribuyó entre los grandes condados y municipios. En el caso de los fondos estatales, dado que el año fiscal empezó el 1 de julio, una gran parte del dinero no se ha distribuido todavía.
¿Cómo se reparte el dinero?
Los estados están adoptando enfoques ligeramente diferentes sobre cómo se controla y distribuye el dinero del acuerdo.
A diferencia de otros estados, en la Florida nada de dinero será controlado por la oficina de la procuradora general, que litigó la demanda.
En su lugar, hay tres vías de desembolso: un fondo controlado por el estado, un fondo regional que se distribuirá entre los condados y un tercer fondo que se entregará directamente a las ciudades y condados que se unieron a los acuerdos.
El estado también creó el Consejo Estatal para la Reducción de los Opioides, que ayudará a supervisar el gasto en todo el estado y asesorará a los gobiernos sobre qué hacer con el dinero.
El dinero no se destina directamente a los familiares de las personas fallecidas por sobredosis de opioides.
¿Qué es el fondo estatal?
El fondo estatal recibe la mayor cantidad de dinero del acuerdo a lo largo de los 18 años de pago.
El dinero del estado es consignado por la Legislatura en su presupuesto, que luego es firmado o vetado por el gobernador.
Este primer año, la Legislatura disponía de unos $205 millones y consignó más de $173 millones. El resto puede volver a un fondo de inversión, cuyos beneficios también están a disposición del estado.
Alrededor de $27 millones se destinarán a la ampliación del programa Coordinated Opioid Recovery (CORE), a 17 nuevos condados. El programa se creó el año pasado y se centra en tres ideas: atención inmediata para salvar vidas, especialistas centrados en la adicción para ayudar a los pacientes a estabilizarse y recuperación asistida por servicios sociales. Actualmente 12 condados cuentan con este programa.
Unos $20 millones se destinarán a ampliar los servicios de tratamiento y recuperación, incluidos los programas de tratamiento residencial, y $8.7 millones a ampliar las viviendas de recuperación.
Los fondos también se usarán para ampliar el tratamiento asistido con medicamentos, con $6 millones para crear un programa móvil para personas con acceso limitado a clínicas permanentes, como desamparados o comunidades rurales, y $2 millones para permitir que las personas sigan el tratamiento en la cárcel.
Unos $4 millones ayudarán también a crear la Oficina de Recuperación de los Opioides, que supervisará cómo se gastan los fondos del acuerdo.
¿Qué es el fondo regional?
El fondo regional tiene la siguiente mayor cantidad de dinero del acuerdo y está destinado a repartir fondos a todos los 67 condados de la Florida.
Los 20 condados con una población de 300,000 habitantes o más —entre ellos Miami-Dade, Broward, Hillsborough, Pasco y Pinellas— reciben dinero directamente de este fondo y los comisionados deciden cómo gastarlo.
Para los condados más pequeños, el dinero irá al Departamento de Niños y Familias (DCF), que lo pagará a las entidades gestoras de la zona. Las entidades gestoras supervisan los sistemas estatales y federales de abuso de sustancias y salud mental en todo la Florida.
En este primer año, el fondo regional recibirá unos $169 millones en total, entre el dinero destinado directamente a cada condado grande y el dinero destinado a través de las entidades gestoras.
Los condados con mayor población no reciben automáticamente más dinero. Por ejemplo, Miami-Dade, el condado más poblado de la Florida, solo recibirá 5.2% del fondo regional.
Los condados y las ciudades elaboraron ellos mismos los parámetros que usarían para determinar el desglose de la liquidación.
¿Qué es el fondo para ciudades y condados?
Los condados recibirán dinero a través del fondo regional, pero un tercer fondo también les dará aún más.
Según el acuerdo de conciliación, el 15% del pago total de la Florida se entregará directamente a las ciudades y condados que se adhirieron al acuerdo. Ese dinero se enviará a los municipios individuales y sus gobiernos decidirán cómo gastarlo.
Las ciudades y los condados pueden optar por mancomunar su dinero con otro condado o ciudad si crean un acuerdo por escrito y se lo presentan al estado.
¿Quién decide cómo gastar el dinero?
El poder legislativo decide cómo desembolsar el fondo estatal. Las ciudades y los condados decidirán cómo gastar el dinero que reciban a través de sus propias comisiones y consejos.
Pero el recién creado Consejo Estatal para la Reducción de los Opioides asesorará a los gobiernos cómo pueden y deben gastar el dinero. El consejo estará formado por 10 personas, presididas por la procuradora general, cada una de las cuales desempeñará un mandato no remunerado de dos años.
No todos los miembros del consejo han sido nombrados. Según la ley estatal, el Concejo debe celebrar su primera reunión antes del 31 de agosto.
Junto con la procuradora general, el consejo incluirá al secretario de DCF; una persona designada por el gobernador; una persona designada por el presidente del Senado; a una persona designada por el presidente de la Cámara; dos alcaldes o comisionados designados por la Liga de Ciudades de la Florida (FLC), incluido uno de un municipio de menos de 50,000 habitantes; dos que sean comisionados o alcaldes de condado designados por Florida Association of Counties, y uno designado en un ciclo alternado entre la liga de ciudades y la asociación de condados.
El Consejo se reunirá trimestralmente y trabajará con el Concejo Asesor sobre Políticas de Drogas (DPAC) de todo el estado para revisar las recomendaciones sobre cómo frenar la crisis de los opioides y revisar los datos en relación con cómo se está gastando el dinero del acuerdo.
Todos los condados y todas las ciudades, entidades gestoras o agencias estatales que reciban dinero del acuerdo deberán decirle al Consejo cómo piensan gastarlo y cómo lo gastan finalmente.
Si el dinero no se gasta según las directrices del acuerdo, o si se hace un uso indebido del mismo, el estado podría demandar a las ciudades o condados, o las ciudades y los condados podrían demandar al estado, ante los tribunales para determinar si el dinero debe recuperarse o devolverse.
¿Cómo debe gastarse el dinero?
El acuerdo de conciliación exige que el dinero solo se use para intentar frenar la crisis de los opioides.
Las opciones de gasto aprobadas reflejan la naturaleza polifacética de la crisis y las diversas comunidades que se han visto afectadas, como las no aseguradas, las personas con bajos ingresos, las personas sin acceso a una vivienda asequible y más.
También refleja los distintos grupos que pueden estar interesados en recibir financiación, como las fuerzas del orden y los técnicos de urgencias médicas, los grupos de salud conductual que luchan contra la escasez de personal y los investigadores médicos.
El gobierno federal da prioridad a un grupo de “estrategias básicas” para el gasto local y estatal, entre las que se incluyen la ampliación del acceso a la naloxona a los no asegurados; la ampliación de los tratamientos de recuperación para mujeres embarazadas y la prestación de servicios que incluyan vivienda, transporte y formación laboral; la ampliación del tratamiento para bebés que sufren afecciones causadas por la exposición a opiáceos en el útero, y el tratamiento de personas encarceladas que sufren adicción.
Para ver la lista detallada de estrategias básicas, lea el segmento del acuerdo aquí.
También pueden optar a financiación otras opciones de tratamiento. El acuerdo divide los usos aprobados en tratamiento, prevención y otras estrategias, como la ampliación de la investigación sobre cómo tratar el dolor crónico.
La lista completa de usos adecuados está aquí.
Esta historia fue publicada originalmente el 25 de julio de 2023, 2:48 p. m..