Adultos transgénero se unen a demanda contra ley de Florida que prohíbe o restringe su atención médica
Citando una “crisis de disponibilidad” de la atención, personas transgénero han pedido a un juez federal que bloquee una nueva ley estatal que dificulta a los adultos transgénero someterse a la terapia de reemplazo hormonal y a operaciones.
La ley, aprobada por la Legislatura controlada por los republicanos esta primavera y defendida por el gobernador Ron DeSantis, exige que los pacientes con disforia de género firmen formularios de consentimiento elaborados por las juntas médicas estatales.
En virtud de la ley, solo los médicos y los médicos osteópatas —no los enfermeros— están autorizados para ordenar la terapia hormonal. La ley también exige que las personas transgénero que deseen recibir atención para la reafirmación de género se sometan a exámenes de salud mental de por vida realizados por psiquiatras o psicólogos autorizados por las juntas médicas estatales.
Las nuevas restricciones han erigido “barreras innecesarias” a la atención e “imponen requisitos sin respaldo médico” a las personas transgénero, argumentaron los demandantes en una versión revisada de una demanda presentada el viernes.
La ley (SB 254) también prohíbe a los médicos ordenar servicios de reafirmación de género para niños, pero permitía a los menores que ya recibían ese tratamiento continuar, bajo ciertas condiciones.
Los padres de niños transgénero presentaron una demanda impugnando las restricciones, y el juez federal de distrito Robert Hinkle bloqueó el mes pasado la prohibición del uso de bloqueadores de la pubertad y hormonas para tratar a niños con disforia de género, calificando la prohibición de “ejercicio de política, no de buena medicina”. El estado está apelando el fallo de Hinkle.
La demanda fue revisada el viernes para añadir a varios adultos como demandantes.
“Uno de los efectos generales de las restricciones médicas para los transgénero ha sido crear una crisis de disponibilidad para la atención relacionada con la transición de género en la Florida, con una demanda de esa atención que supera ampliamente la oferta de médicos autorizados y dispuestos a proporcionarla. Esto ha creado tiempos de espera extremadamente largos para el tratamiento, lo que que deja a los pacientes sin sus medicamentos o el acceso a otras formas de atención durante mucho tiempo, con el riesgo de daños significativos a su salud física y mental”, expresa la demanda revisada.
En una petición de medida cautelar presentada el lunes, los abogados de los demandantes pedían a Hinkle que bloqueara las partes de la ley relativas a los adultos.
La ley “apunta a las personas transgénero y crea restricciones arbitrarias, perjudiciales y médicamente injustificadas que les impiden obtener la atención médica que necesitan”, decía la moción.
La moción también argumentaba que las “restricciones a la capacidad de los adultos transgénero para obtener atención médica, y las que figuran en los formularios de consentimiento informado, ni siquiera son racionales. En lugar de fomentar algún interés en la salud o la seguridad, lo socavan”.
Los demandantes adultos que se unieron a la demanda alegaron que no han podido encontrar tratamiento o les han cancelado operaciones programadas desde hace tiempo, desde que DeSantis promulgó la ley en mayo.
Una declaración presentada por el demandante Lucien Hamel, un hombre transgénero de 27 años que vive en el Condado Indian River, dijo que “se le asignó incorrectamente el sexo femenino al nacer”, comenzó a vestirse como hombre cuando era niño y comenzó a recibir “atención médica relacionada con la transición” hace cuatro años.
Hamel dijo que había estado recibiendo testosterona de una enfermera practicante en una clínica en Melbourne hasta que la nueva ley entró en vigor, pero ahora no puede encontrar un profesional médico autorizado a prescribir testosterona y acepte nuevos pacientes.
“Estar obligado a prescindir de la testosterona ha tenido, y seguirá teniendo, consecuencias devastadoras para mí física, emocional y psicológicamente. Al no poder recibir atención médica, experimento miedo, ansiedad, odio a mí mismo y desesperación”, declaró Hamel.
Hamel, padre de un hijo de 7 años, dijo que no puede permitirse trasladarse a otro estado.
“Por lo tanto, estoy atrapado en un estado que me niega el acceso a la atención médica crítica que necesito para vivir y prosperar”, añadió.
El lunes los demandantes también presentaron declaraciones de médicos especializados en el tratamiento de personas diagnosticadas con disforia de género. Los médicos afirmaron que el enfoque del estado es contrario a las normas médicas ampliamente aceptadas y señalaron, en parte, los formularios de consentimiento aprobados el mes pasado por la Junta Estatal de Medicina y la Junta Estatal de Medicina Osteopática.
Los formularios de consentimiento dicen que “el tratamiento médico de las personas con disforia de género se basa en investigaciones muy limitadas y de baja calidad, en las que solo se han observado mejoras sutiles en el funcionamiento psicológico de algunos pacientes en algunos estudios de investigación, pero no en todos”.
Dan Karasik, profesor emérito de Psiquiatría de la Universidad de California en San Francisco, dijo que los formularios están “plagados de declaraciones falsas y engañosas” y, por tanto, “socavan el consentimiento”.
Daniel Shumer, endocrinólogo pediátrico y profesor que es director médico del Programa de Servicios Integrales de Género en Michigan Medicine, Universidad de Michigan, también criticó los formularios.
“Cuando una agencia reguladora interfiere en el proceso de consentimiento para exigir a los médicos que tergiversen la información, agreguen requisitos sin fundamento médico y establezcan barreras innecesarias a la atención, el proceso se corrompe y se socava la autonomía del paciente. En ninguna parte es esto más evidente que en el propio formulario de consentimiento”, dijo Shumer.
Kenneth Goodman, fundador y director del Instituto de Bioética y Política de Salud de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, afirmó en una declaración que los formularios aprobados por el estado “se apartan de principios bien establecidos de ética médica” y socavan las decisiones de los médicos sobre la mejor forma de atender a sus pacientes.
La “relación médico-paciente tiene una importancia fundamental y, por tanto, debe estar libre de interferencias legislativas o reglamentarias que no tengan una justificación médica”, dijo Goodman. “Estos principios se aplican como una cuestión de ética profesional, independientemente del punto de vista personal de cualquier individuo sobre la identidad de género o sobre si la atención para la transición de género debe ser legalmente accesible”.
El debate sobre el proyecto de ley que restringe los cuidados de reafirmación de género se centró sobre todo en los niños durante la sesión legislativa que terminó en mayo.
“No podemos decir que existe algo que no existe. No podemos cambiar nuestro sexo”, dijo en mayo el representante Ralph Massullo, un republicano de Lecanto que es dermatólogo, antes de que la Cámara diera su aprobación final a la medida. “Y para los niños a los que se dirige este proyecto de ley, no pueden cambiar su sexo, y necesitan aprender ese hecho”.
La Florida está entre varios estados liderados por republicanos que han aprobado medidas para frenar o prohibir la atención de afirmación de género en niños y adultos transgénero. DeSantis, que es candidato a la presidencia, ha hecho del tema una de sus prioridades.
En una demanda separada, Hinkle bloqueó el 22 de junio una prohibición estatal de cobertura del Medicaid para niños y adultos transgénero, diciendo que el esfuerzo era “discriminación odiosa”. El estado también está apelando esa decisión.