Legisladores de Florida propusieron incluir en una lista negra a las empresas con negocios en Irán

Los legisladores de la Florida presentaron el jueves una legislación que disuadiría a las empresas del estado de tratar con Irán, proponiendo una amplia lista negra de empresas que tienen vínculos comerciales en el país a la luz del ataque de Hamas contra Israel el mes pasado.

El gobernador Ron DeSantis alentó en los últimos días a los legisladores estatales a redactar la legislación antes del período especial de sesiones de la próxima semana en Tallahassee, una iniciativa que su campaña presidencial promovió como un ejemplo de su liderazgo.

Pero al menos un experto independiente dijo que el amplio lenguaje del proyecto de ley podría causar más daño que bien a las empresas de la Florida, cuyos bancos y compañías navieras podrían negarse a trabajar con ellos por el mero riesgo de ser estigmatizados por la nueva política de listas negras.

La legislación propuesta le exigiría a la Junta Estatal de Administración (SBA) crear una nueva lista, llamada Lista de empresas examinadas con actividades en los sectores terroristas de Irán, antes de enero, para identificar a las empresas de la Florida que cumplan los nuevos criterios ampliados del estado en materia de relaciones comerciales con Irán. Prohibiría a las entidades públicas de la Florida celebrar contratos por valor de $1 millón o más con empresas incluidas en la lista negra e impediría que los fondos de pensiones estatales se invirtieran en empresas vinculadas con Irán.

Los cambios propuestos abrirían un antiguo estatuto de la Florida que también se ocupa de las empresas incluidas en la lista negra de Sudán.

Eso podría llevar a instituciones como bancos y navieras a rechazar tratos con empresas como agencias de viajes, librerías, farmacéuticas y mayoristas de alimentos que a su vez trabajan con empresas de Irán o Sudán, “aunque esas actividades estén claramente permitidas por la legislación estadounidense”, dijo Patrick Clawson, director del Programa Viterbi sobre Irán y la Política de Estados Unidos en el Instituto Washington de Política sobre Oriente Próximo (WINEP).

“Un instrumento potente para convencer a las empresas de que se abstengan de hacer negocios con una entidad determinada es elevar el riesgo de daños a la reputación”, dijo Clawson. Pero “el efecto de tal legislación podría ser impedir las actividades educativas y religiosas con Irán y Sudán, así como el comercio de alimentos y medicinas, aunque la ley no se dirija a tales actividades”.

Aún no está claro cuántas empresas de la Florida se verían afectadas por la medida propuesta. Todavía se está calculando el alcance de la propuesta, dijo el representante estatal republicano John Snyder, patrocinador del proyecto de ley de la Cámara de Representantes.

Pero el objetivo sería impedir que los fondos estatales se invirtieran en empresas que directa o indirectamente hacen negocios con “todos los sectores de la economía iraní”, dijo Snyder.

“Si una empresa privada quiere hacer negocios con el gobierno de Irán, siempre y cuando no estén violando el estatuto federal, no podemos decirles que no pueden hacerlo”, dijo Snyder. “Pero lo que sí podemos decirles es que no pueden contratar con el estado de la Florida ni formar parte de nuestra cartera de inversiones”.

Las sanciones propuestas surgieron a raíz del ataque de Hamas del mes pasado, en el que murieron más de 1,400 hombres, mujeres y niños israelíes. Israel ha tomado represalias con una amplia campaña aérea y una invasión terrestre de la Franja de Gaza que se ha cobrado la vida de miles de palestinos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Hamas.

Estados Unidos y la Unión Europea designaron a Hamas como organización terrorista.

Irán es un antiguo benefactor de Hamas, al que proporciona apoyo militar, pero el papel de Irán en el atentado del 7 de octubre no está claro. Funcionarios de Teherán negaron su implicación en el atentado, pero elogiaron a Hamas. El secretario de Estado Antony Blinken dijo que Estados Unidos no ha encontrado hasta ahora pruebas de que Irán estuviera directamente implicado, pero calificó a Teherán de “cómplice” en el atentado debido a su continuo apoyo al grupo.

A pesar de las dudas de los servicios de inteligencia estadounidenses, DeSantis se ha centrado en Irán como forma de mostrarle su apoyo a Israel. Dijo que Irán es un “centro de intercambio de fondos para la financiación del terrorismo en la región” y se comprometió a firmar las “sanciones más fuertes contra Irán por parte de cualquier estado de la nación”.

El gobernador no reveló nada concreto sobre su plan de sanciones y aún se desconoce el grado de implicación de su oficina en la redacción de las medidas propuestas.

El senador Bryan Avila, un republicano de Miami Springs que patrocina el proyecto de ley del Senado, dijo que la medida “envía un fuerte mensaje de que el estado de la Florida no hará negocios con países que financian el terrorismo”.

Para entrar en la lista estatal de “empresas con actividades en Irán”, la empresa tendría que tener más del 10% de sus ingresos o activos totales vinculados a Irán o tener una inversión de $20 millones o más en actividades relacionadas con el petróleo o la extracción de minerales en el país de Oriente Medio.

Las empresas de alfombras y ropa que exportan sus productos desde Irán, los comerciantes de joyas y metales preciosos, las entidades financieras con sede en Irán y las empresas navieras que enarbolan la bandera de Irán o que son operadas indirectamente por el gobierno de Irán se verían afectadas por los nuevos requisitos, según el texto del proyecto de ley.

“La publicación de listas de entidades que apoyan el terrorismo es, sin duda, una forma de presionar a las empresas de la Florida para que no traten con esas entidades”, dijo Clawson, señalando que el planteamiento podría inducir a las empresas a pecar de precavidas por temor a que su reputación se vea empañada por asociación.

Aunque la legislación propuesta le impediría a una entidad pública hacer un contrato con una empresa sometida a escrutinio, el análisis del personal del proyecto de ley dice que “una agencia o una entidad gubernamental local puede permitir que una empresa incluida en la Lista de Terrorismo de Irán licite en un contrato si los bienes o servicios no pueden obtenerse en otra parte”.

La propuesta también podría plantear cuestiones constitucionales, porque los estados no son el encargado de las cuestiones de asuntos exteriores, sino el gobierno federal, según el análisis del personal.

“Como tal, las leyes estatales relativas a asuntos exteriores pueden ser inconstitucionales, incluso si no se oponen a un tratado o estatuto federal, si la política del estado perturba potencialmente las relaciones exteriores”, afirma el análisis.