Tribunal: Ley para frenar el progresismo en Florida comete ‘el mayor pecado de la Primera Enmienda’

Un tribunal federal de apelaciones rechazó el lunes las restricciones que el gobernador Ron DeSantis y los legisladores republicanos impusieron para abordar los asuntos relacionados con la raza en la capacitación en el lugar de trabajo, parte de una controvertida ley de 2022 que DeSantis bautizó como “Ley Para Frenar el Progresismo” o Stop WOKE Act en inglés.

Un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del 11º Circuito dijo que las restricciones violaban los derechos de la Primera Enmienda.

“Esta no es la primera era en la que los estadounidenses han tenido puntos de vista muy divergentes sobre importantes áreas de la moral, la ética, el derecho y la política pública”, dijo la opinión de 22 páginas. “Y no es la primera vez que estos desacuerdos han parecido tan importantes, y su ventilación tan peligrosa, que había que hacer algo. Pero ahora, como antes, la Primera Enmienda impide que el gobierno ponga el pulgar en la balanza”.

El panel confirmó una orden preliminar emitida en 2022 por el juez presidente del Distrito de Estados Unidos Mark Walker contra las restricciones. La ley fue impugnada por Primo Tampa, LLC, una franquicia de helados Ben & Jerry’s; Honeyfund.com, Inc., una empresa tecnológica con sede en Clearwater que ofrece registros de bodas, y Chevara Orrin y su empresa, Collective Concepts, LLC. Orrin y su empresa ofrecen asesoramiento y capacitación a empleadores sobre asuntos como diversidad, equidad e inclusión.

Walker también emitió por separado una orden judicial preliminar contra una parte de la ley que restringiría la forma en que los conceptos relacionados con la raza pueden ser enseñados en las universidades. El estado ha recurrido esa decisión, y los alegatos están previstos para junio.

La parte de la ley relativa a la capacitación en el lugar de trabajo enumeraba ocho conceptos relacionados con la raza y establecía que un programa de capacitación obligatorio u otra actividad que “propugne, promueva, fomente, inculque u obligue [a un empleado] a creer cualquiera de los siguientes conceptos constituye discriminación por motivos de raza, color, sexo u origen nacional”.

Como ejemplo de los conceptos, la ley apuntaba a obligar a los empleados a creer que un “individuo, en virtud de su raza, color, sexo u origen nacional, tiene una responsabilidad personal y debe sentir culpa, angustia u otras formas de aflicción psicológica por acciones, en las que el individuo no participó, cometidas en el pasado por otros miembros de la misma raza, color, sexo u origen nacional”.

En documentos judiciales, el estado negó que la ley violara los derechos de expresión, afirmando que regulaba “conductas”. Afirmó que las empresas podían abordar los conceptos en cuestión en la capacitación en el lugar de trabajo, pero no podían obligar a los empleados a participar.

Pero el tribunal de apelaciones rechazó de plano estos argumentos el lunes. Describió a la ley como el “más reciente intento de controlar la expresión calificándola de conducta”. La Florida quizá tenga toda la razón sobre la naturaleza de las ideas que persigue. O quizá no. En cualquier caso, los méritos de estas opiniones se decidirán en el estridente mercado de las ideas y no en un libro de códigos o en un tribunal”.

“Al limitar sus restricciones a una lista de ideas consideradas ofensivas, la ley ataca la expresión en función de su contenido”, afirma el dictamen, redactado por el juez Britt Grant y al cual se unieron los jueces Charles Wilson y Andrew Brasher. “Y al prohibir solo el discurso que respalda cualquiera de esas ideas, penaliza determinados puntos de vista, el mayor pecado de la Primera Enmienda”.

La opinión también dijo que la ley “prohíbe las reuniones obligatorias de los empleados, pero solo cuando esas reuniones incluyen el discurso que respalda ciertas ideas”.

“Si la Florida tiene razón en que las ideas a las que apunta son odiosas es irrelevante: el gobierno no puede favorecer algunos puntos de vista sobre otros sin invitar al escrutinio de la Primera Enmienda”, escribió Grant, quien fue nombrado para el tribunal de apelaciones con sede en Atlanta por el ex presidente Donald Trump. Brasher también fue nombrado por Trump, mientras que Wilson fue nombrado por el ex presidente Bill Clinton.

Los demandantes y una de sus abogados, Shalini Goel Agarwal, emitieron declaraciones el lunes elogiando la opinión.

“El gobierno obviamente no tiene derecho a patrullar mi lugar de trabajo por palabras que no les gustan a algunos políticos”, dijo Antonio McBroom, presidente ejecutivo de Primo Tampa, en un comunicado. “Y el gobierno obviamente no tiene derecho a sustituir sus preferencias por las de los invitados y miembros del equipo de cualquier negocio”.