Florida

Aclararán ley ‘No digas gay’ tras acuerdo de la Florida en demanda. ¿De qué permitirán hablar?

El gobernador de la Florida, Ron Desantis, habla en una reunión pública en Nueva Hampshire cuando aún contendía en las primarias presidenciales republicanas.
El gobernador de la Florida, Ron Desantis, habla en una reunión pública en Nueva Hampshire cuando aún contendía en las primarias presidenciales republicanas. Jasper Colt / USA TODAY NETWORK

Adelante, di gay.

Ese es el mensaje que los demandantes se llevan de un acuerdo anunciado el lunes en su demanda de dos años que impugna la constitucionalidad de la ley de Derechos de los Padres en la Educación de la Florida.

Han sostenido que la medida, que burlonamente etiquetaron como “No digas gay”, tenía como objetivo borrar la conversación sobre la comunidad LGBTQ+ de las escuelas. Firmada por el gobernador Ron DeSantis en marzo de 2022, prohibía la enseñanza en las aulas sobre la identidad de género y la orientación sexual desde preescolar hasta tercer grado, donde no formaba parte del plan de estudios, y restringía dichas lecciones para los grados superiores.

Un año después, el estado amplió la prohibición a las secundarias.

DeSantis y otros que apoyaron la legislación insistieron repetidamente en que no tenían intención de poner fin a los debates sobre asuntos LGBTQ+ en las escuelas. Su objetivo, dijeron, era eliminar lo que denominaron ideología de género.

Sin embargo, no dieron definiciones claras ni ofrecieron directrices detalladas que explicaran qué está permitido y qué no en las aulas. Los críticos afirmaron que el resultado fue un efecto amedrentador que llevó a los maestros a dejar de hablar de las familias de los niños, a retirar de sus estanterías libros relacionados con personajes y temas LGBTQ+ y a retirar el apoyo a los alumnos LGBTQ+.

Como parte de su defensa, los abogados del estado se opusieron a las acusaciones de falta de claridad de la ley. El acuerdo de conciliación, anunciado por los abogados de los demandantes, recoge esos argumentos y los hace realidad.

“Debería poner fin a las reacciones exageradas” en las escuelas, dijo Roberta Kaplan, abogada principal de los demandantes, entre los que estaban los grupos activistas Equality Florida y Family Equality, y varios individuos. “Creemos que es un gran paso adelante”.

La Oficina del Gobernador también consideró el acuerdo de conciliación como una victoria contra “activistas y extremistas” que intentaron “desprestigiar y frenar” la ley.

En un comunicado de prensa, la oficina dijo que los esfuerzos por tergiversar los objetivos y el significado de la ley habían fracasado. El acuerdo de conciliación significa que la ley permanecerá intacta.

“Luchamos duro para garantizar que esta ley no pudiera ser difamada en los tribunales, como lo fue en el ámbito público por los medios y los grandes actores corporativos”, dijo el asesor jurídico Ryan Newman en el comunicado. “Hemos salido victoriosos, y las aulas de la Florida seguirán siendo un lugar seguro bajo la Ley de Derechos de los Padres en la Educación”.

Como parte del acuerdo, el Departamento de Educación de la Florida enviará un memorando a todos los distritos escolares explicando que la ley no es tan restrictiva como la han interpretado algunas escuelas. Entre las aclaraciones, señalará:

  • La ley no prohíbe las referencias en el aula a las personas, familias o asuntos LGBTQ+, incluso en la literatura, las discusiones con los estudiantes y el trabajo académico, tales como ensayos de los estudiantes.
  • La ley exige neutralidad y prohíbe la instrucción en clase sobre orientación sexual e identidad de género de todo tipo, ya sea heterosexualidad, homosexualidad u otras. Sería inadmisible decir que una es superior a otra.
  • Como se refiere a la instrucción, la ley no aplica a los libros de las bibliotecas que no se usen en las clases. El estado expuso este argumento en su defensa contra otras demandas que impugnaban la retirada de libros de las bibliotecas.

El acuerdo de conciliación también señala que la ley no impide que los maestros impartan lecciones sobre cómo detener el acoso basado en el género o la orientación sexual, y no requiere la eliminación de las pegatinas de espacio seguro generalmente asociados con la protección de los estudiantes LGBTQ+, como algunos distritos han hecho.

No prohíbe a las escuelas permitir clubes de estudiantes como la Gay-Straight Alliance, ofrecer ferias del libro que incluyan libros con personajes LGBTQ+, permitir actuaciones de estudiantes con referencias LGBTQ+, o permitir a los estudiantes llevar ropa que no se ajuste a la identidad de género percibida.

Por último, el acuerdo de conciliación aclara que la ley no aplica al personal no escolar, como padres, familiares y oradores invitados que no visitan la escuela con el propósito de hablar sobre orientación sexual o identidad de género. Tampoco aplica a otras leyes que abordan temas relacionados, como la participación de estudiantes transgénero en los equipos deportivos femeninos de las secundarias.

El acuerdo llega después de que dos tribunales hubieran dictaminado que los demandantes carecían de legitimación para presentar su demanda. Los demandantes recurrieron las sentencias.

Si hubieran continuado con el litigio, podrían haber tardado otros dos años o más en llegar a una resolución.

Las demandantes Amy Morrison y Cecile Houry, una pareja del Condado Miami-Dade, dijeron que estaban contentas de tener algo entre manos que puede tener un impacto inmediato en las escuelas de sus hijos.

“Va a marcar una gran diferencia porque la ley era tan vaga que la gente se mantenía alejada de todo”, dijo Houry. “Aquí se define realmente lo que no está permitido, y todo lo demás que está permitido. Va a cambiar la experiencia de los estudiantes”.

Habló de su hija de siete años como rebosante de vitalidad y abierta con todos. Incluso con sus dos madres.

“Mi hija está en una edad que no para de hablar de todo”, dijo. “Me siento mejor al no tener que preocuparme por todo lo que sale de su boca”.

Morrison dijo que esperaba que el público en general no se lleve la impresión equivocada de que los demandantes conciliaron con el Estado.

“Este acuerdo de conciliación no es una conciliación”, dijo.

Reconoció que es posible que algunas personas no cambien su comportamiento como resultado de las palabras sobre el papel. Es probable que las actitudes expuestas por el proyecto de ley y su aplicación permanezcan.

“Habrá restos en los que no importe lo que diga la ley o lo que diga el acuerdo de conciliación”, dijo Morrison. “Pero la ley importa. Y ahora tenemos la ley”.

Esta historia fue publicada originalmente el 12 de marzo de 2024, 11:35 a. m..

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