Cómo Florida busca proteger a los consumidores de los centros de datos. Vea los detalles

El viernes, los legisladores de Florida tomaron una postura firme para proteger a los consumidores de los perjuicios causados ​​por la industria de los centros de datos, aprobando un proyecto de ley diseñado para garantizar que los residentes no paguen más por la electricidad ni enfrenten escasez de agua a causa de estas instalaciones.

Sin embargo, el proyecto de ley resultó ser menos riguroso de lo que muchos legisladores del Senado de Florida deseaban.

A principios de esta semana, la Cámara de Representantes de Florida eliminó la prohibición que impedía a los gobiernos locales firmar acuerdos de confidencialidad con las empresas de centros de datos. Al aprobar el Senado estos cambios el viernes —último día de la sesión legislativa ordinaria—, muchos expresaron su decepción ante la posibilidad de que la ciudadanía quede a oscuras respecto a estos proyectos.

Los centros de datos son instalaciones de alto consumo de recursos que albergan miles de computadoras destinadas a la inteligencia artificial y otros programas. Las instalaciones a gran escala pueden extenderse a lo largo de cientos de acres.

“Creo que tenemos una labor importante por delante para el próximo año, senadores”, afirmó la senadora Gayle Harrell, republicana por Stuart, quien tiene un centro de datos propuesto en su distrito. “Debemos vigilar esto con suma atención y mantenernos muy preocupados al respecto”.

“Esta no es una votación fácil”, señaló el senador Carlos Guillermo Smith, demócrata por Orlando. “Mi temor es que, si no logramos aprobar ningún proyecto de ley, no exista absolutamente ninguna regulación para los centros de datos y todo se convierta en el ‘lejano oeste’”.

El Proyecto de Ley del Senado 484 prohíbe a los distritos locales de gestión del agua otorgar permisos a los centros de datos “si el uso propuesto del agua resulta perjudicial para los recursos hídricos de la zona”. En lo que respecta a los costos de electricidad, la legislación exige que cualquier centro de datos “asuma la totalidad de su propio costo de servicio y que dicho costo no se traslade” a la ciudadanía.

Walt Trierweiler, el asesor público que representa los intereses de los consumidores en los casos relacionados con servicios públicos, afirmó que el proyecto de ley proporciona a los organismos reguladores “una herramienta poderosa” para asegurar que los floridanos no vean aumentar sus facturas de electricidad debido a la voraz demanda de energía de los centros de datos.

“Existen numerosos ejemplos aleccionadores de otros estados que adoptaron una actitud de ‘esperar y ver’ ante la proliferación de centros de datos, y cuyos clientes terminaron pagando un precio muy alto en forma de facturas de electricidad más elevadas”, escribió Trierweiler en un correo electrónico. “Si este proyecto se convierte finalmente en ley, la Oficina del Asesor Público participará activamente en el proceso para promover la implementación efectiva de estas amplias medidas de protección al consumidor”. El proyecto de ley se dirige ahora al despacho del gobernador Ron DeSantis, quien había instado a los legisladores a regular los centros de datos y se ha convertido en una destacada voz republicana escéptica respecto a esta industria. Este tono supuso un giro en un estado conocido desde hace mucho tiempo como un refugio para las grandes empresas, y en ocasiones ha puesto a DeSantis en desacuerdo con el presidente Donald Trump.

Cuando se le preguntó a principios de esta semana si DeSantis firmaría el proyecto de ley, Molly Best, portavoz del gobernador, se limitó a decir que lo revisaría “en su forma final”.

El senador Bryan Avila, republicano de Hialeah y promotor del proyecto de ley, declaró que retomaría la cuestión de los acuerdos de confidencialidad durante la próxima sesión legislativa.

Existen “posibles interrogantes constitucionales” en torno a estos acuerdos —añadió—, así como respecto a su conformidad con las leyes de Florida que garantizan a la ciudadanía el derecho de acceso a los registros públicos.