La Corte Suprema escuchará argumentos sobre el TPS para Haití y Siria; el futuro de 355,000 personas está en juego

La Corte Suprema de los Estados Unidos anunció el lunes que celebrará audiencias orales el próximo mes sobre las solicitudes de la administración Trump para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití y Siria.

En una orden de una sola página, el alto tribunal indicó que asignaría una hora en abril para escuchar los argumentos sobre si unas 356,000 personas de ambos países deberían conservar sus protecciones contra la deportación bajo el TPS. Asimismo, solicitó a ambas partes que presenten sus escritos legales en las próximas semanas.

Hasta el momento, la Corte Suprema ha dado luz verde a una solicitud de emergencia que permite a la administración Trump poner fin al TPS para Venezuela, dejando a más de medio millón de personas de ese país sudamericano en la incertidumbre y sin las protecciones contra la deportación.

Sin embargo, la orden del lunes pospuso la toma de una decisión respecto a la solicitud de la administración Trump para poner fin al TPS para Haití y Siria. Además, sienta las bases para una decisión trascendental que definirá el futuro de cientos de miles de inmigrantes de diversos países que residen en los Estados Unidos bajo dichas protecciones.

Por el momento, más de 350,000 haitianos y sirios —muchos de los cuales llegaron aquí huyendo de la violencia extrema y los conflictos en sus países de origen— están protegidos contra la deportación bajo el TPS mientras continúa el litigio.

Este acontecimiento se produce apenas unos días después de que la administración Trump solicitara al tribunal supremo del país poner fin de inmediato a las protecciones para Haití. El Procurador General, John Sauer, argumentó que los tribunales inferiores se habían excedido en sus funciones y habían vulnerado la autoridad del poder ejecutivo.

La administración había presentado una solicitud similar para poner fin a las protecciones para los ciudadanos sirios hace unas dos semanas, cuando otro juez ratificó el TPS para dicha nación de Oriente Medio. Asimismo, solicitó a la Corte Suprema que declarara que los tribunales carecen de jurisdicción para impugnar la terminación de las protecciones para los sirios, lo cual implicaría que tampoco tienen autoridad para dictaminar sobre las terminaciones relativas a cualquier otro grupo. En ambos casos, el gobierno federal argumentó que no redundaba en el interés nacional mantener vigentes las designaciones del TPS.

En enero, la jueza de distrito de EEUU Ana C. Reyes, en Washington D.C., dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional había puesto fin ilegalmente al TPS para Haití y que dicha decisión había sido motivada por animosidad racial y nacional. También afirmó que sería devastador para los beneficiarios haitianos del TPS perder dichas protecciones.

En febrero, un tribunal de apelaciones ratificó la decisión de Reyes por un margen de 2 a 1. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Manhattan, confirmó por separado las protecciones otorgadas a Siria mediante una orden de un tribunal de distrito, las cuales se mantendrán vigentes mientras prosiga el litigio. Tanto en el caso de Siria como en el de Haití, los beneficiarios de ambos países impugnaron la decisión de la administración Trump.

“Si bien nos alivia saber que nuestros demandantes —y miles de sirios más— conservarán su estatus de TPS por el momento, resulta decepcionante que la Corte Suprema haya adoptado la medida extraordinaria de asumir nuestro caso antes de que los tribunales inferiores se hubieran pronunciado al respecto”, declaró en un comunicado Lupe Aguirre, subdirectora de Litigios en EEUU del International Refugee Assistance Project (Proyecto de Asistencia a Refugiados Internacionales).

Su organización es una de las entidades que representan a los titulares del TPS sirio que han impugnado la decisión de la administración Trump de poner fin al programa. La organización señaló que la orden emitida el miércoles permitía «al gobierno eludir el curso habitual de presentación de escritos y argumentos en la instancia de apelación».

Actualmente, hay más de 350,000 haitianos y cerca de 6,100 sirios amparados por el TPS. El Departamento de Estado ha advertido a los ciudadanos estadounidenses que se abstengan de viajar a cualquiera de ambos países debido al riesgo de secuestro, delincuencia y muerte.

Diversas bandas criminales controlan amplias zonas de Haití, incluida su capital, Puerto Príncipe. Millones de haitianos viven en la pobreza extrema. Según datos de las Naciones Unidas, se prevé que para finales de 2025 más de 1,4 millones de personas se habrán visto obligadas a huir de sus hogares. Por su parte, la violencia sectaria, los grupos terroristas y una guerra civil han asolado Siria, cuyo dictador, Bashar al-Assad, huyó del país en 2024 tras más de dos décadas de régimen represivo.

El Congreso creó el TPS en 1990 con el fin de establecer un mecanismo de protección contra la deportación para aquellas personas que no pueden regresar de manera segura a sus países de origen debido a condiciones peligrosas. Para poder acogerse a este programa, los solicitantes deben encontrarse en los Estados Unidos antes de una fecha límite determinada, además de superar los controles de antecedentes y cumplir con los requisitos de la solicitud. El gobierno federal también tiene la oportunidad de revisar periódicamente las condiciones en los países con TPS para determinar si deben mantener o cancelar dicho estatus.

Durante su estancia en la Casa Blanca, el expresidente Joe Biden amplió significativamente las designaciones del Estatus de Protección Temporal. Su administración creó, renovó o amplió las protecciones para varios países, incluidos Venezuela, Haití y Ucrania.

Sin embargo, el presidente Donald Trump ha optado por poner fin a las protecciones para varios países; altos funcionarios de su administración argumentan que dichas protecciones siempre tuvieron la intención de ser temporales, que algunas condiciones habían mejorado en cierta medida en países como Venezuela y Haití, y que las designaciones de TPS van en contra de los intereses estadounidenses. Asimismo, durante su primer mandato, tomó medidas para cancelar el TPS para Haití y otras naciones.

La redactora del Miami Herald, Jacqueline Charles, contribuyó a este reportaje.

Esta historia fue publicada originalmente el 17 de marzo de 2026, 3:14 p. m..